El abono gratis de metro a cambio de desguazar un coche viejo seduce a 14.000 barceloneses en cinco años

Desde el año 2020, los coches y motos más contaminantes no pueden circular por Barcelona, a excepción de por la noche o los fines de semana. ¿Qué ha sido de todos aquellos vehículos sin etiqueta ambiental –unos 50.000– que circulaban por la ciudad a diario antes de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones? Algunos, sus propietarios los vendieron y se compraron otro que no estuviese sujeto a la restricción; otros, los mantienen para usarlos puntualmente. Pero 14.000 de ellos han optado por desguazarlo y no comprarse uno nuevo a cambio de recibir la T-Verde, un abono gratuito de transporte público durante tres años.

Cinco años después del lanzamiento de esta alternativa –la T-Verde se puede solicitar desde 2017, años antes de la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones–, el balance es dispar según a quien se pregunte. Sus impulsores, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), defienden que se trata de una “compensación” que se ha demostrado necesaria y positiva para aquellos conductores a quienes se les impide sacar el coche de casa por motivos medioambientales. Así se expresa Carles Conill, director de Servicios de Movilidad Sostenible del AMB que a la vez resalta que supone un incentivo para pasarse al transporte público: el 50% de sus beneficiarios asegura que lo utiliza más desde que tiene este abono gratis, y el 72% afirma que ya no se comprará un coche cuando le caduque, según una encuesta reciente del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). 

Por otro lado, los activistas ecologistas y por un mayor uso del transporte público lamentan que se trata de una política comparable a una gota de agua en medio de un océano. Que alrededor de 14.000 potenciales conductores desguacen su vehículo, aunque este sea muy contaminante, “no representan apenas nada” para un área metropolitana que soporta 1,5 millones de desplazamientos diarios en vehículo privado y otros tantos en transporte público, recuerda María García, de Ecologistas en Acción. Además, añade, de la misma encuesta se desprende que muchos de ellos ya eran usuarios habituales del transporte público. 

La citada encuesta, publicada por el IERMB este verano, permite analizar el comportamiento de los usuarios de la T-Verde y su valoración de la medida. De todas las tarjetas solicitadas a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) entre 2017 y 2020, que fueron 15.079, se concedieron la gran mayoría: 13.872. Un tercio de ellas, durante el año 2020, el de la puesta en marcha de la prohibición de la circulación de vehículos sin distintivo de la DGT para toda Barcelona y algunos municipios colindantes. De ahí que el 63% de los beneficiarios sean residentes en la capital catalana, según la encuesta. El 83% de los vehículos desguazados fueron turismos, mientras que el resto, motocicletas y ciclomotores.

Una de las respuestas más destacadas por parte del AMB es que el 56% de sus usuarios declaran haber usado más el transporte público que antes. También cae el porcentaje de quienes declaran que usaban el coche a diario o casi –entre 4 y 6 días a la semana–: pasan de ser el 33% al 3,6%. Pero hay otro dato que aporta matices a este cambio de modalidad: el 67% afirma que con la T-Verde usa casi a diario el transporte público, pero es que antes de tener este abono, los encuestados que ya eran usuarios asiduos de metro, autobús o Cercanías eran el 50%. 

“Por lo que dicen los usuarios, vemos que la valoración de la T-Verde es muy satisfactoria [un 86% está bastante o muy satisfecho], aunque es cierto que en términos de población el impacto real sobre la movilidad cotidiana es poco”, resume Núria Pérez, directora de la encuesta. “Aun así, también es verdad que la gente que la usa ha realizado cambios de hábitos”, añade. “El perfil de los beneficiarios es muy urbano, la mayoría viven en Barcelona ciudad, donde el uso del coche puede no ser diario y la relación con el transporte público es mayor”, detalla.

Conill celebra además que el porcentaje de quienes aseguran que no adquirirán un nuevo vehículo al finalizar los tres años de abono superan el 70%. Cabe recordar que la T-Verde está condicionada a que su titular no compre un nuevo coche durante ese período, aunque no prohíbe que lo pueda hacer un familiar. “Este es un tema que se controla. Aunque no sea un Gran Hermano, se hacen verificaciones anualmente”, explica Conill, que asegura que no tienen indicios de que haya habido fraude. A estas alturas, para un 15% de los usuarios de la T-Verde ya ha expirado el abono gratuito. 

Entre las críticas a la medida, Manel Ferri, activista y cofundador de la PTP (Asociación Por la Promoción del Transporte Público), insiste en su reducido alcance. “El número de personas que han accedido a dar de baja el vehículo podría haber sido muy superior. Se tendría que haber dado más información e insistido en esa posibilidad. Ahora, por ejemplo, con el actual precio de la gasolina sería un buen momento para promover las ventajas reales de pasar del uso del coche al transporte público”, propone. 

Sorpresa: piden más ayudas para ir en bici

En este punto, Ferri se fija en uno de los datos de la encuesta que también ha sorprendido a sus responsables y a los técnicos del AMB: la cantidad de usuarios que reclaman más incentivos para pasarse a la bicicleta o al Bicing. Algo que ya se ha hecho en ciudades como Bruselas o París, recuerda Ferri. A la pregunta de “posibles complementos para la T-Verde”, el 21% pidió subvenciones para la compra de una bicicleta y el 28%, para un abono gratuito del Bicing. “Nos sorprendió mucho. Pensábamos que la gente pediría ayudas para comprar un vehículo nuevo”, reconoce Pérez. Pero esto último solo lo propusieron 1,3% de los encuestados. Un nada desdeñable 17% reclamó también descuentos para servicios de coches y motos de sharing. 

En este sentido, Conill asegura que estudiarán una vinculación de la T-Verde con el abono del ‘bicing’ metropolitano que se quiere poner en marcha en 2023. Lo que todavía no está sobre la mesa, puntualiza, es la posibilidad de extender la tarjeta verde a los titulares de coches que no tienen prohibida la entrada en la Zona de Bajas Emisiones pero que podrían ser los siguientes en tenerla: los de la etiqueta amarilla. Como su afectación por ahora no está planteada, aduce Conill, tampoco se prevé que se les pueda ofrecer a ellos la T-Verde. 

Con todo, desde Ecologistas en Acción reducen el impacto de la T-Verde a una medida de “sensibilización”. “Las emisiones no tiene que ver con la gente que no tiene poder adquisitivo y tiene coches viejos, que suelen usarlos de forma puntual”, argumenta. “Lo que hay que hacer es dificultar el uso del vehículo mediante restricciones físicas y disuasiones como el peaje de acceso”, insiste. Tras años reclamándolo, en mayo esta y otras entidades trasladaron una propuesta concreta a las administraciones: un peaje de cuatro euros diarios para entrar en la ZBE. Esto, sumado a distintas acciones de promoción del transporte público, reducirían un 25% el tráfico privado, aseguran.