La Justicia declara nulo el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los espacios cinegéticos al norte del Duero impulsado por la Junta de Castilla y León para las temporadas 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022 porque considera que las resoluciones carecen “de la cobertura legal en que se apoyaban”.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) contra la orden firmada por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
El juzgado ha desestimado la indemnización que reclamaba ASCEL porque la asociación carece de legitimación activa para hacer esta demanda. Ascel solicitaba que se obligara a la Junta de Castilla y León a indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados a la fauna silvestre, cuyo coste cifraba en 9.261 euros por cada lobo abatido durante esas tres temporadas, según la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario.
La letrada del gobierno autonómico alegó que la falta de estudios o informes científicos no podía ser motivo suficiente para declarar la nulidad del plan y defendió que el plan se había basado “en la mejor y más actualizada información científica y técnica” que acreditaba el estado de conservación “favorable” del lobo al norte del Duero.
“No hay futuro en Castilla y León si no se respeta el patrimonio natural de todos y si no se antepone este a los intereses económicos de aquellos que, teniendo ganado, se empeñan repetidamente en no cuidar adecuadamente el mismo, incumpliendo la Ley de forma sistemática”, zanja Ascel a través de un comunicado en el que pide al gobierno autonómico que reconozca su “deuda con los ciudadanos” por “mentir sistemáticamente” sobre el estado de conservación del lobo.