El constructor y empresario de medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri, condenado a un año y medio de cárcel por la Gürtel Boadilla

El constructor y empresario de medios de Castilla y León, José Luis Ulibarri, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 19 meses de prisión en la causa Gürtel Boadilla. En concreto, la sentencia considera que es autor responsable y colaborador necesario de la trama de corrupción por lo que se le condena a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, seis meses de cárcel por fraude a la administración pública, otros seis meses de cárcel por falsedad documental continuada, tres meses de cárcel más por un delito contra la Hacienda Pública y una multa de 40.000 euros y otros tres meses de cárcel por tráfico de influencias. El ahora condenado optó por colaborar con la Justica pocos meses antes de que arrancase el juicio en el que se exponía a una condena de 7 años de cárcel, y acabó reconociendo los cinco delitos.

En su declaración durante el juicio explicó cómo su empresa, UFC, consiguió la licitación de una parcela de 35 millones para edificar viviendas a cambio de una mordida de un millón de euros que le pidió el cerebro la trama Gürtel, Francisco Correa. “Yo conocí a Correa a final del verano de 2004, nos presentó un amigo común que era Jesús Merino, y a partir de ahí, él me ofrecía cosas en general, en municipios de toda España, pero yo le pedía que nos pasara la información. Esto lo analizaban los departamentos técnicos de mi empresa y en todos los casos no nos encajó las posibilidades que nos ofrecía y dijimos que no”, declaró. Así fue hasta que se le ofertó el proyecto de adjudicación de la parcela UA de la manzana M7 del Polígono B del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla. Según Ulibarri, esa fue “la única relación” que tuvo con la causa por la que está sentado en el banquillo de los acusados.

“Ya está adjudicado, ahora me tienes que pagar”

El pago se produjo, según recordaba Ulibarri, cuando se hizo efectiva la adjudicación. “Ya está adjudicado. Ahora me tienes que pagar”, le dijo. “¿Cómo lo hago?”, preguntó Ulibarri. “Me pasaron dos facturas de una empresa que es CGI- Consultoría y Gestión de Inversiones- que luego he visto que es del señor Jacobo Gordon -socio de Correa y también acusado- que yo no conocía, lo conocí a posteriori y yo hice dos pagos de 500.000 euros”, reconoció. “Esos servicios eran falsos y eran para el pago del señor Correa. Yo admito el error”, dijo. El empresario dudó de que Correa hiciese algo por él, insinuando que le engañó. “Tampoco sé con quién habló. Yo temo, después del tiempo que llevamos, que no habló con mucha gente, pero bueno, yo me había comprometido a pagarle ese dinero y se lo pagué en base a que estaba adjudicada la parcela”, comentó.

Ulibarri ha sido propietario de periódicos, emisoras de radio y el 50% de Castilla y León Televisión, que paga la Junta de Castilla y León, hasta que las causas judiciales le hicieron renunciar y las dejó en manos de sus hijos, una manera de evitar que se le negasen contratos públicos si seguía en los accionariados tras ser condenado en una causa de corrupción. En sus manos, ahora en las de sus descendientes, estuvieron El Mundo de Castilla y León, El Correo de Burgos, Diario de León, Es.Radio Castilla y León o El Heraldo de Soria. Las últimas salidas de los consejos de administración se produjeron en 2021, cuando la celebración del juicio Gürtel era inevitable.

La Audiencia Nacional también ha condenado al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama de corrupción Gürtel en el municipio de Boadilla, bastión de la formación política en la Comunidad de Madrid. En este caso, el PP deberá devolver 204.198,64 euros de los que se habría beneficiado por la actuación de la red de corrupción que dirigía Francisco Correa. Entre el resto de condenados aparecen otros dos leoneses: el consejero delegado de Teonsa, José Luis Martínez Parra, cooperador necesario de la trama corrupta, que reconoció haber pagado una mordida de 1,8 millones por adjudicaciones del Ayuntamiento de Boadilla tendrá que asumir condena de dos años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, 6 meses de cárcel por fraude a las administraciones públicas, otros 6 meses de cárcel por falsedad documental continuada y un año de prisión por un delito continuado de cohecho activo y multa de 700.000 euros. El tercer leonés es José Blanco Balín, cerebro financiero de la trama, condenado a tres años de inhabilitación para empleo o cargo público, a tres meses de cárcel por fraude a la administración pública, un año de cárcel por un delito continuado de cohecho activo y multa de 127.762 euros y un año y medio de cárcel más por blanqueo de capitales y multa de 34.371 euros.