Los trabajadores de Castilla y León Televisión han anunciado que se concentraran en las Cortes este miércoles para “trasladar a los diferentes partidos políticos” y “en especial” al gobierno autonómico, “con su presidente al frente, Alfonso Fernández Mañueco”, su situación laboral.
En un comunicado, han señalado que “el modelo de televisión establecida por este gobierno”, en manos privadas pero con una subvención anual de 21,3 millones de euros para 2024, les lleva a tener que negociar “prácticamente” todos los años el convenio colectivo. “A esto se suma que en el año actual, se ha congelado dicha subvención, haciendo complicada dicha negociación”, han apuntado.
Según han indicado, el convenio afecta a “más de quinientas personas”, y que “tras ocho reuniones” no se han producido avances que pudieran alcanzar un acuerdo ante “las cicateras propuestas empresariales”. En el comunicado han afirmado que los salarios y condiciones laborales de los trabajadores de CyLTV son de “lo más precarios del sector en todo España, rondando el salario mínimo interprofesional en las categorías más bajas y superando lo por poco en las más alta”s.
La misiva concluye reafirmando su intención de dar a conocer a los diferentes grupos políticos que “las consecuencias de las decisiones que toman perjudican seriamente a los profesionales de Castilla y León Televisión”.
Esta nueva protesta se suma a la de mayo de este año de los trabajadores de La 8 (informativos y programas locales) de Radio Televisión Castilla y León. En esta ocasión lamentaban la negativa de la empresa a cualquier punto de mejora planteada en las negociaciones del nuevo convenio que se están llevando a cabo en los últimos meses. Fuentes del comité han asegurado que la empresa se niega, entre otras cosas, a aplicar la subida salarial que corresponde a los dos últimos años, por lo que el comité estudiará y presentará medidas en las próximas semanas si persiste la negativa.
Televisión Castilla y León está formada por dos empresas, Promecal, que pertenece al empresario burgalés Antonio Miguez Méndez Pozo, y Edigrup Media, fundada por el empresario leonés José Luis Ulibarri, condenado en la trama Gürtel y que ahora está en manos de sus hijos. Es esta última la que se niega mejorar las condiciones de sus trabajadores. El consorcio formado por Promecal y Edigrup recibe una ayuda directa de la Junta de Castilla y León que ronda los 21 millones de euros anuales. Los trabajadores reclaman mejoras salariales desde hace años, sin que el gobierno autonómico entre a mediar en el conflicto y sin reducir su financiación.
En 2022 denunciaron una “situación límite” y la “manipulación de la información política” tras la “salida” del director de informativos regionales.