La investigación sobre la trama Enredadera se cierra por cuarta vez sin declaraciones ni nuevos informes

Por cuarta vez la investigación judicial sobre la presunta corrupción municipal conocida como 'Enredadera' vuelve a ser cerrada. El juez Fernando Morano ha dictado un auto a finales de mayo en el que decreta nuevamente el fin de las investigaciones sobre esta trama conocida a raíz de una amplia operación policial en el año 2018.

El caso fue reabierto por tercera vez el pasado mes de marzo tras aceptar la Audiencia Provincial de León un recurso de la acusación popular ejercida por Izquierda Unida, que denunciaba nuevamente un archivo de la investigación sin realizar ninguna actuación destinada a esclarecer los presuntos delitos que inicialmente se atribuían a políticos y funcionarios de los ayuntamientos de León, Villaquilambre y San Andrés. La Audiencia Provincial reprochaba en su acto de rectificación que se cerrara la causa “sin haber dado a las partes, concretamente a la acusación, la posibilidad de tener conocimiento pleno de las actuaciones, lo que les ha ocasionado una evidente indefensión y una clara falta de seguridad jurídica”.

Ahora el juez calca prácticamente sus argumentos del cierre anterior y decreta el cierre de unas investigaciones que habían quedado acotadas a los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre tras el envío de nuevas pruebas desde el juzgado de Badalona donde se originó la causa, con los presuntos hechos delictivos ocurridos en el Ayuntamiento de León ya previa y plenamente archivados. La investigación afectaba a los empresarios José Luis Ulibarri y Ángel Luis García 'El Patatero', el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, o la exalcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, entre otros cargos públicos, empresarios y funcionarios, que dejan de estar investigados. Ninguno ha declarado en la causa más allá del momento de inicio de la operación en 2018 y tampoco ha habido prácticamente actuaciones destinadas a esclarecer los hechos más allá de los informes policiales enviados 'motu proprio' en la investigación, rechazando las peticiones de informes sobre cuentas bancarias presentadas por Izquierda Unida.

La decisión se argumenta en un informe previo de la Fiscalía Anticorrupción del 2019 para volver a archivar ya que de la documentación “no existe base para continuar la investigación penal por la conducta penal expuesta”. Defiende que en las grabaciones y actuaciones “no se puede concluir, ni siquiera de forma indiciaria, que exista un concierto de voluntades entre los servidores públicos y los empresarios investigados en la presente causa que sea constitutiva de infracción penal”, en cuando al fraude en la contratación. Según el auto toda la documentación “ya estaba, insistimos, incorporada anteriormente a las actuaciones, y que fue objeto de examen, que motive la práctica de las diligencias de investigación que se solicitan”.

El caso 'Enredadera' nació a raíz de una denuncia en el ayuntamiento catalán de Mongat sobre presuntas irregularidades en la Policía Local y en adjudicaciones de contratos de tráfico. Las intervenciones telefónicas llevaron a una madeja que descubrió una presunta trama de irregularidades en contratos con las policías municipales y una subcausa de presuntas irregularidades con epicentro en Castilla y León relacionada con el empresario José Luis Ulibarri, detenido en la operación y que ha confesado delitos en la pieza de Gürtel de Boadilla del Monte.

De las 5 causas inicialmente abiertas en el año 2018 -Badalona, León, Astorga, Fuenlabrada y Navalcarnero- se pasó a una treintena tras dividir la investigación principal en el otoño del 2021. Las piezas de León y Astorga han sido cerradas y reabiertas en dos ocasiones, la primera sin ni siquiera llegar a declarar los testigos, cosa que sí ocurrió en la segunda cuando todos los acusados negaron los hechos contestando prácticamente solo a sus abogados. La Fiscalía, que inició la investigación en Cataluña, ha apoyado todos los cierres propuestos por las defensas en las piezas leonesas. Contra la resolución adoptada cabe recurso, ya presentado por Izquierda Unida.