El que fuera presidente del la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva) y vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Alfonso Centeno, ha reconocido que la aprobación del proyecto refundido de 'Meseta Ski', el que validaba todas las modificaciones surgidas respecto del inicial adjudicado en 2006, lo aprobó el Consejo de Administración de dicha sociedad el 31 de marzo de 2008, para cuando ya entonces se había ejecutado el 99% de las obras y que suponían duplicar el presupuesto primigenio.
El testimonio, en calidad de acusado, se ha desarrollado este jueves durante la cuarta jornada por el denominado caso 'Meseta Ski' que celebra la Audiencia de Valladolid y en el que el todavía hoy alcalde de Olmedo -lo es desde 1996- ha defendido en cualquier caso que tanto la adjudicación como la tramitación administrativa de la iniciativa para dotar a la zona sur de la provincia, concretamente a Villavieja del Cerro, de un centro de ocio que incluía varias pistas de esquí en seco se desarrolló dentro de la más estricta legalidad.
Su planteamiento de fondo lo ha sostenido a pesar de reconocer el “cambio esencial” experimentado entre el contrato que el mismo firmó en persona el 13 de julio de 2006 con Corsan Corviam, la empresa adjudicataria, que contemplaba inicialmente una pista de esquí en seco de 225 metros de largo por 26 de ancho y una segunda, para principiantes, de 40 por 20 metros y el uso de una manta o tipo de hierba sintética concreta, con un presupuesto de base de 4.060.000 euros, y el citado proyecto refundido aprobado por Sodeva en marzo de 2008 y que, además de duplicar superficie y presupuesto hasta los 10 millones, incluía otra sería de modificaciones sustanciales.
En su declaración recogida por Europa Press, Centeno, quien se ha negado a someterse a las preguntas de la acción popular ejercida por Valladolid Toma La Pabra y Ecologistas en Acción, ha precisado que lo que se firmó inicialmente entre Sodeva y Corsan venia a ser como una “idea política, el intento de compensar y buscar el equilibro en el sur de la provincia mediante una iniciativa de desarrollo, ya que hasta entonces la Diputación no había acometido allí actuaciones”.
Y a tal efecto se planteó en Sodeva una iniciativa para ejecutar un complejo de esquí en seco, lo que llevó a contratar a la empresa Traimer para que, por un lado, realizara un estudio sobre cuál podía ser el escenario idóneo en esa zona sur y, por otro, realizar una presentación de la idea en la Feria Fitur en enero de 2006.
Cambios por iniciativa de Corsan Corviam
Centeno, quien presidió Sodeva desde su creación en 2004 y hasta 2015, ha insistido a lo largo de su declaración, con momentos de cierta tensión ante el cariz de las preguntas de la fiscal del caso, que si el contrato se adjudicó en julio de 2006 y, casi inmediatamente después, se decidió modificar por completo el proyecto fue a iniciativa de Corsan Corviam debido a la complejidad del mismo.
Es por eso que, según asegura, la adjudicataria propuso realizar visitas ese mismo verano a complejos en Navacerrada y otras pistas en Inglaterra y Francia para ver qué soluciones se habían planteado puesto que no había en España un complejo de estas características.
“No se había iniciado aún la redacción del proyecto y por eso con estas visitas se pretendía comprobar otras experiencias que llevaban años de funcionamiento para incorporarlas”, ha justificado el regidor olmedano, quien ha restado importancia a las obras que para entonces ya se habían iniciado en Villavieja por cuanto, como así ha recordado, la licencia en precario concedida por el Ayuntamiento de Tordesillas se ceñían a un simple movimiento de tierras.
El acusado también ha indicado que tras esas visitas se elaboró un informe, sin estar aún redactado el proyecto, y no fue hasta el 17 de noviembre de 2006 cuando el Consejo de Administración de Sodeva que él presidía validó todos los cambios respecto de la idea inicial, sin que se viera entonces la necesidad, pese a la modificación sustancial, de realizar una tramitación nueva.
“Hay un informe de la sociedad que dice que no es necesaria otra nueva licitación y que todo estaba conforme con la normativa de contratos”, ha apuntado Centeno, aun cuando dicho consejo aprobara un presupuesto complementario por otros tres millones de euros y ampliara de dos a ocho años la explotación por parte de la adjudicataria del complejo de esquí en Villavieja.
“Ninguna decisión del Consejo de Administración de Sodeva ha sido impugnada durante mi mandato como presidente, algo muy distinto a las que tomaron otras administraciones como el Ayuntamiento de Tordesillas o las Cortes”, ha defendido el regidor en alusión a esa declaración de la iniciativa como Proyecto de Interés Regional que más tarde anuló el Tribunal Constitucional.
Aunque Sodeva contaba en el momento de su constitución con un capital social de un millón de euros, insuficiente para afrontar el proyecto, Centeno ha advertido de que la sociedad contaba con dos préstamos sindicados de la Diputación por importe de seis millones a los que se sumaban periódicamente otras partidas para su funcionamiento que la institución provincial aportaba a través de contratos programa.
Su declaración, no obstante, contrasta con el testimonio aportado en la misma jornada por distintos responsables de Corsan Corviam, entre ellos el entonces responsable de la Oficina Técnica en Castilla y León y el delegado en la Comunidad, Enrique Bobo y Francisco Álvarez, respectivamente, quienes ha coincidido al señalar que la modificación respecto del proyecto inicial partió en exclusiva de “la propiedad”, en alusión a Sodeva, y han reconocido que los cambios surgieron desde el primer momento, nada más firmarse el contrato.
“Entiendo que lo que se estaba ejecutando no era lo que se había aprobado”
“Entiendo que lo que se estaba ejecutando no era lo que se había aprobado”, ha reconocido Enrique Bobo, quien, sin embargo, asegura que los responsables de Sodeva, sobre todo el arquitecto Valentín González, estaban al corriente de todo, mientras que de Centeno ha indicado que le vio alguna vez en el escenario de las obras.
También ha prestado declaración como testigo el que entonces era presidente de la Diputación y de la Junta General de Sodeva, Ramiro Ruiz Medrano, quien ha explicado que la propuesta de obtener de las Cortes la declaración de Proyecto de Interés Regional la planteó inicialmente el Grupo del PP en la Diputación y que luego fue aprobada con el beneplácito del PSOE, y todo ello con el fin de lograr desatascar un proyecto que “tenía el amparo de todas las fuerzas políticas” y que había pasado por distintas paralizaciones.
Está previsto que tras la declaración de las otras tres personas acusadas, el entonces vicepresidente de Sodeva, Pedro Pariente; el arquitecto de la sociedad, Valentín González, y el responsable de Urbanismo de la Diputación, Luis Torroglosa, las distintas partes personadas en el procedimiento expongan este viernes sus informes definitivos.
Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita siete años de inhabilitación para cada uno de los cuatro encausados por un delito continuado de prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas, mientras que Toma la Palabra y la Federación Ecologistas en Acción no aplican la atenuante de dilaciones indebidas, elevan la inhabilitación a once años y solicitan el pago, conjunto y solidario, de una indemnización de 11.615.097 euros en favor de SODEVA y/o la Diputación Provincial.