El expresidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, declarará como testigo en el juicio por corrupción 'Perla Negra'

El expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tendrá que declarar como testigo en uno de los mayores casos de corrupción de Castilla y León, la causa 'Perla Negra' y cuyo juicio se celebrará a partir del 14 de marzo de 2022. Doce personas, entre las que figuran exaltos cargos del gobierno autonómico y empresarios, se sentarán en el banquillo de los acusados para dar explicaciones sobre el arrendamiento y posterior compra de un edificio para la Consejería de Economía en Arroyo de La Encomienda (Valladolid), conocido como 'Perla Negra' y que acabó en un sobrecoste millonario.

También forma parte del caso la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona y por los que la Junta de Castilla y León también pagó más de lo que costaban. Ambas operaciones tienen en común a empresarios que se beneficiaron y como presuntos responsables a personas que formaban parte de la cúpula de Economía.

La declaración de Herrera fue solicitada por la defensa del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, principal acusado de una causa en la que figura también como acusada su sucesora en el cargo, Begoña Hernández. La Audiencia Provincial de Valladolid ha admitido esta y otras solicitudes de prueba de los acusados.

Será la primera vez que un expresidente de Castilla y León declara en un juicio por un caso de corrupción que se fraguó en su legislatura, una imagen que preocupa al PP autonómico porque podría coincidir con la campaña electoral si se produce el adelanto que intenta fraguar Génova. Juan Vicente Herrera fue, hasta hace unos años, una cara amable del partido con una trayectoria aparentemente inmaculada. Pero la investigación del caso Perla Negra, que arrancó en 2013, y la de Trama Éolica en 2015, llenó de sombras su gestión. Mientras en la Consejería de Economía se cerraban operaciones presuntamente corruptas, Herrera parecía no enterarse de nada. Y sin embargo, tanto en el caso Trama Eólica, como en Perla Negra, fue informado o alertado de la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

Herrera aparece en el caso Perla Negra cuando Pablo Trillo, hermano de Federico Trillo, declaró como imputado -ahora está exonerado- y relató cómo se reunió con el entonces presidente para advertirle de una operación que le parecía sospechosa. Trillo Figueroa, relató al juez instructor que advirtió a Herrera del precio “disparatado” que se estaba manejando en relación al Perla Negra. En ese momento, Trillo era consejero de la empresa pública Gesturcal y se negaba a avalar la operación.

“Algo hizo el presidente”

Trillo también contó qué respuesta dio Herrera. “La contestación que obtengo del presidente, cuando me despido de él, es 'gracias por la información, te agradezco la lealtad, no conozco la operación, me voy a informar de la misma.” Lo que ocurrió es que la Junta, que iba a alquilar por un precio muy alto, acabó por comprar el inmueble, algo que tranquilizó a Trillo, pero pagó, siempre según el relato del instructor del caso y de la Fiscalía, un sobrecoste millonario.

Trillo volvió a declarar lo mismo el pasado 4 de octubre en una comparecencia en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León sobre el caso Perla Negra y Trama Eólica, e incluso añadió que transmitió a Herrera su “cabreo” por el hecho de que en Valladolid se conociese el nuevo edificio de Economía con el sobrenombre de 'Perla Negra', que hacía alusión a la película y a la cantidad de piratas que lo rodeaban. “Algo hizo el presidente”, dijo Trillo, porque el precio del alquiler se redujo, y posteriormente se optó por la compra. Sin embargo, esa compra tampoco fue una operación limpia, dado el sobrecoste.

4,4 millones sin contrato para una empresa vinculada a la 'caja b' de PP nacional

Según la Fiscalía la Junta de Castilla y León pagó 60.499.800 euros por el Perla Negra, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y abonó también 9.787.472,55 euros, por conceptos que debieron correr a cargo de la promotora del inmueble. Entre esos gastos aparecen contratos a dedo a favor de Unifica, el estudio de arquitectos que reformó en negro la sede del PP en Génova, y cuyos propietarios han sido condenados por la Audiencia Nacional, junto al PP y a Luis Bárcenas. Por los trabajos de la sede nacional del Partido Popular se abonó algo más de un millón de euros. Por los efectuados en el Perla Negra, 4,4 millones. No hubo contratos, no hubo concurso y tampoco expediente, pero las facturas se abonaron, tal y como reveló elDiario.es en exclusiva.

En cuanto a los terrenos del polígono de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques--sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros--sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.