Un concurso amañado, millones sin contrato y terrenos con sobreprecio: las claves de la sentencia de Perla Negra

Doce años después de que una persona remitiera anónimamente a la Fiscalía unas hojas de denuncia con el título 'El hundimiento impune de una empresa pública', hay sentencia por el caso Perla Negra, uno de los mayores casos de corrupción de la Junta de Castilla y León y por el que tres ex altos cargos del gobierno autonómico del PP de Juan Vicente Herrera (dos exviceconsejeros de Economía —Rafael Delgado y Begoña Hernández— y un exconsejero de la empresa pública que compraba suelo industrial, Gesturcal) y seis empresarios han sido condenados.

El caso ha sido muy complejo, y tiene varias aristas, incluidas algunas que se han quedado por el camino, como el presunto testaferro de Rafael Delgado o la compra de un palacete en Bruselas. El juicio oral tuvo doce acusados y duró 26 días entre febrero y mayo de 2024. Por partes: Rafael Delgado ha sido condenado por un delito continuado de prevaricación, otro delito continuado de malversación de fondos públicos y a indemnizar a la Junta de Castilla y León más de seis millones de euros entre él y otros empresarios condenados. Sin embargo, también ha sido absuelto de revelar secretos al filtrar información de un contrato público porque el delito ha prescrito. En total, Rafael Delgado ha sido condenado a dos años y seis meses de cárcel. Fiscalía pedía once años de prisión para él y otros once para la exviceconsejera Begoña Hernández, quien no ha sido condenada a una pena de privación de libertad.

La sentencia, de 309 páginas, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica cómo el principal condenado,Rafael Delgado, facilitó información a una empresa sobre un contrato de arrendamiento del futuro edificio Perla Negra —que pretendía integrar varios servicios dentro de la Consejería de Economía—, autorizó el pago injustificado de 4,5 millones de euros en la compra de este inmueble, adjudicó sin contrato otros 4,4 millones de euros por la división y señalización de este edificio y permitió que la empresa pública Gesturcal pagara dos millones de euros de sobrecoste por unos terrenos del futuro —y fallido— polígono industrial de Portillo, en Valladolid.

Delgado filtró información sobre un contrato público

Rafael Delgado filtró información reservada a la empresa Urban Proyecta PM3 (en manos de Germán Martín Giraldo y Ángel Montes) sobre la intención que tenía la Junta de Castilla y León de alquilar un edificio para alojar varios servicios de la Consejería de Economía. De hecho, la empresa firmó en 2005 un contrato con el estudio de arquitectura Lamela, que remitió facturas con el concepto 'Proyecto ADE-Valladolid' casi tres meses antes de que el concurso se hiciera público y figurara en el Boletín Oficial de Castilla y León. De hecho, cuando no pasó los requisitos de los técnicos de la Junta de Castilla y León, Delgado llevó el contrato cuatro días después a Gesturcal, donde los controles fueron menores. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valladolid ha considerado que este delito ha prescrito.

Los contratos de arrendamiento con Urban Proyecta carecían “de objetividad y transparencia”. La compra del inmueble también fue problemática: un perito lo tasó en 66 millones, pero otras empresas lo valoraron en 64 millones, 52 o 42 millones de euros. Finalmente, se firmó el contrato de compra del edificio Perla Negra en marzo de 2009 por 60,5 millones de euros, IVA incluido, una cifra que estaba “dentro de los valores de mercado en esas fechas”.

Sobrecoste de 4,5 millones de euros sin justificar

Delgado fue viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general de la Consejería entre 2007 y 2011. Durante esa época ocupó diversos cargos en otras empresas públicas de la Junta de Castilla y León como Gesturcal, la que se encargaba de la compra de suelo industrial y que después tomó el nombre ADE Parques Tecnológicos y Empresariales. Esto le permitió autorizar los pagos millonarios que endeudaron injustificadamente a la Junta de Castilla y León.

Según la sentencia, Gesturcal-ADE pagó 4,5 millones de euros extra a Urban Proyecta con el concepto de 'carga financiera'. Sin embargo, no había ninguna justificación para hacer este pago e implica la desviación de fondos públicos para esta empresa. “Se trata de un abono injustificado y totalmente improcedente”, señala la sentencia, puesto que no estaba incluido en el contrato de compra-venta ni en los contratos de arrendamiento ni se había debatido en el Consejo de Administración de Gesturcal-ADE.

4,4 millones de euros adjudicados 'a dedo' sin contrato

Rafael Delgado también ha sido condenado por un delito de prevaricación después de haber autorizado facturas sin concurso público ni contrato alguno por valor de 4,4 millones de euros a un despacho de arquitectos, Unifica, el mismo que reformó la sede del PP en la calle Génova y cobró dinero en negro, tal y como publicó en exclusiva elDiario.es durante la instrucción del caso.

Los contratos no fueron publicados ni licitados, aunque sí se llegó a elaborar un borrador. De hecho, ni siquiera se suscribió un contrato como tal. “De forma incomprensible, ese proceso de contratación legal quedó abortado, prescindiéndose deliberadamente del mismo”, notifica la sentencia, que reconoce que Gesturcal-ADE aceptó “sin más” el presupuesto que pasó Unifica para las obras de división interior y señalética. Estos 4,4 millones de euros están ajustados al coste de las intervenciones, pero no fueron adjudicados legalmente.

De hecho, no había una norma legal que obligara a Gesturcal a pagar por estas obras, ni hubo una cláusula en el contrato que firmó con Urban Proyecta, ni un acuerdo en el Consejo de Administración de Gesturcal. Además, los contactos de Unifica con Gesturcal procedían de Urban proyecta.

Unifica pagó 1,9 millones de euros a empresas del entorno de Urban Proyecta, algunas administradas por Ángel Román Montes, que formaba parte de esta empresa y es uno de los seis empresarios condenados. Los jueces no descartan que algunos de esos pagos respondieran a la subcontratación de la obra o a pagar la intermediación de los acuerdos de colaboración para conseguir esos contratos con la Junta de Castilla y León.

Contrato con una empresa que aún no poseía los terrenos del polígono

Además, Rafael Delgado firmó contratos con la empresa Cementos La Bureba para comprar unos terrenos para el futuro polígono empresarial de Portillo —una iniciativa que impulsó en un primer momento el concejal, del PSOE—. ¿Uno de los problemas? Que Cementos La Bureba aún no poseía los terrenos del polígono, que estaban en manos de Parque Empresarial de Portillo, una empresa en la que habían participado Urban Proyecta —Germán Martín Giraldo y Ángel Román—, Francisco Esgueva, Luis Ángel Gutiérrez y su esposa y Ángel Román Montes a título personal.

La empresa pública ADE Parques pagó un “sobreprecio injustificado” de dos millones de euros sobre los valores máximos de mercado. “A ese sobreprecio contribuyó esa mecánica de las empresas vendedoras, que fue consentida por el señor Delgado, de elevar el precio artificiosamente”, zanja la sentencia. Parque Empresarial de Portillo compró unos terrenos por nueve millones de euros. Poco después, Cementos La Bureba se los compra por diez millones de euros, y se los vende cinco meses después a ADE por 11,9 millones.

Estas dos empresas estaban formadas “esencialmente” por las mismas personas y tenían una “vinculación directa”. “Se compran las fincas a sí mismos subiendo su precio para luego repercutirlo a la empresa pública ADE Parques”, concluye la sentencia. ADE asumió el compromiso de adquirir fincas por 33,7 millones de euros cuando Cementos La Bureba aún no era propietaria de los terrenos que compró por 26 millones de euros. Y cuando la exviceconsejera Begoña Hernández paralizó una de las facturas (por valor de 1,4 millones), esta se hizo efectiva “por decisión de Rafael Delgado” y se pagó antes de que la empresa hubiera cumplido o garantizado su obligación.

De hecho, en el proyecto de Presupuestos para 2010 ni siquiera figuraba la previsión de adquirir estos terrenos en Portillo. Toda esta operación supuso un endeudamiento de 20 millones de euros para la Administración pública. En los años de esta operación, el endeudamiento de ADE pasó de diez millones a 50 millones.

El piso de Rafael Delgado

La Audiencia de Valladolid también destaca los vínculos que tenía Rafael Delgado con algunos de estos empresarios. Delgado y Ángel Román Montes llevaban a sus hijos al mismo colegio, y este último cedió en alquiler un piso situado en el paseo de Zorrilla. Montes compró este piso en 2006 a través de su sociedad Tecnicyl y lo vendió a Nereo Inversiones y Proyectos, una sociedad administrada por Carlos González Maestro, que ya había sido nombrado administrados mancomunado de Cementos La Bureba, la empresa que infló los precios de los terrenos de Portillo.

Después, Rafael Delgado, que seguía alquilando esa vivienda, se la compró a través de su sociedad Samuño Activos, un contrato que está investigando el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, el mismo que investiga la Trama Eólica.

Delgado también tiene relación con Alberto Esgueva, un empresario que ha sido absuelto en este juicio —después de que se retiraran las acusaciones— pero que sigue investigado por la Trama Eólica, en la que también coincide con el propio Rafael Delgado o el empresario Germán Martín Giraldo, que ha sido condenado por revelación de secretos a once meses de prisión y a una indemnización millonaria.

Alberto Esgueva, que fue responsable de la oficina de internacionalización de la Junta y compartió una empresa de energía eólica con Germán Martín Giraldo es también hermano de Francisco Esgueva —condenado a siete meses de prisión por tráfico de influencias y una multa de 1,47 millones de euros—.