El sindicato UGT pide a la Fiscalía que abra diligencias e investigue la gestión en 13 residencias públicas y en 6 residencias privadas durante la pandemia de la COVID-19. La denuncia se centra en las residencias públicas puesto que la Consejería de Familia solo proporciona datos desagregados de los centro públicos. En Castilla y León existen 1.214 residencias de ancianos y de personas con discapacidad: solo 25 son públicos.
De esta manera, UGT presenta denuncia por la gestión en 1 residencia en León (la de Armunia), 1 en Palencia (Puente de Hierro), 2 en Salamanca (residencias de atención a minusválidos psíquicos de Béjar y La Salle), 2 en Segovia (la residencia asistida y la residencia mixta), 3 en Valladolid (Parquesol, de la Junta y las dos de la Diputación) y 3 en Zamora (Centro regional de Minusválidos Virgen del Yermo, la residencia Los Tres Árboles y la residencia mixta 'Los Valles' de Benavente).
Además, también figuran en la denuncia otras seis residencias privadas de Valladolid, pero no han querido proporcionar el nombre para no entrar “en una caza de brujas”.
“Hemos decidido recabar datos y presentar estos escritos a la Fiscalía”, ha señalado el secretario General de FeSP-UGT Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, quien ha informado de que la Fiscalía de Zamora ya ha anunciado que inicia esas diligencias. “No es una causa general. El sistema ha fracasado. Hablamos de residencias que cobrarban 2.000 y 2.500 euros y no había ni un médico ni un enfermero”, ha insistido Urueña.
Se trata de denuncias individualizadas. “Nos llama la atención que unas hayan tenido ningún contagiado, o uno, y otras han tenido cincuenta. Algo ha pasado”, ha indicado Urueña, que ha ejemplificado la situación con la residencia de Armunia en León. “Hasta el 26 de marzo no se distribuyen mascarillas quirúrgicas o ffp2. El 30 de marzo todavía se hacían batas con bolsas de basura 46 positivos y 11 fallecidos”.
2.493 fallecidos por COVID-19 o con síntomas
Desde que comenzó la pandemia, han fallecido 2.493 usuarios en los hospitales o en los centros residenciales con la COVID-19 confirmada o con síntomas compatibles con esta enfermedad. De todos estos, solo 239 corresponden a los 25 centros públicos. El 77% de todos los fallecidos por COVID-19 en Castilla y León vivía en residencias.
UGT pone el foco en las residencias públicas porque son las únicas de las que se tiene información a pesar de que el sindicato ha solicitado a la Consejería de Familia que entregue la información desagregada también en las residencias privadas, cuyos datos permanecen ocultos. El miedo de muchas trabajadoras a represalias o despidos impide que se puedan realizar denuncias públicas de cuál es la situación en los centros.
En muchos casos, ni siquiera las propias empleadas conocen con exactitud la situación. “Lo que no se nombra, sí existe, y lo que no se persigue, queda impune”, ha afirmado la secretaria de Dependencia FeSP-UGT Castilla y León, Fonsi Bonafonte, quien ha criticado que existan ratios “de hace veinte años”. “Queremos transparencia, claridad, que se nos diga qué es lo que ha pasado. Tenemos suficientes medios tecnológicos y telemáticos para hacerlo”, ha remachado el secretario General de FeSP-UGT Castilla y León.
Por su parte, el secretario de Autonómica FeSP-UGT Castilla y León, Julio Martín, ha criticado que Prevención de Riesgos Laborales en la Gerencia de Servicios Sociales “no ejerce su labor de protección” y se limita “a desplazar a los trabajadores a Atención Primaria y a sobrecargarla”. El responsable ugetista ha reprochado que a la mayoría de trabajadores de Servicios Sociales que ha utilizado las mascarillas defectuosas no se les haya realizado “ningún tipo de prueba”. “Hemos solicitado que se les haga un PCR por Salud Pública y por el trabajo dentro de los propios centros. Es una urgencia más que evidente,”, anuncia Martín.
Pide una comisión de investigación en las Cortes
El sindicato ugetista también se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León para pedirles que soliciten una comisión de investigación “para dilucidar todas las dudas creadas por la gestión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades”. Además, UGT solicita una reunión para expresar la información que han recabado, sus dudas y peticiones.
Queja ante el Procurador del Común
El Procurador del Común -el defensor del pueblo de Castilla y León- también ha recibido una misiva de UGT. En esta carta, el sindicato expone el problema de la distribución de mascarillas defectuosas entre el personal sanitario y no sanitario de Sacyl y la Gerencia de Servicios Sociales. “Estas mascarillas fueron sospechosas de no cumplir los requisitos de calidad en la protección que prestaban”, explica el sindicato, que denuncia que a unos profesionales que las han utilizado se les ha informado de la necesidad de acudir “inmediatamente” al Servicio de Prevención para realizarles las pruebas y a otros no, después de haberse demostrado su “ineficacia y retirada”.
“Esta actuación, de ser cierta, sería a nuestro entender muy grave”, advierte UGT, que solicita al Procurador del Común, Tomás Quintana, que investigue este asunto “independientemente de las denuncias públicas, mediáticas y a la Inspección de Trabajo”. También solicita una reunión con Quintana para explicar la situación que se está produciendo y “aportar las pruebas” que posee el sindicato. El Procurador del Común ya ha informado de que les citará “en breve”.