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El presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado una declaración jurada en la que asegura que “en el mes de marzo de 2017”, sin precisar la fecha exacta, cuando se desarrollaban las primarias que lo encumbraron como presidente del PP de Castilla y León y mientras era alcalde de Salamanca, pagó de su bolsillo y en metálico 1.000 euros en cuotas que afiliados debían al partido y que les impedían votar en el cónclave interno.
En los documentos entregados al juez, Mañueco lo dice así: “Para el pago de cuotas adeudadas de afiliados del Partido Popular en Salamanca y facilitar de esta forma que pudieran participar en el proceso electoral”. El presidente defiende que esa cantidad la aportó en billetes y que procedía de su “patrimonio personal”. De esas primarias salió finalmente elegido líder del PP de Castilla y León.
El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, se presentó hace solo unos días en el juzgado de Instrucción de Salamanca que investiga al PP provincial por presunta financiación ilegal y que indaga precisamente en esa operación para sufragar cuotas de militantes que no estaban al día y que no hubieran podido votar en las primarias. Aunque el documento llegó al juzgado en las últimas semanas, Mañueco firmó esos papeles hace más de dos meses, el 10 de diciembre, diez días antes de romper el pacto de gobierno con Ciudadanos y adelantar las elecciones.
La declaración de Mañueco se suma a otras 25 nuevas –hace año y medio el partido sólo había aportado 39 testimonios– con las que el PP de Salamanca intenta cuadrar unas cuentas que el fiscal del caso no ve claras. Los hechos que se investigan se remontan a la semana transcurrida entre el 10 y el 17 de marzo de 2017, siete días en los que ya se sabía que se celebrarían unas primarias y que Mañueco iba a presentarse. En ese corto período de tiempo el partido recaudó más de 60.000 euros de cuotas pendientes de afiliados. La tesis que defiende el PP en el pleito es que la mayor parte de ese dinero procedió de “donaciones altruistas de altos cargos del partido”, entre ellos, el propio Mañueco. El entonces regidor de Salamanca y contendiente en las primarias aportó una cantidad discreta, y desde luego no la más alta, para que el partido seleccionase a afiliados morosos a los que pagar la cuota y que estos pudiesen votar.
Los cargos electos del partido que han declarado hasta el momento ante el juez no han sabido precisar a quién entregaron el dinero en el partido, si lo hicieron en un sobre e incluso a qué afiliados morosos estaban pagando la deuda. El juez entiende que fueron donaciones finalistas, expresamente prohibidas por la Ley de Financiación de Partidos, y no el “pago de una deuda a terceros” como sostiene el PP.
La declaración de Mañueco no cuadra con los extractos bancarios que se presentaron hace año y medio
El PP de Salamanca recaudó en aquella semana 61.937,65 euros y de ellos, 41.490 salieron de lo que el presidente provincial, Javier Iglesias, y algunos cargos electos denominaron “decisión espontánea” de cargos del Partido Popular a nivel provincial, autonómico y nacional. Según esa tesis se entregaron cantidades que oscilaron entre los 300 y los 1.000 euros por cabeza. De las 39 declaraciones juradas que constaban en el procedimiento hasta hace unos días se concluye que mediante ese sistema de recaudación se consiguieron 17.350 euros. Pero faltaban 24.140 euros que nadie sabía cómo se habían pagado. Esta cantidad es la que se trata de justificar ahora con estas nuevas declaraciones que reconocen cifras con picos, no redondas, incluida la del actual presidente de Castilla y León y candidato a la reelección.
Sin embargo, sigue habiendo dudas, porque aunque el PP no presentó hace año y medio el total de declaraciones juradas de los donantes, sí aportó extractos bancarios y recibos de cajeros, y estos suponen una cantidad inferior a la que se intenta justificar ahora. Por ejemplo, en el caso de Mañueco, se aportaron recibos de dos extracciones de cajero una semana antes de convocarse las primarias, y eran de 600 y 300 euros, por lo que habría aportado 900 euros y no los 1.000 que declara ahora.
Aparecen afiliados que pusieron más dinero que cargos electos y cifras con 'picos'
Tampoco las nuevas declaraciones coinciden con lo que se contó al juez: que se aportaban cantidades de entre 300 y 1.000 euros. El PP de Salamanca aporta ahora, cinco años después de aquellas primarias, una relación de entregas en las que figuran cantidades inferiores, 60 euros de algunos afiliados, no cargos electos, y superiores, como la del actual alcalde de Salamanca, entonces concejal de Mañueco, Carlos García-Carbayo, que entregó 1.700 euros; la de la diputada nacional María Jesús Moro, que puso 1.100; o una diputada provincial María Jesús Picado, que aportó 1.240. Y constan también afiliados de base que llegaron a poner más dinero que los propios cargos electos, como una que aportó 700 euros, frente a los 150 de algunos concejales o los 300 de asesores del Ayuntamiento de Salamanca o la Diputación.
El PP de Salamanca explica en un escrito al juzgado que “todas las personas y cantidades a las que se refieren tales declaraciones juradas ya constan en el listado aportado en su momento”, por lo que, “únicamente, se trata de complementar a efectos probatorios tales recibos bancarios presentados al haber sido, en último término, cuestionados, a diferencia de las declaraciones juradas presentadas por el resto de personas. Pero además, el presidente del PP de Salamanca, que está imputado en el caso, también se dirige al juzgado para resaltar que se trata de una ”prueba de enorme relevancia y trascendencia“ a efectos de la resolución del recurso de apelación que ha presentado contra el auto del pasado 24 de noviembre que le citó a declarar en calidad de investigado. Su abogado entiende que la citación se produce porque no se habían justificado los 24.140 euros. ”Con las declaraciones juradas que se han aportado ha quedado perfectamente claro y justificado ese importe de 24.410 euros“, afirma. ”Como consecuencia de ello, lógicamente, han desaparecido, en palabras del auto de 24 de noviembre los “indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político previsto y penado en el artículo 304 bis, apartados 1 y 5, del Código Penal, que pudiere haber sido cometido por el Partido Popular de Salamanca a través de su presidente, Javier Iglesias y de su gerente, Isabel Sánchez”, concluye.
Un listado que no se presentó “por error en 2020” y que se ha firmado ahora
Añade además, al contrario de lo que afirma el escrito del PP, que se ha presentado un listado “que por error se creyó aportado en septiembre de 2020”, en el que figuran todos los donantes. “Esta parte, obviamente, desconocía ese error, y se extrañaba por ello de ciertas afirmaciones de algún escrito de la Fiscalía y alguna resolución del propio juzgado”, asegura. Para el letrado tanto las nuevas declaraciones juradas como el listado “cierra definitivamente la puerta a cualquier 'anonimato'” y pide que se remitan también a la Audiencia Provincial, quien tiene que resolver el recurso de Iglesias con el que intenta evitar declarar como imputado. El listado, al que ha tenido acceso este diario fue firmado electrónicamente el pasado 18 de febrero de 2022 y no en 2020.
El presidente de Castilla y León tampoco ha explicado cual fue la razón que le llevó a pagar esos 1.000 euros, ni el por qué de hacerlo en metálico y si el haber hecho frente a esas deudas para que los militantes morosos pudieran votar en sus primarias conllevaba algún tipo de contraprestación o compromiso a la hora de votar.
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