Abogados infectados por Pegasus, la vuelta de tuerca del espionaje
15 de mayo de 2020. Mientras España empezaba a salir del confinamiento, los abogados del procés debatían por videoconferencia y mensajes sobre la inesperada discrepancia entre un juez de vigilancia penitenciaria y la Fiscalía a cuenta del modo de cumplimiento de las condenas por sedición. Por aquellas fechas el 'software' espía Pegasus infectó el móvil de Andreu van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras. El programa pudo acceder a todo el contenido de su teléfono, además de activar su micrófono. Toda la vida profesional y personal del abogado contenida en su móvil estuvo a disposición del organismo que encargó el ataque con Pegasus.
El 'hackeo' indiscriminado mediante el programa espía de origen israelí no solo afectó a políticos independentistas, sino también a varios abogados. Además de Van den Eynde, el defensor de Carles Puigdemont y otros políticos de Junts, Gonzalo Boye, recibió hasta 18 ataques entre marzo y octubre de 2020. Interceptar las comunicaciones de un letrado es una vuelta de tuerca al espionaje, ya que acaba con un pilar básico de su profesión –el secreto con su cliente– y puede poner en peligro el derecho de defensa y las estrategias jurídicas en una investigación en curso.
“Pegasus es una invasión total y absoluta del secreto de las comunicaciones y de la intimidad de las personas, porque puede activar el micrófono o la cámara del teléfono. Cuando esto le pasa a un abogado, es como si te escucharan en el despacho: el secreto profesional con el cliente salta por los aires”, reflexiona Joan Ramon Puig, presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC), que agrupa a los 40.000 letrados repartidos entre los 14 colegios de la abogacía de la comunidad.
La catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Mercedes García Arán explica que, con el Código Penal en la mano, el hecho de espiar a un abogado no supone una agravante en el delito de revelación de secretos en el que se encuadraría el espionaje con Pegasus. Que no esté reflejado en el Código Penal, abunda García Arán, no resta gravedad a la “descalificación moral y penal” que merece desmontar la confidencialidad entre letrado y cliente sin causa justificada. “Espiar ya es grave de por sí, pero hacerlo a un abogado es un paso más”, agrega.
Puig recuerda que, al ser integral y masivo, el espionaje no solo ha afectado a las conversaciones con el cliente, sino que también puede abarcar los debates con otros letrados con los que los afectados comparten las defensas de una causa. “Se ha atentado contra el derecho de defensa, es un ataque a la línea de flotación del sistema y a un aspecto fundamental en el funcionamiento de la justicia”, alerta el presidente del CICAC.
El alcance, tanto a nivel de víctimas como de intrusión en las comunicaciones, del espionaje con Pegasus no tiene antecedentes en nuestro país. Las escuchas de las conversaciones entre acusados y sus abogados son excepcionales, aunque se han producido en la historia judicial española. El caso más relevante fue el del juez Baltasar Garzón, condenado por intervenir las conversaciones entre los imputados de la trama Gürtel en prisión y sus abogados. En otros casos el juez que ordenó los pinchazos entre letrados y acusados no fue condenado y simplemente se declararon nulas las pruebas. Por ley, las comunicaciones entre un preso y un abogado no pueden intervenirse salvo por orden judicial en casos de terrorismo. El problema es que, en el caso Pegasus, a día de hoy no se sabe quién dio la orden de espionaje.
La Abogacía reclama explicaciones
Para Puig, las explicaciones que hasta ahora ha dado el Gobierno son “insuficientes”. El presidente de la abogacía catalana se muestra escéptico con una comisión de investigación parlamentaria –“puede conducir a juicios paralelos sin hallar la verdad material”– y aboga por profundizar la investigación judicial abierta en Barcelona hace dos años tras el primer episodio de espionaje con Pegasus padecido por los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall. “El espionaje ha existido y no se puede discutir. Ahora hay que averiguar sus autores, si es preciso levantando secretos oficiales”, reclama.
Por ahora, el juez que investiga desde hace dos años en Barcelona el espionaje de Pegasus a los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall, las primeras víctimas conocidas, no ha apuntado hacia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como lo reclamó Van den Eynde. La causa por ahora se encuentra a la espera de respuestas de Israel, sede de la empresa israelí que comercializa Pegasus, e Irlanda, pero se espera una oleada de personaciones de víctimas del programa espía, que a su vez pedirán más diligencias al juez.
Las peticiones judiciales para que el Gobierno comparta información reservada son excepcionales, pero no inéditas. El Ejecutivo desclasificó en 2018 documentación secreta sobre la operación Kitchen, diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas. Con la desclasificación, el juez pudo llamar a declarar a algunos testigos clave, exaltos cargos policiales, sin que estuvieran sujetos a la Ley de Secretos Oficiales.
La hipótesis que barajan la mayor parte de los espiados es que el encargo de Pegasus habría partido desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Una ley de 2002 obliga al servicio de inteligencia a obtener el permiso de un único juez del Supremo para intervenir las comunicaciones, pero ahí acaba la fiscalización judicial de su trabajo. Los resultados son materia clasificada que debe ser remitida al presidente del Gobierno.
¿El espionaje a abogados puede conducir a anular las causas relacionadas con el proceso soberanista en las que intervienen? García Arán prefiere no aventurar una respuesta hasta que la investigación no arroje más luz sobre el autor del espionaje, mientras Puig sí apunta a la posibilidad de nulidades: “La opción de escuchar a un abogado está muy restringida y debe justificarse mucho, además de tener una constancia previa de un hecho delictivo en el que esté implicado”.
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