Las acusaciones pública y popular en el juicio de 'Meseta Ski' que investiga un delito de prevaricación en la tramitación y ejecución de un complejo de ocio y aventura en Villavieja del Cerro (Valladolid), con unas pérdidas de casi once millones de euros, entienden que los cuatro acusados, con el alcalde de Olmedo a la cabeza, Alfonso Centeno, “actuaron de forma caprichosa, arbitraria y carente absolutamente de amparo jurídico”.
Así lo han expuesto en el trámite de informes, en la última jornada del juicio en la Audiencia Provincial, la fiscal jefa y el letrado que representa a Valladolid Toma La Palabra y Ecologistas en Acción, para quienes el expediente administrativo que obra en el presente procedimiento es la prueba evidente de la actuación prevaricadora por parte de Centeno, como presidente de la Sociedad de Desarrollo Provincial (Sodeva), y de sus compañeros de banquillo, los que fueran vicepresidente y arquitecto de la entidad, Pedro Pariente y Valentín González, respectivamente, y el jefe de Urbanismo de la Diputación Vallisoletana, Luis Torroglosa.
De hecho, todos ellos se exponen a una pena de inhabilitación de entre siete y once años, que son las peticiones respectivas que la acusación pública y la popular han elevado a definitivas, junto con los más de 11,5 millones de euros que, a mayores y en concepto de responsabilidad civil, solicita la segunda de los acusaciones que los ocupantes del banquillo abonen a Sodeva y/o a la Diputación de Valladolid.
En su exposición recogida por Europa Press, la fiscal considera plenamente probada la culpabilidad de los acusados en su actuación prevaricadora--les aplica, a diferencia de la acción popular, la atenuante de dilaciones indebidas--a lo largo de un periodo que media entre la firma del contrato para la ejecución de las obras del citado complejo de ocio, el 13 de julio de 2006, y la celebración del Consejo de Administración de Sodeva, el 31 de marzo de 2008, en el que se aprobó el proyecto refundido que venía a validar la totalidad de los trabajos que hasta entonces se habían ejecutado y que, sin embargo, diferían por completo de los encomendados de inicio.
En cuanto a la motivación de lo ocurrido, la acusadora ha enmarcado ese presunto objetivo del entonces vicepresidente de la Diputación y presidente de Sodeva, Alfonso Centeno, de beneficiar a la empresa adjudicataria de las obras, Corsan Corviam, en la “amistad personal” existente entre él y el propietario de la mercantil, algo que considera acreditado por el viaje que el todavía hoy regidor de Olmedo y su esposa realizaron en 2007 a Japón junto al empresario.
A partir de ahí, la fiscal, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha situado a Centeno como 'alma mater' de las presuntas irregularidades cometidas, y ello a pesar de que, como así ha advertido irónicamente, “ninguno de los acusados haya explicado a quién se le ilumina la cabeza” y decide modificar por completo el proyecto nada más ser adjudicado a Corsan Corviam, que pasa de un presupuesto base de 4.060.000 euros a más de 9.000.000 de euros tras decidirse modificar la superficie de las pistas de esquí y triplicar la superficie, de 3.000 a 9.000 metros.
Pero además, la acusadora pública ha censurado a los encausados por haber “engañado” al Ayuntamiento de Tordesillas y a la Junta a la hora de solicitar las licencias, ya que las mismas en todo momento se referían al primer proyecto, no a las sucesivas modificaciones que, en opinión tanto de ella como de la acción popular, tendrían que haber llevado a iniciar una tramitación distinta para aprobar un nuevo presupuesto y sacar nuevamente a licitación el complejo de ocio y aventura.
En este sentido, la fiscal ha recordado que para cuando se celebró el Consejo de Administración de Sodeva el 31 de marzo de 20028, los trabajos realizados se encontraban ya al 99 por ciento, es decir, por valor de unos 9.000.000 de euros, de ahí que las obras estuvieron hasta entones al margen de “todo amparo jurídico”, y ello pese a aprobarse entonces ese proyecto refundido con el que se pretendía “validar o amparar” lo ejecutado.
“La participación de Centeno es absolutamente ineludible”, ha insistido la fiscal, que ha extendido la responsabilidad a los otros tres encausados por, desde sus respectivos puestos y funciones, aprobar, validar y respaldar unas obras que sabían perfectamente que eran totalmente distintas de las inicialmente contratadas.
Un contrato que era “papel mojado”
Por su parte, el abogado de la acción popular ha atribuido el 'Caso Meseta Ski' al “capricho y ocurrencia” de una persona, en alusión directa a Centeno por la idea de construir en plena meseta, un lugar “erróneo a todas luces” según entiende, unas pistas de esquí en seco y sin antes haber encargado un informe y estudios rigurosos sobre la viabilidad de la misma, entre ellos un plan de negocios.
El acusador popular sostiene que para ello el entonces presidente de Sodeva se rodeó de “un núcleo de confianza” en dicha entidad--una sociedad pública mercantil sometida a derecho privado--a fin de que sus planes no fueran contradichos y obtuvieran el respaldo de los otros tres acusados, cada uno desde su respectivo cargo, quienes en todo momento sabían que el contrato inicial suscrito con Corsan Corviam era “papel mojado desde el kilómetro cero y demuestra los tintes de arbitrariedad que presidieron toda la tramitación y ejecución”.
El juicio quedará ya este viernes visto para sentencia con la exposición de los informes de las cuatro defensas, que solicitan un fallo absolutorio ante la falta de responsabilidad penal de sus patrocinados basadas en que en todo momento sus actos estuvieron dentro de la legalidad y con el único interés de lograr el desarrollo económico de una zona, la suroeste de la provincia, que hasta entonces no se había beneficiado con iniciativas puestas en marcha desde la Diputación de Valladolid.
Los defensores han insistido en solicitar la prescripción del delito y la aplicaciones de dilaciones indebidas, algo que ya plantearon en la fase de cuestiones previas y que tendrá que resolver el tribunal en ejecución de sentencia.
El proyecto de Meseta Ski estuvo plagado de obstáculos desde un inicio debido, entre otras causas, a la paralización de los iniciales trabajos de movimiento de tierras en Villavieja del Cerro acordada por el Ayuntamiento de Tordesillas al exceder la licencia en precario concedida y por la segunda paralización, en septiembre de 2007, impuesta entonces en vía contencioso administrativa tras descubrirse que una de las parcelas elegidas había sido escenario de un incendio que la imposibilitaba, según la Ley de Montes, para cualquier construcción en un determinado plazo de años.
Aunque el proyecto trató de ser salvado a través de las Cortes, que en 2010 declaró la iniciativa como Proyecto de Interés Regional, una sentencia del Tribunal Constitucional supuso el último varapalo a esta iniciativa y se tradujo en el desmontaje de toda la infraestructura y la restitución de la zona a su estado original. Allí quedaron enterrados cerca de 11.000.000 de euros.