El consejero de Fomento y Medioambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha participado este jueves en una mesa redonda en las II Jornadas de Movilidad Sostenible de elDiario.es, junto a Juana López Pagán, directora general de Políticas contra la despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica, y otros representantes de la sociedad civil para debatir sobre la movilidad en la España despoblada.
En un contexto de pérdida de conexiones entre los núcleos urbanos y los pueblos, el consejero castellano y leonés ha defendido que esta “no es una cuestión de comodidad”, sino “de derecho de igualdad”. Según Suárez-Quiñones, “todos los ciudadanos tienen derecho a vivir donde quieran y donde decidan hacerlo, deben tener derecho a servicios básicos públicos”.
El consejero ha puesto como ejemplo el sistema de transporte a la demanda de la Junta de Castilla y León. “Un modelo que evita autobuses vacíos. Ahorra 7,5 millones en kilómetros innecesarios, miles de litros de gasoil y 10.000 toneladas de CO2”. Como ha recordado en Madrid, el sistema mediante el que los ciudadanos tienen acceso con una llamada telefónica a un taxi, un autobús, puesto a disposición por la administración, da servicio a 5.022 pueblos de la Comunidad y solo faltan 700, que ser irán incorporando a lo largo de la legislatura.
Suárez-Quiñones ha señalado que el transporte para acceder a los servicios básicos es un “derecho fundamental” que “no podemos dejarlo a las manos privadas”, si bien los transportes en Castilla y León lo llevan a cabo empresas privadas en régimen de concesión. El responsable de Fomento de la Comunidad ha considerado que la administración “tiene que estar cubriendo el déficit de ese transporte, aportando los medios económicos y apoyando que estructuralmente sea posible”.
El futuro incierto del tren
En la mesa, moderada por Sara Acosta, directora de la revista, Ballena Blanca, y en la que han participado Patxi Miranda, fundador de Kudea Go y Carlos Bravo, representante de Transports&Environment España, también se ha tratado el asunto de ferrocarril como el medio de transporte sostenible del futuro. Quiñones no ha coincidido con la mayoría de la mesa y ha defendido que el tren, aunque es una solución “aparentemente con mucha sostenibilidad ambiental”, conlleva complicaciones.
Para el consejero, es “imposible” que todos los pueblos estén conectados por tren. “Si se pone en marcha sería con implicación de lo público para que fueran gratuitos o precios bonificados para que no sea traslade el coste al ciudadano y sea una obligación de servicio público de la administración”. Sin embargo, hay un reglamento europeo, el 1370/2007, que según ha explicado, “impide que donde no haya un marco económico razonable pueda estar lo público”. La solución para los 6.200 pueblos de Castilla y León “no está en el ferrocarril, está en el transporte de autobús por carretera”, ha indicado.