Un 71% más de niños tutelados en una década: radiografía del sistema catalán de protección en el punto de mira

La Generalitat ha decidido reestructurar la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) para acallar la crisis en la que está inmersa. El organismo que se encarga de acoger y proteger a los niños y niñas catalanas está en el punto de mira desde que salió a la luz una red de pederastia que abusaba de una menor bajo guarda de la administración.
Este caso ha coincidido con la investigación que Antifraude lleva a cabo para dirimir si ha habido malversación en la adjudicación de subvenciones y prestaciones y, casi en paralelo, con un informe de la Sindicatura de Cuentas que constata que entre 2016 y 2020 la DGAIA otorgó diversos contratos a dedo y sin justificar.
Todo eso ha obligado a la conselleria de Derechos Sociales a reestructurar la DGAIA, que pasará a llamarse Dirección General de Protección y Prevención para la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) y a la que se impedirá gestionar prestaciones y contratar plazas residenciales para “evitar conflictos de interés”, tal como ha apuntado la consellera Mònica Martínez Bravo.
En la primera rueda de prensa desde que se conociera el caso de la menor violada, la consellera ha reconocido que, si bien en los últimos años se ha hecho “buen trabajo”, también ha habido “problemas”. El principal de ellos, según la Generalitat, ha sido que el número de niños y adolescentes atendidos se ha incrementado muchísimo durante la última década, mientras que la DGAIA no se ha “redimensionado de forma adecuada”.
Esta crítica es compartida por educadores sociales que consideran que no tienen ni tiempo ni recursos suficientes para prestar una buena atención a las infancias. Y es que hoy la Generalitat atiende a un 71% más de niños tutelados y extutelados que hace una década (se ha pasado de 8.563 a 14.668). Pero, a pesar de este incremento, el cuerpo laboral de la DGAIA apenas ha crecido. Ello se traduce en que cada trabajador ha pasado de atender a 37 menores de media a casi 50. Y con la misma jornada laboral.
Pero no solo han crecido los menores que están bajo tutela de la Administración, sino también el número de expedientes abiertos (en un 40%). Cuando la Generalitat abre un expediente puede ser por diversos motivos y siempre que se considere que la integridad o bienestar de un menor está en riesgo. Puede ser por negligencia de la familia o por una situación socioeconómica que impida que la criatura tenga unas buenas condiciones materiales.
Ante estas situaciones, la administración tiene diversas opciones: puede ayudar económicamente a la familia o acompañarla para mejorar su integración social o laboral. También puede optar por aportar ayuda psicológica, educativa o médica al menor. Y en los casos más extremos, se recurre a la retirada de custodia.
Esta es una medida que, aunque la consellera asegura que debería ser “la última de las opciones”, es en realidad bastante usada. De hecho, desde hace 10 años, el 45% de los expedientes abiertos acaban con la tutela recayendo en la Administración. Esto a pesar de que hay evidencias que demuestran que retirar a un menor de edad de su hogar tiene “un impacto negativo en su desarrollo cognitivo, emocional y social”, tal como constata la Sindicatura de Greuges (Defensor del pueblo catalán).
Además, han demostrado que el tiempo de residencia en un centro aumenta a medida que el niño tutelado crece. Mientras que los que tienen hasta cinco años están de media poco más de doce meses en esa situación, los adolescentes pueden estar más de cuatro años. Esta etapa vital es también la época en la que más crece la prevalencia de dificultades sociales y situaciones de riesgo. Y es precisamente la adolescencia la edad de la mayoría de menores tutelados.
La Sindicatura de Greuges considera que la Generalitat recurre de manera “excesiva” a la retirada de custodia, a pesar de que existen herramientas “más efectivas y menos costosas” –el coste medio de un niño en acogida es de 63.987 euros al año–. Sobre todo, aseguran, se debería recurrir a esta salida sólo cuando el menor esté en un riesgo elevado.
Teniendo en cuenta los últimos datos de retiradas de custodias, entidades dedicadas al cuidado de menores consideran que el traslado de los menores a centros residenciales se podría reducir entre un 20 y un 25%. Aunque en casos de maltrato físico, por ejemplo, hay poco más que se pueda hacer, tanto la Generalitat como la Sindicatura consideran que en casos de abandono, la desatención o desnutrición puede ser mejor acompañarlos en el seno de la familia.
En caso de que la familia biológica sea incapaz de cuidar de la criatura, las entidades especialistas en desarrollo de la infancia sostienen que siempre es mucho mejor buscar un hogar en la familia extensa o, en su defecto, encontrar una de acogida. Esa es precisamente una estrategia que la Generalitat quiere potenciar ahora que inicia la reforma de la DGAIA.
El objetivo es que en seis años no haya prácticamente ningún menor viviendo en un centro de acogida. Ahora bien, para eso necesitarían una bolsa de 1.400 voluntarios, y actualmente solo tienen 780. El reto, según reconoce la consellera, es “mayúsculo”, ya que en Catalunya no han parado de crecer los niños tutelados, mientras que las familias de acogida se han estancado.
Centros con más de 30 plazas
La consellera ha reconocido que el sistema diseñado por la DGAIA en los últimos años está “excesivamente institucionalizado”, sobre todo si se compara con otras Comunidades Autónomas. Catalunya es la cuarta región de España con la tasa más alta de niños en recursos residenciales, solo por detrás de Asturias, Ceuta y Melilla (estas dos últimas con unas circunstancias muy particulares en las que prácticamente el 100% de niños atendidos por la administración no viven con sus familias).
En esta línea, la consellera ha anunciado que a partir del próximo ejercicio reducirá el número de contratos con los centros residenciales y priorizará los que sean más pequeños. De producirse, esto supondrá un gran cambio respecto a cómo está planteado actualmente el sistema. En 2018, el sistema de acogida estuvo al borde del colapso tras la llegada de un gran número de menores migrantes no acompañados. Hasta entonces se había preferido trabajar con centros pequeños, de pocas plazas y que se asemejaran más a la dinámica de un hogar.
Pero con la llegada súbita de tantos menores, la Administración se vio obligada a contratar casas de colonias o albergues para acoger a decenas de niños.
A día de hoy, a pesar de que la Generalitat sigue teniendo casi cinco veces más contratos con centros pequeños que con grandes, el peso en el conjunto del sistema de los que tienen más de 30 plazas es superior al de los que tienen solo 10. Además, la gran mayoría de estos centros son de titularidad privada (113 privados frente a 3 públicos), una cifra que convierte a Catalunya en una de las Comunidades Autónomas con más externalización en el sistema de protección a la infancia.
Aunque podría parecer que logísticamente es mejor concentrar a los niños en pocos centros, desde la Sindicatura de Greuges alertan que las condiciones en estos espacios no son adecuadas para el desarrollo infantil. Compartir espacio con diversos menores y sin posibilidad de ser atendido adecuadamente por un adulto está relacionado con un mayor abandono escolar prematuro y el desarrollo de patologías de salud mental.
El peso de los jóvenes extutelados
La llegada de menores extranjeros solos hizo crecer de manera repentina el número de niños tutelados por la Generalitat. Actualmente sigue siendo una de las Comunidades Autónomas que más jóvenes migrantes acoge –debido a su posición costera y fronteriza con Francia–.
Desde 2020, la situación se estabilizó: hoy solo representan un 24% del total de niños tutelados. Pero la proporción se invierte cuando llegan a la mayoría de edad, momento en el cual los jóvenes tutelados que no han podido volver con su familia pueden pasar al llamado sistema de prórroga asistencial. En este servicio de atención son más del 70% del total.
“El verdadero reto de la DGAIA no es tanto con la infancia, sino con los jóvenes extutelados”, aseguran desde las entidades. Y es que estos chavales tienen derecho a seguir en un recurso residencial y a cobrar una prestación hasta que cumplen 23 años si no encuentran trabajo.
El número de jóvenes extutelados (5.800) cada vez se acerca al número de niños tutelados (8.800), con lo que la Generalitat hace años que externalizó la gestión de las prestaciones y la contratación de las plazas residenciales de la prórroga asistencial en las entidades que acompañan a los usuarios. Es esa gestión la que ahora está investigando la Oficina Antifraude, que sospecha que podría haber casos de malversación
Por eso, una de las claves de la reestructuración de la Dirección de Infancia será garantizar que la gestión de prestaciones, ayudas, subvenciones y la contratación de los centros recaiga única y exclusivamente en la administración pública, pero no directamente en la DGAIA, sino en una nueva subdirección, para evitar “conflictos de interés”.
La consellera ha reconocido que la reforma que tiene por delante la DGAIA –a partir de ahora DGPPIA– es grande y será complicada. Por ello, ha anunciado que incorporará a más de 300 profesionales en dos años para que se encarguen de hacer un mejor seguimiento y valoración de la situación de cada niño y su familia.
Ahora bien, no ha querido especificar cuánto dinero costará esta reestructuración. “Invertiremos lo que sea necesario”, ha insistido Mònica Martínez Bravo, asegurando que el cambio se hará “sí o sí” a pesar de que la Generalitat está, actualmente, con sus presupuestos prorrogados.
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