El Tribunal Supremo confirma la revisión ilegal del Plan Residuos de Castilla y León
El Tribunal Supremo ha confirmado la revisión ilegal del Plan de Residuos de Castilla y León, por saltarse la participación pública, y no ha admitido el recurso de casación interpuesto por la Junta a la sentencia del Superior de Justicia de esa comunidad.
En un comunicado, Ecologistas en Acción ha facilitado la sentencia de 5 de marzo del TS que confirma la del 29 de febrero de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló el Acuerdo de 11 de marzo de 2022 de la Junta, por el que se aprobó la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL),.
La organización ecologista ha pedido al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que inicie la elaboración de un nuevo Plan Regional de Residuos adaptado a la normativa vigente.
La sentencia pone de manifiesto que la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, a diferencia del Plan original que revisa, ha obviado la obligada información pública, no ha sido informada por el Consejo Regional de Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo ni la Federación Regional de Municipios y Provincias y ha omitido la preceptiva evaluación ambiental de los planes y programas en materia de residuos.
“Estamos en presencia de una revisión cuya tramitación exige que se respete el derecho constitucional a la participación recogido en los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española”, recoge la sentencia.
Para Ecologistas en Acción, “queda acreditado que el Consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones y el conjunto del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se saltaron a las bravas la Constitución y las normas básicas para elaborar las disposiciones ambientales de la Comunidad, entre ellas en este caso las leyes estatales de residuos, de evaluación ambiental y de participación ambiental, así como la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León”.
La Junta “asume” la sentencia
Preguntado por esta sentencia del Supremo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado que el Ejecutivo autonómico la “asume”, aunque ha aclarado que esta “no entra en el fondo del asunto, sino en la forma”. Por todo ello, ha asegurado que la Junta trabaja ya en adaptar el plan a esta sentencia, que “acatan y respetan”.
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