Vox y el campo: azuzar las protestas sin ejecutar sus grandes promesas de cambio

El día de San Valentín fue la fecha elegida por Vox para meter presión al Partido Popular llevando a Bruselas a sus consejeros de Agricultura en los gobiernos de coalición con el PP, más el de Medio Rural, de Extremadura. Los dirigentes del partido de extrema derecha a cargo de esas áreas en Castilla y León, Comunitat Valenciana y Aragón se reunieron con el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski –también del espectro de la ultraderecha polaca–, para pedirle un “cambio radical” de la Política Agrícola Común (PAC) y hacerla “productiva y realista”.

Es la respuesta del partido que lidera Santiago Abascal a las semanas de protestas del sector agrario y ganadero con tractoradas y carreteras y autovías cortadas, que dejan la pelota en el campo del Gobierno de España pese a gestionar esta materia en sus autonomías. Incluso el consejero de Aragón, Ángel Samper, pidió a los manifestantes “mantener la tensión”, para lograr que la “UE doble la rodilla”. Samper, exdirigente de Asaja, es conocido por la divulgación de bulos sobre la eliminación de pantanos y mantener las habituales diatribas de la extrema derecha contra la Agenda 2030 o la Ley de Bienestar Animal.

Los consejeros de Abascal firmaron en Bruselas un comunicado conjunto en el que llegaban a afirmar que “no es ético que los cerdos vivan mejor que las personas”, cuestionando la política agraria europea y pidiendo que se revise “en el contexto geopolítico y económico actual”, además de pedir que se revise la Agenda 2030 en lo que afecta al sector.

Pero la realidad de la gestión de los consejeros de Vox en sus comunidades es distinta, sin acciones reales prácticas más allá de manifestaciones a favor del sector, y todo pese a que las competencias agrarias están en las autonomías desde hace años.

Disturbios en Castilla y León y desafío a la normativa europea

El pacto de PP y Vox para gobernar en Castilla y León cumple dos años con la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en manos de Gerardo Dueñas, ex alto cargo de Asaja en Castilla y León. En este tiempo su gestión ha tenido algunas de las mayores polémicas del gobierno autonómico, con el asalto ganadero a la Delegación de la Junta de Castilla y León como punto álgido, y una continuidad de las políticas que aplicaba el PP en sus años de gestión.

La última polémica viene por la privatización parcial de los saneamientos ganaderos, al permitir que veterinarios ajenos a los Servicios Oficiales puedan trabajar en los planes de alerta sanitaria, los programas sanitarios de vigilancia, control y erradicación de enfermedades o en los programas especiales de acción sanitaria. Una acción que levantó a los veterinarios en pie de guerra, que llevan toda la legislatura cuestionando los estándares sanitarios que la consejería quiere aplicar acusándola de poner en riesgo la salud “de personas y animales”, aunque el texto final de la orden rebaja las pretensiones iniciales de la consejería a falta de ver su aplicación práctica.

La Junta pretendía además crear nuevos altos cargos de la consejería, algo que según el sindicato CCOO era una maniobra para sustituir a los funcionarios. En diciembre el sindicato denunció que la orden para crear nuevos cargos -director regional y coordinador provincial- por encima de la estructura orgánica habitual, socavaba el principio de méritos para “promocionar los nombramientos a dedo”.

Desde la llegada de Vox a la consejería de Castilla y León los cambios en el programa de saneamiento ganadero han generado una amplia polémica, en una comunidad con zonas muy afectadas por la tuberculosis bovina y por la enfermedad hemorrágica epizoótica. Los tribunales de Justicia rectificaron la decisión de Vox de relajar los controles, que obligaron al Gobierno de España a limitar el tránsito de animales para garantizar la sanidad veterinaria del país.

La gestión de la tuberculosis bovina se saldó en junio de 2023 con un asalto violento a la Delegación del Gobierno autonómico en Salamanca, cuando buscaban al jefe de sección encargado de los controles veterinarios. Hubo un detenido y once policías heridos y el consejero, Gerardo Dueñas, evitó condenar explicitamente el asalto, limitándose a “lamentar y rechazar” los sucesos. Varios consejeros del PP sí hicieron condena de los hechos, denunciando la oposición que eran consecuencia de los posicionamientos de Vox.

En materia agraria los cambios de Vox han sido más imperceptibles, con continuidad a las políticas que desarrollaba el Partido Popular basadas en la ampliación de regadíos y en cuestionar las políticas europeas, esfuerzo al que ha dedicado buena parte de su tiempo el consejero Dueñas. 

De uno de sus proyectos estrella, la Ley de Dinamización y Desarrollo Rural, que iba a incluir incentivos fiscales para “atraer gente” al campo de Castilla y León, no se sabe nada todavía. Pese a anunciar que estaría en vigor a principios de 2024, no hay todavía un texto público más allá de pedir ideas a la ciudadanía en la fase de consultas previas realizadas el pasado mes de otoño.

La última polémica de Vox y el campo en Castilla y León la protagonizó el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, que cuando salió a saludar a una tractorada en Valladolid se llevó reproches por acudir a “hacerse la foto”, exigiendo los manifestantes que “Menos aplaudir y más hacer”.

Ayudas perdidas en la Comunitat Valenciana

Hasta la fecha, la acción de Vox en la Conselleria de Agricultura de la Comunitat Valenciana ha sido testimonial y reivindicativa, cargando contra la Política Agraria Común y los tratados comerciales europeos. El acuerdo de PP y Vox tras las últimas elecciones autonómicas llevó al partido a asumir una vicepresidencia y dos consellerías, una de ellas Agricultura.

Este miércoles el conseller José Luis Aguirre viajó a Bruselas junto a sus colegas de Vox en las otras autonomías que cogobiernan con el PP para pedir la reactivación de los fondos de crisis para conceder ayudas por la sequía y trasladar que, a su criterio, hay demasiada burocracia. Más allá de la retórica, las políticas de la conselleria que gestiona la extrema derecha han sido más bien escasas.

La conselleria trabaja en algunas estrategias de respaldo, que están en fase de elaboración o de consulta pública. Entre ellas, una línea de financiación para agricultores y ganaderos, una subvención para adaptarse a las inundaciones (de 2,5 millones de euros en total) o líneas de investigación a través del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. En la presentación de los presupuestos, el conseller indicó que aumentaría la partida para ayudar a contratar seguros agrarios hasta los 32 millones de euros (un 13% más). En cuanto a la dotación económica, se han abonado ayudas de la PAC, así como fondos destinados a mantener el paisaje en la huerta. También han instaurado la vacunación obligatoria del ganado bovino por un caso detectado de 'lengua azul' en Alicante.

Al departamento que dirige José Luis Aguirre le llovieron las críticas por no complementar ayudas europeas, como hicieron otras comunidades autónomas para paliar la sequía y los efectos de la guerra en Ucrania. Sindicatos agrarios y la oposición en las Corts denunciaron esta cuestión. Compromís reprochó a Vox haber dejado que se perdieran ayudas enmarcadas en la PAC por mala gestión y han denunciado retrasos en los pagos.

Respecto a las protestas recientes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el conseller de agricultura se reunieron el martes con las principales asociaciones agrarias para reactivar un foro institucional. Ambos insistieron en la responsabilidad del Gobierno de España y de Bruselas sobre los problemas del campo: “La moneda de cambio de la UE ha sido la agricultura mediterránea, y eso se tiene que acabar”, dijo el popular.

Sobre las reivindicaciones de los agricultores, según apuntan, no se traslada ninguna respuesta en concreto en estos encuentros, más allá del apoyo al sector, trasladan los agentes agrarios, que insisten en que las comunidades autónomas tienen competencias. En relación a las protestas no se ha tomado ninguna medida, apuntan las organizaciones agrarias. “Es importante hablar de la Unión Europea, pero las comunidades tienen sus competencias”, afirman desde la Unió de Llauradors. Pidieron que se habilitarán ayudas para viñedos y olivares, que quedaron fuera de las estatales, así como vacunación del EHE, de las que tampoco saben nada.

En Aragón, promesas “enterradas”, según el PSOE

El peso de Vox en el Gobierno de Aragón se tradujo, el pasado mes de agosto de 2023, en otorgarle dos consejerías y una vicepresidencia. Una de las consejerías fue la de Agricultura, que fue a caer en las manos de Ángel Samper. Desde entonces, y con el campo en pie de guerra, la consejería ha ido tomando medidas, aunque no con la celeridad que prometían.

En los presupuestos sí que se ha notado la influencia de Vox, puesto que la partida destinada a este departamento aumentó un 42,18% respecto a los anteriores presupuestos. Según explicaron, los objetivos de estos fondos son mejorar la relación entre el sector y la administración, la mejora y creación de regadíos, sanidad animal y mejora de seguros y PAC.

En septiembre se aprobó una partida de entre 120 y 130 millones de euros en crédito contra la sequía, que se consignarán como plus para los años 2023 y 2024. La medida consiste en ampliar la ayuda de la línea del Ministerio abierta para financiar las necesidades generales de la actividad agrícola y ganadera, ante la pérdida de rentabilidad por causa de la sequía y otros fenómenos climáticos adversos. En esta línea, el Ministerio abonará al beneficiario de una sola vez, hasta un 15 % del capital formalizado. Con la medida tomada desde Aragón, se abonará otro 5% adicional.

Sin embargo, la gestión de Vox al frente de la consejería ha tenido críticas por parte de la oposición, el PSOE de Aragón ha acusado a Ángel Samper de “enterrar” las principales demandas del sector agrario al llegar al Gobierno autonómico. Por ello, ha reclamado al consejero de Agricultura que “cumpla, de forma inmediata, con lo que prometió al llegar al cargo, es decir, ayudas directas para el sector”. Ha recordado que Samper “ha sido, hasta hace unos meses, líder de Asaja y como tal ha exigido ayudas directas al Ejecutivo autonómico en todas las manifestaciones que había encabezado hasta entonces”. 

Asimismo, el portavoz socialista de Agricultura en las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias, ha exigido a Samper “menos declaraciones y más acciones”, que cumpla la Ley de Simplificación Administrativa y que haga cumplir la Ley de Cadena Alimentaria, “que no podemos olvidar, no contó con el apoyo de PP y Vox”.