El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado que “factores de sostenibilidad determinan que Castilla y León es la comunidad autónoma más avanzada en la lucha contra el cambio climático”. Según Suárez-Quiñones, Castilla y León va a utilizar esta “posición de liderazgo” y va a “trabajar de forma intensa” en nuevas medidas en la misma línea.
Sin embargo, este argumento choca con el resultado del estudio 'Emergencia Climática en España', elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad, publicado en noviembre. Este informe reflejaba que Castilla y León se situaba junto a Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia y Asturias entre las comunidades autónomas españolas que más gases de efecto invernadero emitieron a la atmósfera desde 1990 hasta 2018.
El consejero ha reconocido que la Cumbre del Clima no ha alcanzado las expectativas esperadas y solo ha supuesto “un acuerdo de mínimos”. Sin embargo, Suárez-Quiñones, ha reseñado que “Castilla y León es un sumidero de CO2”, porque cuenta con 4,8 millones de hectáreas de superficie forestal junto a producciones agrícolas y pastos que “intervienen” en la lucha contra la contaminación.
Los datos de las organizaciones ecologistas contradicen el argumento del consejero. En emisiones per cápita las comunidades que más emiten son Asturias, Castilla y León y Aragón, un dato que coincide con el de aquellas comunidades con más macrogranjas del país. En Castilla y León existen 631 explotaciones de este tipo (540 porcinas y 91 avícolas) y 81 están en trámite.
Según Greenpeace, la ganadería es responsable del 14,5% de la emisión de gases de efecto invernadero. En España, el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca emite el 59,5% del metano y el 76,1% de óxido nitroso, dos gases de efecto invernadero mucho más potentes que el CO2.