El juicio sobre presunta corrupción policial del caso Macedonia tiene un invitado sorpresa, que aunque no acuda a la Audiencia de Barcelona sobrevolará toda la vista. Se trata del comisario de la Policía jubilado José Manuel Villarejo, a quien la defensa del principal encausado, Manuel G.C., para la Fiscalía jefe de una red de narcotraficantes, ha acusado de fabricar el caso contra él con el último objetivo de “desprestigiar” al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
El tribunal de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona ya ha avanzado que rechazará que Villarejo declare como testigo en el juicio. Tampoco lo harán sus dos interlocutores de la conversación que, para la defensa del acusado de narcotráfico, muestran que todo el caso Macedonia fue un artificio de policías corruptos y debe ser anulado. Pero la defensa, que ejerce el letrado Samuel Pérez, no ha cesado en su intento de sembrar la duda.
Se basa el abogado en una conversación intervenida a Villarejo que mantuvo con el comisario José Luís Olivera y el inspector jefe Antonio Giménez Raso. En la charla, publicada por La Razón, Giménez Raso instó a “meter mano” a Manuel G.C., un histórico confidente policial que contribuyó a desmontar la trama de corrupción de miembros de la Policía Nacional alrededor de los prostíbulos Riviera y Saratoga, al que la Fiscalía pide ahora 11 años de cárcel por organización criminal, delito contra la salud pública y soborno a un mosso d'esquadra en el caso Macedonia.
Villarejo y los otros dos mandos policiales, según la grabación, trataban de desautorizar a Manuel G.C., quien explican en la charla que era “amigo” de Trapero. Según explica Olivera en esa reunión, quería convencer al juez Baltasar Garzón para que interviniera el teléfono a Trapero y así poder escuchar las conversaciones que éste mantendría con Manuel G.C.
El plan de Villarejo y sus compañeros se plasmó, según la defensa de Manuel G.C., en el caso Macedonia. “Se diseñó un plan para imputar a mi cliente una serie de delitos inexistentes y convertirle en líder de organización criminal de narcotráfico con el objetivo de desprestigiar al fiscal Martínez Madero [ya fallecido] y a Trapero”, ha mantenido el letrado. Al major sí le podrá preguntar sobre la cuestión, pues Trapero es uno de los testigos ya acordados del caso.
Con esta maniobra la defensa intenta ofrecer una hipótesis alternativa al origen del caso, supuestamente vinculado con la brigada policial corrupta que anidó en el Ministerio del Interior bajo el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta ahora no se había discutido que la causa de Macedonia que ahora se juzga nació de una intervención de droga en Badalona y de unas pesquisas de un juzgado de Gavà (Barcelona) en las que se acordó la intervención telefónica de uno de los ahora acusados, que permitió a su vez descubrir su “relación directa”, concreta la Fiscalía, con Manuel G.C. y el mosso d'esquadra acusado, J.R.
La aparición de Villarejo supone una nueva vuelta de tuerca al caso Macedonia, instruido por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre desde 2009, y que derivó en un enfrentamiento entre cuerpos policiales: en febrero de 2012, los Mossos, en presencia del juez, registraron la joyería Rabat de Barcelona para saber si el confidente Manuel G.C. compró relojes a mandos de la Policía Nacional como pago por supuestos favores. Cinco meses después, juez y Policía acudieron a la sede central de los Mossos para obtener copias de las escuchas que, según el magistrado, los agentes de la policía catalana le habían escondido.
Al margen de solicitar la citación de Villarejo, Olivera y Giménez Raso como testigos, que el tribunal ya ha avanzado que rechazará, la defensa de Manuel G.C., al igual que el resto, ha empleado el trámite de cuestiones previas celebrado este miércoles para atacar uno de los ejes en los que la Fiscalía sustenta su acusación: los 'pinchazos' telefónicos de varios acusados. Según las defensas, las intervenciones telefónicas que acordó el juez instructor son nulas porque vulneraron los derechos fundamentales de los investigados al carecer de indicios para su autorización. Los abogados también han pedido anular los autos de entrada y registro del caso.
La Fiscalía sitúa a Manuel G.C. “en la cúspide del entramado criminal” que controlaba el tráfico de estupefacientes a principios del siglo XXI en las comarcas del Baix Llobregat, el Garraf y el Penedès, y cifra en 2,4 millones de euros los beneficios que obtuvo fruto del tráfico de drogas, un dinero que intentó lavar con la compra de inmuebles y joyas y con operaciones en efectivo. Respecto al mosso J.R., el Ministerio Público le acusa de ayudar a la red de 'narcos' a cambio de 1.000 euros buscando matrículas y datos confidenciales, además de reportar a la banda de Manuel G.C. datos de bandas rivales que después fueron apaleados.
La Fiscalía pacta con cinco acusados
Junto a Manuel G.C. y el mosso J.R. en el banquillo de la Audiencia de Barcelona se sientan otras 15 personas acusadas de formar parte de una banda dedicada al tráfico de marihuana y cocaína hasta que cayeron en 2010. La Fiscalía ha anunciado este miércoles un pacto con cinco de los acusados, a los que a cambio de reconocer los hechos ha rebajado las penas solicitadas, lo que previsiblemente impedirá su ingreso en prisión.
Entre los acusados que han pactado con la Fiscalía está uno de los tres miembros de la trama señalados como las personas que presuntamente entregaban 1.000 euros cada mes al mosso J.R. a cambio de sus servicios. Los acusados todavía no han declarado, y este miércoles ni siquiera han terminado las cuestiones previas. El juicio se alargará varios meses en la Audiencia de Barcelona. Villarejo volverá a aparecer por Macedonia.