José Luis Ulibarri, dueño del 50% de Televisión Castilla y León, varios periódicos como El Mundo de Castilla y León y emisoras de radio, se enfrenta a 21 años de prisión en dos piezas distintas de la Gürtel. El empresario modélico está en cuestión desde que se le imputó hace 11 años, pero la lentitud de la Justicia ha hecho que la maquinaria de adjudicaciones siguiese funcionando.
Su situación procesal ahora no sólo le preocupa a él, también al Gobierno autonómico, que financia la televisión con cantidades que oscilan entre los 18 y los 20 millones de euros anuales. Una condena firme impediría que se adjudicasen subvenciones o contratos públicos a sus sociedades, que no sólo engloban medios de comunicación, también a los servicios sociosanitarios. Para evitar el desplome de ingresos, Ulibarri ha ido saliendo de los consejos de esas mercantiles en favor de sus hijos. El pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos establece que no habrá subvenciones o contratos “a personas o empresas cuyos accionistas mayoritarios, directivos o altos cargos hayan sido condenados en firme en asuntos de corrupción. Dicha prohibición se mantendrá durante al menos 5 años”.
La Junta de Castilla y León difícilmente va a poder justificar adjudicaciones o subvenciones directas para un empresario que figura en dos causas del caso más grave de corrupción que afecta al Partido Popular. Tal y como publicó elDiario.es, en la pieza de Boadilla del Monte la Fiscalía solicita para José Luis Ulibarri 7 años y 1 mes de prisión por presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Según el juez instructor, José de la Mata, la empresa de Ulibarri, UFC SA, consiguió la adjudicación de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla por 35 millones de euros y se habría pagado un millón de comisión ilegal que se encubrió con pagos de servicios que no se prestaron.
El maquillaje de esos pagos que recibía es la parte que aborda la pieza Correa y que desmonta las operaciones realizadas para encubrir el fraude fiscal de Francisco Correa, el hombre que recogía las mordidas del PP a las empresas a las que concedía adjudicaciones. Tanto Correa como Pablo Crespo, líderes de la trama se enfrentan a 77 años de prisión por el entramado creado para eludir los pagos a Hacienda ocultando los fondos que habían obtenido. Correa habría ocultado más de 24 millones de euros y todo mediante dinero en efectivo que integró en la 'caja B' de sus empresas mediante un entramado societario y financiero en el extranjero y en España.
Así, se elaboraron facturas falsas “con el fin de ocultar los servicios realmente prestados o su destinatario final, o para simular el pago de servicios inexistentes que no solo facilitaban la deducción indebida de los correspondientes gastos, sino también la generación de fondos opacos con los que abonar parte de las dádivas entregadas a cargos públicos”.
En esa causa, que coloca a Castilla y León en Gürtel, Ulibarri se enfrenta a una petición de 14 años de cárcel porque es uno de los empresarios que, presuntamente, participó en esa trama que falseó facturas por servicios no prestados. Pero no es el único leonés que está imputado, también aparece otra constructora leonesa, Teconsa.
Tal y como relata la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, Correa recibió por su ilegal intermediación en adjudicaciones públicas en Castilla y León varias cantidades. En 2002 obtuvo 49.763 euros por la adjudicación del “Expediente 1.2-BU-10, variante conjunta de Villanueva de Mena, Villasana y Entrambasaguas. C-6318, de Bilbao a Reinosa, puntos kilométricos del 41,450 al 46,100, provincia de Burgos” por la Consejería de Fomento de Castilla y León, a cargo en ese momento de José Manuel Fernández Santiago.
En 2003 un importe 120.500 euros relacionado con la adjudicación del “Proyecto global de construcción del centro de tratamiento de residuos urbanos, depósito de rechazos y accesos, para la gestión de los residuos urbanos de los municipios de la provincia de Salamanca”, situado en Gomecello, por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, entonces al cargo de Silvia Clemente; y un importe de 31.150 euros también en el año 2003 por la adjudicación del “Proyecto de construcción de la variante de Olleros de Alba (León) carretera C-626, de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo, tramo de Olleros de Alba pk. 4, 100-8,600”.
Gürtel Castilla y León, corto recorrido en el TSJ, pero no para la causa en la Audiencia Nacional para los empresarios
Gürtel sí que llegó a a los tribunales de Castilla y León aunque tuvo un corto recorrido. Los hechos relacionados con la Variante de Olleros de Alba fueron objeto de diligencias previas tramitadas ante el Tribunal Superior de Justicia y acabaron archivadas en 2012 por prescripción de los delitos de prevaricación y cohecho al considerar que no concurrió ninguna irregularidad penalmente relevante en la adjudicación de la obra, sin perjuicio de estimar al mismo tiempo indiciariamente acreditados los distintos pagos y su vinculación con aquella. Es decir, los delitos no se descartaron entonces, y actualmente, son sus beneficiarios quienes se sientan en el banquillo, pero no aquellos que tuvieron el poder de adjudicar.
Respecto al papel de Ulibarri, la Fiscalía se refiere a la ocultación de ingresos de Francisco Correa procedentes de la venta del barco Carmen Junior III, al leonés. En el año 2005 tanto desde Easy Concept como desde Good & Better SL se emitieron facturas a empresas relacionadas Ulibarri “que no se correspondían con servicios realmente prestados, sino que iban dirigidas a ocultar el precio abonado por aquel a Francisco Correa por la compra de la embarcación” y a poder deducirse esos gastos por las empresas receptoras.
Ulibarri y el barco de Correa
Correa había comprado el barco en 2001 para su uso personal, no obstante lo cual y con el fin de ocultar su verdadera titularidad, realizó la compra a nombre de Pasadena Viajes por un precio de venta de que se declaró en 39.500.000 de pesetas. Pero según la Fiscalía “el importe realmente abonado, descontando los correspondientes gastos, ascendió a 67.972.562 pesetas”. La diferencia fue pagada en el año 2001 en efectivo, 7 millones de pesetas desde la Caja B y las restantes 21.472.562 pesetas (129.052,7 euros) de fondos opacos no depositados previamente en ningún banco.
En 2005 Francisco Correa vendió el barco a José Luis Ulibarri que lo adquirió a través de su sociedad Conseil de Cabinet SA declarando únicamente 192.323,87 euros -223.095,69 euros con IVA- de los 420.788,77 euros -488.114,97 euros con IVA- realmente abonados. “José Luis Ulibarri y Francisco Correa convinieron que la cuantía restante, 228.465 euros, se enmascarara, con el fin de ocultar el verdadero motivo y final destinatario de la entrega de los fondos, como servicios prestados por sociedades vinculadas y gestionadas por el primero a entidades relacionadas con Francisco Correa acordando, asimismo, que los supuestos servicios se reflejaran falazmente en las siguientes facturas”, dice la Fiscalía. Así, recoge una serie de supuestos servicios prestados por la constructora de Ulibarri, Begar y por su inmobiliaria Peñalba.
También se refiere la Fiscalía a una operación del año 2006, cuando se concluyeron las gestiones para la venta de la finca de El Escorial, eligiéndose por unanimidad de los socios la oferta de José Luis Ulibarri, efectuada en representación de UFC SA, que proponía un precio de 8.500.000 euros y en la que se eludieron impuestos como el de patrimonio mientras se recibían mordidas para conseguir los permisos necesarios para instalar una estación de servicio.
Ulibarri, uno de los cooperadores necesarios en los delitos de Correa, según la Fiscalía
Así, el Ministerio Fiscal considera a Ulibarri cooperador necesario junto a otros imputados, del delito contra la Hacienda Pública que cometió Correa por el concepto IRPF correspondiente al año 2005, de otro delito contra la Hacienda Pública por el concepto de Impuesto sobre el Patrimonio, también en 2005, de delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IRPF de Francisco Correa correspondiente al año 2006, del delito contra la Hacienda Pública por el concepto de Impuesto sobre el Patrimonio de Francisco Correa correspondiente al año 2006, de delito de blanqueo de capitales referido a la ocultación del patrimonio de Francisco Correa son responsables a título de autor , del delito de falsedad continuada en relación con los delitos contra la Hacienda Pública por el concepto de IRPF, IP de Francisco Correa, y del blanqueo de capitales relacionados con la ocultación de fondos de Francisco Correa.
Pero además de los 14 años de prisión que suman estos presuntos delitos, Fiscalía pide multas que superan los 20 millones de euros así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 4 años.