Las acusaciones de la Generalitat contra independentistas, nuevo escollo en las negociaciones para la investidura

Las políticas de seguridad han tomado el debate político catalán, aupadas por los disturbios que se han producido en varias manifestaciones tras el encarcelamiento de Pablo Hasel. En medio de las negociaciones sobre la investidura, la CUP ha centrado sus peticiones en el modelo de orden público de los Mossos d'Esquadra, con propuestas como disolver la unidad antidisturbios, una opción a la que ya ha mostrado su oposición el candidato de ERC a la presidencia. Pero los anticapitalistas no solo quieren hacer cambios en la policía sino que también reclaman un cambio en la actuación penal de la Generalitat. En concreto, a la formación independentista le preocupan las peticiones de prisión que hace el Govern contra diferentes activistas y manifestantes encausados por agresiones a policías o por desórdenes en episodios de movilizaciones o desahucios.

El último ejemplo de esto se ha vivido este mismo lunes, cuando se ha celebrado la vista oral de Marcel Vivet, un joven acusado de haber agredido a un mosso en una protesta contra Jusapol. La Generalitat ha hecho firme su petición de cuatro años y nueve meses de prisión por desórdenes y atentado contra los agentes de la autoridad, unos delitos por los que la Fiscalía reclamaba cinco años y medio de pena. Como Vivet, según el recuento de la CUP, hay cerca de medio centenar de personas que tienen causas en las que está personada la Generalitat, que de forma general ejerce la acusación siempre que haya agentes de los Mossos implicados como víctimas.

La formación anticapitalista está acabando de perfilar su propuesta en esta materia, que aún no ha hecho llegar al resto de partidos independentistas sino como una mera preocupación. Con todo, el asunto ya apareció en la primera reunión que mantuvieron la CUP y Junts, por ser esta la formación que en este momento controla la cartera de Interior, desde donde se ejerce la acción penal. Mientras que las reivindicaciones en el ámbito estrictamente policial han sido respondidas con gestos de acercamiento por parte de ERC y Junts, con ambos partidos abriéndose a revisar la gestión del orden público, por el momento, el asunto de las acusaciones ejercidas desde la Generalitat no ha obtenido eco.

Las peticiones de penas desde la conselleria de Interior ya supusieron algunos roces internos en el seno de Junts en la legislatura pasada. En la formación de Carles Puigdemont conviven opiniones diferentes, entre quienes defienden mantener la política de acusaciones para proteger al cuerpo policial, mientras otros consideran que deberían evitarse o, en todo caso, limitarse al delito de lesiones, que garantizaría que los condenados no entrasen en prisión.

En el año 2015, la CUP ya consiguió que se retirasen varias de estas acusaciones a cambio del apoyo a la investidura de Carles Puigdemont. Un antecedente que ahora los anticapitalistas esgrimen para recordar que la forma en la que el Govern se persona ante los juzgados no es, en última instancia, una decisión técnica sino política.

Acusación sistemática para defender a los mossos

Las acusaciones de la Generalitat contra independentistas no son nuevas. Lo habitual es que en cada altercado que termina con algún mosso herido, el Govern ejerza la acusación particular, al igual que ocurre con todos los funcionarios agredidos. Sin embargo, en las últimas protestas, la Generalitat no sólo reclamaba por las lesiones de los agentes, sino que se sumaba a las penas de la Fiscalía por el delito de desórdenes públicos agravados por producirse en una manifestación, un tipo penal que varios juristas ven contrario al derecho fundamental de reunión. La suma de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y lesiones ha elevado la horquilla de penas superando y mucho los dos años a partir de los que los acusados tienen que entrar en prisión si resultan condenados. 

Tan sistemática era la práctica de los abogados de la Generalitat que incluso se pedían penas de cárcel de casi cuatro años en casos en los que ningún agente había resultado herido, tal y como elDiario.es desveló el pasado mes de junio. Las altas peticiones de cárcel generaban malestar en la presidencia de la Generalitat porque dejaban en evidencia sus propias contradicciones: Quim Torra animaba a la ciudadanía a manifestarse y después sus servicios jurídicos ejercían la acusación de la mano de la Fiscalía en las causas contra independentistas. Finalmente la Generalitat retiró sus acusaciones de las causas en las que no había mossos heridos. 

Tras varios meses de polémica, el pasado mes de noviembre el conseller de Interior, Miquel Sàmper, anunció que la Generalitat dejaría de acusar por atentado a la autoridad o desobediencia en causas por disturbios, limitando a un delito de lesiones su acción penal si hay mossos d'esquadra heridos, algo que enervó a los sindicatos del cuerpo. Este lunes sin embargo la Generalitat ha mantenido la petición de pena de cuatro años y nueve meses de cárcel por ambos delitos.

El anuncio de Sàmper no impidió que la Generalitat reclamara cinco años de cárcel a un independentista –Adrián Sas, quien formaría después parte de las listas de la CUP el 14F– el pasado mes de noviembre por agredir a dos mossos. Todo ello, pese a que JxCat y ERC pidieron en el Parlament que el Govern se retirara del caso. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, llegó a afirmar que la Abogacía de la Generalitat había pedido suspender el juicio para negociar una rebaja de la petición de pena cuando en realidad el letrado del Govern no lo solicitó. Sas fue condenado a tres años y medio de cárcel.

Los casos en los que la Generalitat ejerce la acusación se remontan al año 2018, como, por ejemplo, las protestas por la investidura fallida de Carles Puigdemont. En el caso de los disturbios que siguieron a la sentencia del procés, la mayor parte de las causas todavía está pendiente de calificación por parte de la Fiscalía y la Generalitat. En conjunto, según Alerta Solidària, organización que representa a decenas de acusados, la Generalitat ha ejercido en los últimos dos años la acusación contra 48 independentistas en distintas causas.