Los tendidos eléctricos son la principal causa de muerte no natural de muchas aves, que se posan en cables mal aislados o tocan el apoyo y un conductor sin aislar, electrocutándose. Un salto eléctrico durante un día de niebla, lluvia o nieve también puede provocar una electrocución. Incluso si el ave está defecando en el sitio menos oportuno: algunas heces son muy líquidas y con un alto contenido salino, por lo que son conductoras de la electricidad y las aves se pueden electrocutar. En los últimos cinco años, los centros de recuperación de animales de Castilla y León han notificado más de mil ingresos de todo tipo de aves, muchas de ellas 'vulnerables' o incluso en peligro de extinción.
“Detectamos una mínima parte”, asegura a elDiario.es Alejandro Muñoz, agente medioambiental e integrante de la Red de seguimiento de la mortandad de la avifauna en tendidos eléctricos de la Fiscalía de Medio Ambiente. “La gran mayoría desaparecen depredados por otro animal”, explica. SEO/Birdlife calcula que solo se detecta el 10 o el 15% de todas las aves que mueren por los tendidos eléctricos.
En los últimos cinco años, 1.349 aves han muerto electrocutadas, según los datos proporcionados por la Junta de Castilla y León, un tercio de las cuales eran busardo ratonero, que es una especie protegida. Hay otras especies protegidas -como el buitre leonado, la cigüeña blanca, el cernícalo vulgar o el búho real-, pero destacan sobre todo las especies que se ven perjudicadas por los tendidos eléctricos y que están en peligro de extinción o en una situación vulnerable. Es el caso del milano real o del águila imperial, que están en peligro de extinción: en los últimos cinco años se han localizado 103 milanos reales y 43 águilas imperiales electrocutadas.
Los avisos que reciben los agentes medioambientales o el Seprona son de aves protegidas que han muerto electrocutadas; no de urracas, tordos, palomas, ruiseñores u otras aves cinegéticas. Sin embargo, esta problemática afecta a casi toda la avifauna en todo tipo de tendidos. La Red Avifauna organizada por la Fiscalía pretende detectar los incumplimientos en las distancias de seguridad entre conductor y tierra, pero también pueden deteriorarse las vainas aislantes o las bridas se sueltan y queda el material conductor al aire. “Es una labor que nunca acaba”, remarca Muñoz, que acumula más de 30 años de experiencia.
“Esto debe ser una absoluta prioridad corregirlo porque durante muchos años ha sido una amenaza no atendida por la Administración pública”, critica el responsable del programa legal de SEO/Birdlife, David de la Bodega, que valora positivamente que el Ministerio se haya “comprometido” para intentar frenar las muertes por electrocución.
“Puede provocar la extinción local de una especie”
No es solo que muera un ejemplar, si no que los tendidos eléctricos pueden afectar a toda una población. “La mortalidad puede ser tan elevada que puede provocar la extinción local de una especie”, advierte Carlos Palacín, que pertenece al Grupo de Ecología y Conservación de Aves del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y lleva investigando las avutardas veinte años.
Palacín destaca la importancia de que no se construyan líneas eléctricas en las zonas de distribución de las especies amenazadas o en sus corredores migratorios. “Para evitar las colisiones es necesario el enterramiento de las líneas eléctricas en las áreas de campeo y señalizar de una manera efectiva las líneas ya existentes”, agrega este investigador, que reconoce que la señalización de los tendidos disminuye la mortalidad, aunque no la elimine.
La avutarda, y otras especies son “especialmente vulnerables” a los tendidos porque realizan vuelos en condiciones de escasa visibilidad como al amanecer, al anochecer o con niebla. Además, cuentan con poca capacidad de reacción para evitar estos obstáculos cuando vuelan. “La muerte por colisión perjudica a un gran número de especies, pero entre las más afectadas se encuentran especies de gran o mediano tamaño como avutardas, sisones o grullas”, destaca Palacín.
Además de la extinción local de las especies, los tendidos eléctricos pueden producir también un cambio en el patrón migratorio y una “progresiva reducción de la distancia de migración” y un número creciente de los ejemplares sedentarios, concluye Palacín en su estudio Changes in bird-migration patterns associated with human-induced mortality, en el que explica que todavía no se conocen del todo los efectos demográficos de estas alteraciones provocadas por la actividad humana, una cuestión que debería investigarse en mayor profundidad.
Los agentes medioambientales son los responsables de detectar deficiencias en los tendidos eléctricos. Cuando se localiza un cadáver, el agente medioambiental lo recoge, levanta acta y se depositan las pruebas levantadas. La Junta de Castilla y León debe hacer un requerimiento y, si no se corrige, va al Juzgado directamente. “Gracias a CSIF se ha empezado a impartir esta formación a los agentes medioambientales”, explica Muñoz, que atiende a este diario remitido por una asociación ecologista.
Muñoz recuerda un caso en el que en el mismo poste se encontró hasta seis buitres muertos en pocos días “y a los tres meses, más animales”, por lo que las deficiencias no se habían corregido. Estos defectos no solo provocan la muerte de las aves, si no que también pueden hasta provocar incendios. “En un incendio sigues los vestigios poco a poco en busca del origen y muchas veces llegas al animal electrocutado que ha provocado el incendio”, apunta.
Cuando alguien se encuentre con un ave electrocutada o colisionada, no debe tocarla, si no llamar al 112 para que esta se ponga en contacto con los agentes medioambientales o el Seprona.
Toda la Comunidad, zona de protección
Castilla y León declaró el año pasado a toda la Comunidad como zona de protección. Esto significa que en todo Castilla y León -y no solo en algunas zonas- deben reforzarse las medidas de prevención para evitar las electrocuciones. Las zonas de protección son, según el Real Decreto de 2008, las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) -que son espacios protegidos-, las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de las especies amenazadas y las zonas incluidas en los planes de recuperación conservación de aves amenazadas.
“Es una posición muy valiente”, afirma De la Bodega. Varias compañías eléctricas han recurrido esta decisión de la Junta de Castilla y León, con varios recursos abiertos.
Castilla y León amplió estas zonas de protección “debido a la gran movilidad y baja predictibilidad espacial” de las aves, a la gran superficie que ocupan las especies amenazadas y la “excepcional importancia” del territorio castellano y leonés para su invernada, “con dormideros repartidos ampliamente por toda su superficie”.
Los mapas de electrocuciones en Castilla y León realizados a partir de las entradas en los centros de recuperación de animales silvestres (CRAS) “confirman la amplia distribución” de las electrocuciones de estas especies amenazadas. Por este motivo, los apoyos eléctricos deben estar “perfectamente aislados, tanto en las áreas de cría, como en las de invernada y las de paso, que comprenden la totalidad de la superficie de la Comunidad”.
Al impacto de los tendidos eléctricos hay que sumar el de la energía eólica y fotovoltaica, que tienen líneas eléctricas asociadas. Hace unos meses, una veintena de científicos alertaban en la revista Science de nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos que afectarán a cientos de miles de hectáreas, ante lo que “no hay manera de compensar la enorme cantidad de hábitats valiosos que podrían perderse”. En la carta, pedían al Gobierno español que adoptara un enfoque más “prudente” para evitar que se cumplan los objetivos energéticos a expensas de la biodiversidad. Este grupo de científicos daba la bienvenida a las energías renovables, pero instaba al Gobierno de España a corregir las deficiencias del sector y a planificar estas instalaciones de forma “rigurosa”, basándose en el conocimiento más actualizado posible. “Se ha de tener especial cuidado en que estas instalaciones no se construyan en las zonas de distribución de estas especies amenazadas, ni en sus corredores migratorios”, plantea Palacín.
Alejandro Muñoz se muestra convencido de que, de formar a los más de 800 agentes medioambientales de Castilla y León habría “muchos atestados” contra las grandes compañías eléctricas como Unión Fenosa o Iberdrola.