El vicepresidente de Vox Valladolid, Félix Ángel Rodríguez Rodríguez, fue sancionado con una suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día porque ha compatibilizado su función de policía municipal con la gestión de tres empresas, una de las cuales facturó al Consistorio e incluso obtuvo una subvención del mismo sin haber solicitado la compatibilidad necesaria como funcionario público. La sanción se impuso a finales de 2021, momento en que el policía la asumió.
Tal y como se reconoce en la propia web de Vox Valladolid, Rodríguez es funcionario del del Ayuntamiento de Valladolid desde 1993 y “empresario del sector artes gráficas, alquiler de vehículos e Impresión 3D”. En el expediente que concluyó con la sanción por una falta “muy grave”, y al que ha tenido acceso elDiario.es, se acreditó que el vicepresidente de Vox y policía municipal era administrador único y apoderado solidario de Hermespluto SL desde 2011. Esta sociedad tiene como objeto el alquiler de vehículos con y sin conductor y servicios de chofer. También era presidente del consejo de administración y consejero delegado Solidario por tiempo indefinido de la mercantil Dima 3D SL cuyo social es la promoción de nuevas tecnologías de producción y fabricación directamente y a través de terceros desarrollando proyectos de I+D+I, y por último, era administrador único en la mercantil Gráficas Malpica SL desde el 21 de enero de 2011 conforme escritura autorizada en la citada fecha, ejerciendo el cargo por tiempo indefinido según los estatutos sociales. El objeto social de la empresa es la impresión digital, con tienda de papelería y fotocopias.
Así, se establece en el expediente que Rodríguez realizó “actividades privadas inherentes al ejercicio del desempeño de los citados cargos en las citadas sociedades mercantiles fuera del Ayuntamiento de Valladolid desde los años 2011 y 2013 sin que conste que para el ejercicio de las mismas se haya autorizado el reconocimiento de compatibilidad por parte del Ayuntamiento de Valladolid, ni siquiera consta acreditado solicitud ni puesta en conocimiento de la situación para su valoración antes de la apertura del procedimiento disciplinario”. Rodríguez reconoció al Ayuntamiento que cobraba una nómina de Gráficas Malpica, que tiene además un establecimiento abierto al público y que ha tenido actividad mercantil con el propio Ayuntamiento Valladolid, por la prestación de servicios e incluso una subvención concedida.
Además desde de la propia Policía Municipal de Valladolid se han tramitado denuncias por infracciones a las normas en materia de tráfico urbano respecto a las sociedades mercantiles Gráficas Malpica SL y Hermespluto SL. “La conducta desplegada por el señor Félix Ángel Rodríguez Rodríguez supone una ruptura de la confianza que debe presidir el ejercicio de las funciones propias en su condición de Policía Municipal como Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Ejerce su profesión como agente de la Policía Municipal en Valladolid, ostentando al mismo tiempo un poder de dirección y gestión en las citadas empresa, inherente a las funciones que ostenta en sus cargos directivos, en definitiva la realización de actos del tráfico mercantil,(facturando por la prestación de servicios en unos casos y subvenciones, reconociendo expresamente el carácter retribuido de alguno de los cargos, incluso teniendo una nómina, liquidando impuestos, cuentas anuales…) y lo hace en cargos directivos desde hace unos diez años, es decir una actividad continuada y regular, lo que se configura todo ello como una actividad en sí misma, incompatible con el ejercicio de la función policial, de un funcionario que además trabaja a turnos”, explica el expediente. Un dato que se aporta es un informe de Recursos Humanos del Consistorio en el que se precisa que no hay “ninguna autorización” de compatibilidad vigente para ningún agente de la Policía Municipal para compatibilizar su puesto con actividades mercantiles.
“Empresas familiares” y “ventas anecdóticas”
En su descargo, Rodríguez aseguró que se trataba de empresas familiares donde se produjo “un relevo generacional”, que apenas tenían facturación y trabajadores y que su remuneración, desde 2019, había sido “en especie”. Además tilda de “anecdóticas” las ventas realizadas al Ayuntamiento, y matiza que la subvención que recibió una de sus mercantiles, nada tiene que ver con su puesto de policía.
Además, apuntó que su conducta durante 28 años en el Cuerpo de Policía es “ejemplar” y que ha realizado sus funciones “con imparcialidad y defendiendo la legalidad sin que haya motivos de la ruptura de confianza” pues “no se acredita relación de las empresas con el Ayuntamiento”. Según él, se realiza un “juicio de incompatibilidad” sin tener en cuenta que pertenecen a su “patrimonio personal y familiar y que este tipo de cargos en empresas tan pequeñas son más formalistas , son meros títulos mercantiles, realizando funciones de firmar cuentas, presentar impuestos, no realizando trabajo personal alguno que impida compatibilizar su profesión y sus horarios laborales con estos”.
Todos los argumentos del policía se rechazan. Entre otras cosas se subraya que la facturación de trabajos al Ayuntamiento de Valladolid, teniendo trabajadores en dichas empresas, solicitando y recibiendo subvención, liquidando impuestos o la apertura de expedientes sancionadores en materia de tráfico que son susceptibles de control por parte de la Policía Municipal incluido en el propio Distrito en el que desarrolla la actividad evidencia que existe actividad de las empresas, en el que realiza actividades de gestión y dirección que la Jefatura del Cuerpo de Policía y el propio Ayuntamiento no tenía conocimiento y en consecuencia no constaba autorización pertinente. No se comparten tampoco las alegaciones para minimizar la actividad en las empresas alegando que se trata de alquiler de vehículos de época exclusivamente para bodas o que apenas ha tenido actividad por la pandemia, cuando la actividad de control por parte de los vehículos incluidos los de alquiler por la Policía Municipal no excluye los mismos y se trata de una actividad prolongada y regular de diez años.
Las tres empresas cambiaron de manos en agosto de 2021, poco después de que el Ayuntamiento abriese el expediente contra Rodríguez. El agente ya creó cierta polémica en octubre de 2020, cuando en su cuenta de twitter llamó a la rebelión social por el estado de alarma.