La Universidad Autónoma de Barcelona lleva a Transparencia a los tribunales para no dar las facturas de la catedrática Freixes
La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) no está dispuesta a facilitar las facturas y justificación de gastos del grupo de investigación que dirige la catedrática Teresa Freixes, entre las que constan contratos a la empresa familiar de esta académica. Para evitar la entrega de esa documentación, la universidad ha llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a la comisión catalana de Transparencia (GAIP), que lleva más de medio año exigiéndole acceso a los archivos.
La judicialización del caso es la última actuación emprendida por la cúpula rectora de la UAB a raíz de la presunta contratación irregular de la catedrática Freixes desde el Grupo de Investigación en Derecho Constitucional Europeo, que dirige ella misma. Freixes contrató en varias al menos cuatro ocasiones, según desveló eldiario.es, a la empresa Instituto Europeo de Derecho, administrado por su hija, Nuria Saura, que es también profesora de la UAB y miembro del grupo de investigación.
El equipo rector de la universidad ha esquivado durante más de medio año el requerimiento efectuado por el organismo de transparencia de facilitar la facturación y gastos del grupo de investigación de Freixes. La situación llegó al punto de que Transparencia instó en enero a la universidad a emprender sanciones contra su secretario general, Rafael Rebollo.
Una infracción “muy grave”
Según apuntó la GAIP mediante una comunicación a la rectora, la actuación de Rebollo habría desatendido su resolución y habría impedido el acceso a la información reclamada, dos infracciones consideradas como “muy graves”. La ley de transparencia catalana prevé para este tipo de infracciones sanciones que pueden conllevar multas de hasta 12.000 euros o la destitución del cargo.
Ante esto, la UAB ha optado por interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Su objetivo es dejar sin efectos la resolución inicial que les requiere a entregar el conjunto de la información y el acuerdo en el que se insta a la aplicación de sanciones contra el secretario general. Preguntado por estos hechos, un portavoz de la Universidad Autónoma ha asegurado que han optado por la vía del recurso judicial al ser un mecanismo previsto por la ley, sin querer entrar en más detalles.
El caso de Freixes se inició en julio del año pasado, cuando eldiario.es realizó la primera solicitud de información a la universidad sobre unos determinados proyectos del grupo de investigación dirigido por la catedrática de Derecho Constitucional. Entre las justificaciones de gastos remitidos por la universidad se incorporaban contrataciones con la empresa Instituto Europeo de Derecho, que había estado administrada por la propia Freixes y que, en la actualidad, dirigía su hija, quien también es miembro del grupo académico de la UAB.
Freixes liquida la empresa
Ante esto, la comisión de transparencia exigió a la universidad que completase toda la información, a lo que esta se negó. En paralelo a esta negativa, sin embargo, el pasado 12 de febrero la UAB abrió por su cuenta un expediente a Freixes, en fase informativa, para investigar las presuntas irregularidades cometidas en la gestión económica. Además de las contrataciones bajo sospecha, hasta cuatro familiares han colaborado de una u otra forma con los proyectos de la catedrática, sin haber podido determinarse hasta el momento si de forma retribuida o no.
Después de conocerse el caso a través de este diario, el 18 de marzo el registro de la propiedad registró el inicio del proceso de liquidación de la sociedad Instituto Europeo de Derecho. En ese momento, la hija de la catedrática, Núria Saura, pasó de ser administradora de la empresa a liquidadora, cargo que puede mantener hasta la extinción de la sociedad.
