Afectados por la hipoteca vuelven a la PAH al caducar el alquiler social por el que lucharon

Hacía casi tres años que Wilson Rivera no se enfundaba la camiseta verde de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los mismos que le había durado el contrato de alquiler social que firmó, junto a la dación en pago de su hipoteca, el 14 de abril de 2014. El alivio de aquella jornada se disipó hace tiempo y asoma ahora la angustia de una nueva fecha, el 19 de julio de 2018, en la que está previsto su desahucio. Esta familia de origen ecuatoriano, que vive desde 2004 en un piso de 50 metros en Cornellà, es uno de los varios casos de antiguos afectados por la hipoteca que han tenido que volver a la lucha por la vivienda al caducarles el contrato de alquiler social que consiguieron mediante protestas y negociaciones. 

La PAH ha detectado en el último año un goteo de casos como el de Rivera: el vencimiento de contratos logrados con las entidades financieras sobre todo entre 2012 y 2015. El problema es que desde entonces muchas familias no han visto mejorar su situación laboral y económica. “La mayoría no puede hacer frente de golpe a una alquiler a precio de mercado, menos aun tal como están ahora en ciudades como Barcelona”, expone Lucía Delgado, portavoz de la PAH. 

Es el caso de Rivera, en cuyo hogar entran 600 euros al mes del sueldo de su mujer. Él realiza trabajos esporádicos sin ingresos fijos. Lo que les propuso la propiedad al finalizar el contrato fue subirlo desde la cuota social –de 210 euros al mes– a una de mercado –alrededor de 600–, algo que esta familia no puede asumir. Ahora esperan a que la capacidad de lucha del movimiento por la vivienda, encarnado por la PAH, les ayude a resistir en su casa frente a las amenazas de desahucio. 

A diferencia de en 2012, cuando se enfrentaban a un desalojo con el miedo añadido de acarrear una deuda hipotecaria de más de 150.000 euros, ahora lo hacen sin esta losa. Pero con un problema de otra índole: ya no pueden utilizar las protestas en sucursales como herramienta de presión. Catalunya Caixa, la entidad con la que firmaron la hipoteca, fue absorbida por el BBVA, mientras que cientos de sus activos inmobiliarios los adquirieron firmas del fondo norteamericano Blackstone. Una de ellas, Budmac Investments, es la que posee ahora el piso de Rivera. 

“No sabemos quienes son, no tenemos sus teléfonos ni tenemos ni idea de cómo abrir una negociación con ellos”, lamenta Delgado. De todos los casos de alquileres sociales caducados que les han llegado a la plataforma, su portavoz asegura que han podido negociar la mayoría de los que siguen siendo de bancos, pero no los que han pasado a manos de fondos de inversión. “Con los bancos hemos llegado ya a varias renovaciones de contratos, porque después de ocupar durante años sus sedes ya tenemos el contacto con el que hablar”, expone Delgado.

Sólo en Barcelona, la PAH ha conseguido desde 2014 –no disponen de cifras anteriores– hasta 192 soluciones para afectados por la hipoteca, de las cuales 115 incluyen alquileres sociales. En 2015, el año de mayores logros, fueron 65. 

No te quitas nunca de encima el desahucio

La familia de Rivera lleva desde 2012, cuando dejó de pagar la hipoteca por falta de ingresos, sufriendo ante la posibilidad de quedarse sin casa. Algo parecido les ha ocurrido a Mayra Plaza y a sus hijas en su piso de Badalona, por el que también se hipotecaron con CatalunyaCaixa y ahora deben lidiar con Budmac Investments. 

“En plan físico y emocional estoy agotada, ya no puedo más... llevo años de estrés, de bajones, de ansiedad, insomnio, es horrible vivir esta situación”, se lamenta. En 2012 empezó a temer por su techo al divorciarse de su marido por violencia de género. No podía hacer frente a los pagos de la hipoteca, así que tuvo que empezar una lucha que la llevó en 2014 a ocupar la sucursal del banco con la ayuda de una incipiente PAH en Badalona. En julio de ese mismo año logró la dación en pago y un alquiler social por dos años... Pero en verano de 2016 volvió a la casilla de salida. 

“Cuando faltaba poco para que acabara el alquiler, la propiedad me ofreció 3.000 euros por abandonar el piso, hasta me pagaban la mudanza, pero esto no me asegura a mi que pueda pagarme un alquiler”, explica esta mujer, que con sus 540 euros al mes que gana como trabajadora de la limpieza mantiene económicamente un hogar con cuatro hijas. Se apuntó entonces a la mesa de vivienda social del Ayuntamiento de Badalona, pero durante dos años no ha conseguido ninguna salida. 

Mientras tanto, con la ayuda de sus compañeros de la Plataforma de Afectados por la Crisis (PAC) de la ciudad, así como con la mediación en ocasiones del consistorio, ha conseguido aplazar o paralizar varios intentos de desahucio. 

Uno de ellos, el del pasado 26 de febrero, ha acabado en los juzgados. Plaza denuncia que se presentó un amplio dispositivo de los Mossos a su casa estando ella fuera y cuando solo había sus hijas. Al acercarse la mujer y los activistas de la PAC al cordón policial, se produjeron empujones y alguna agresión, según una denuncia colectiva presentada por diez activistas. Por su parte, la policía acusa a dos miembros de la entidad de desobediencia, atentado contra la autoridad y lesiones, delitos por los que podrían enfrentarse a hasta seis años de cárcel. 

Al final, aquel desahucio fue nuevamente paralizado con la intervención del Ayuntamiento, que ahora ha negociado con la empresa propietaria un nuevo contrato de alquiler para Plaza de tres años y 450 euros al mes. Un precio superior al alquiler social pero inferior al precio de mercado. “Es mucho más que los 237 que pagaba antes, pero tendré que aceptarlo, ¿adónde voy a ir si no?”, se lamenta.