La Audiencia de Valladolid impedirá difundir imágenes del expresidente de la Junta de Castilla y León como testigo en el caso Perla Negra, cuyo juicio empieza el próximo 14 de marzo. Juan Vicente Herrera será uno de los 90 testigos y peritos que están citados a declarar en el juicio por el presunto sobrecoste millonario del edificio Perla Negra para la Consejería de Economía en Arroyo de La Encomienda (Valladolid).
Según las indicaciones que ha remitido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a los medios, los periodistas pueden grabar audio y vídeo y obtener imágenes fijas durante los primeros diez minutos de cada sesión, pero “el rostro de testigos y peritos no puede ser grabado ni emitido”, algo que solo se contempla habitualmente si los testigos son menores de edad o un testigo protegido. En otros procesos judiciales como el de la caja B del Partido Popular, la imagen de testigos como el expresidente Mariano Rajoy pudo ser grabada y difundida por los medios de comunicación. El audio de toda la vista sí podrá grabarse y emitirse.
Además, las imágenes no podrán emitirse parcial o completamente, ni en directo ni en diferido. Solo se pueden usar las grabaciones “para elaborar piezas informativas”. Las declaraciones de los acusados sí podrán grabarse por completo.
El TSJ ha remitido a primera hora de la tarde un comunicado en el que ha defendido que la no grabación de los rostros de testigos y de peritos es “habitual” en los juicios que celebra la Audiencia Provincial. El TSJ mantiene que la guía para medios donde se concreta la cobertura informativa de los juicios es “siempre” aprobada por el órgano judicial que celebra la vista. Es este caso, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha tomado la decisión final tras la propuesta del TSJ.
Doce personas, entre las que figuran exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios, se sentarán en el banquillo de los acusados. El juicio empezará el 14 de marzo y se dilatará hasta el 29 de abril.
También forma parte del caso la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona y por los que la Junta de Castilla y León también pagó más de lo que costaban. Ambas operaciones tienen en común a empresarios que se beneficiaron y como presuntos responsables a personas que formaban parte de la cúpula de Economía.
La declaración de Herrera fue solicitada por la defensa del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, principal acusado de una causa en la que figura también como acusada su sucesora en el cargo, Begoña Hernández.