La residencia de mayores intervenida por la Junta de Castilla y León en Adrada de Haza (Burgos) tenía sólo 2 trabajadores en activo para cuidar de 48 ancianos, según han confirmado fuentes de la Consejería de Familia. Fue la insistencia de varios familiares de la residencia Valle del Cucó Ribera del Riaza, lo que alertó a las autoridades de la Comunidad.
La familiar de uno de los ancianos ingresados que prefiere mantenerse en el anonimato explica a eldiario.es que llevaban meses preocupados por “la mala gestión de la residencia”, la galopante falta de personal y la escasa información que recibían sobre la situación de sus allegados. La crisis del coronavirus les puso en alerta ante el alto número de bajas que se habían producido entre la plantilla y, sobre todo, después de descubrir el fallecimiento de uno de los residentes del que desconocen si tenía COVID-19.
Según cuenta esta familiar, aunque las residencias de ancianos, “por obligación tienen que tener personal sanitario, la enfermera y el medico estaban de baja”. La única atención que recibían los usuarios era la visita de una médica rural que iba “una o dos veces por semana”. La Junta de Castilla y León confirma que cuando llegaron los servicios sociales a la residencia el miércoles sólo encontraron a dos personales en activo, que según los familiares eran la recepcionista y una auxiliar. Según los familiares, 14 de los residentes tenían síntomas compatibles de coronavirus y estaban aislados.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que la intervención se ha llevado a cabo en Adrada de Haza después de los servicios sociales comprobasen que el centro no disponía del personal necesario para hacerse cargo de los ancianos. Desde este jueves hay un nuevo director y personal de refuerzo. Además, según ha anunciado Igea, se ha comunicado el caso a la Fiscalía.
Falta de información
Los familiares que han denunciado la situación cuentan que la presidenta de la Asociación Valle del Cucó les había transmitido que “todo estaba bien” y que tenían personal “suficiente”. Pero su desconfianza les hizo empezar a moverse. Una de los familiares estuvo tratando de ponerse en contacto con las autoridades. “Hablé con el departamento de epidemias y con la Gerencia de residencias de Burgos”, cuenta a este diario. La Guardia Civil, explica, fue en dos ocasiones sin detectar mayores problemas. “No les dejaron pasar de la recepción”, denuncia la familiar.
Fue la intervención de la alcaldesa de Adrada de Haza, María Luisa Plaza Lázaro, lo que ha logrado resolver la situación, según cree una de las familiares. Plaza, sin embargo, alaba la actitud de las familias. “Son los familiares quienes dieron la voz de alarma”, explica. La regidora se puso en contacto con la Consejería de Sanidad y con la Gerencia de servicios sociales. Desde la alcaldía también se alertó a la Subdelegación del Gobierno en Burgos y a la Diputación provincial. Plaza se congratula: “Hemos llegado a tiempo”.
El miércoles los servicios sociales de la Junta de Castilla y León comprobaron in situ la escasez de personal, lo que ha obligado a la Junta a intervenir. Una de las mujeres que ha denunciado la situación cree que han sabido “tocar las puertas correctas”. Asegura que llegó a pensar en sacar a su familiar de la residencia pero que ahora, con la intervención de la Junta, están todos “muchos más tranquilos”.
Según ha podido saber esta familiar, el miércoles por la noche llegó más personal a la residencia. “No sabemos qué les deparará a los responsables, pero ojalá que la Justicia haga bien su trabajo”. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no ha validado la intervención de las residencias porque la Junta ha entregado un borrador de texto legal no aprobado.