La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha arremetido contra el gobierno del Ayuntamiento de la ciudad tras el desahucio de Blanca, una anciana de 78 años del barrio Gótico que este jueves ha sido expulsada de su casa por una deuda de 88 euros con la propietaria de su piso, una mujer que tiene diversas viviendas en Barcelona.
La exalcaldesa ha calificado la ejecución como “algo muy grave” porque “había una solución posible, pero el actual gobierno del Ayuntamiento ha decidido cambiar los criterios y dejarla desahuciar”, tal como ha publicado en Instagram.
Colau se refiere con estas palabras a una variación en los protocolos de negociación del Ayuntamiento en casos de desahucio que se da desde que ha cambiado el color político en el consistorio, tal como diversas fuentes internas han explicado a elDiario.es.
Ante una amenaza de desahucio para una persona vulnerable, durante la administración pasada el Ayuntamiento, a través del Servicio de Intervención en casos de Pérdida de Vivienda y/o Ocupaciones (SIPHO por sus siglas en catalán), podía avalar al arrendatario para que la propiedad viera garantizado el pago del alquiler. Con el nuevo gobierno, esto ya no es así.
Hasta cuatro fuentes diferentes explican a este medio que el consistorio y la propiedad habrían llegado a un preacuerdo en el caso de Blanca que consistía en que la anciana podía permanecer en su casa a cambio de que ella siguiera pagando lo mismo (menos de 300 euros al mes) y el monto restante hasta llegar a un precio de mercado (1.000 euros) sería sufragado por el Ayuntamiento, que se comprometía a cubrir a la anciana si algún mes no podía pagar. De esta manera, la propiedad tenía garantizado el pago de la renta y Blanca podía quedarse durante un año más, el tiempo necesario para que el consistorio le consiguiera una alternativa habitacional.
Pero, finalmente, el acuerdo se habría parado el día antes de la firma debido a este cambio de criterio y, cuando el Ayuntamiento comunicó que no puede avalar al arrendatario, la propiedad rechazó el acuerdo ante la falta de garantías.
“Durante los últimos ocho años, en casos de vulnerabilidad acreditada, el Ayuntamiento hacía de aval, obteniendo la mejor solución para todo el mundo”, tal como ha confirmado la exalcaldesa. “Lamentablemente, constatamos que con el nuevo gobierno del PSC hay un cambio de criterio y que el Ayuntamiento va reduciendo las garantías para personas vulnerables”, ha añadido.
A pesar de eso, desde el consistorio aseguran que el Ayuntamiento no puede ejercer de aval y por eso ofrecieron a la propiedad un pago mensual de 1.000 euros en concepto de ayuda de emergencia social para que Blanca se pudiera quedar en su casa. Algo que la propiedad también rechazó.
Con todo, el grupo de Barcelona en Comú ha asegurado que pedirá explicaciones al PSC por este cambio de criterio en la próxima comisión de Derechos Sociales, para que argumenten “qué ha fallado desde el Ayuntamiento a la hora de evitar el desahucio” de Blanca.