Una vez Ada Colau ha levantado el bastón de alcaldesa que Ernest Maragall ya acariciaba con sus manos el pasado 26M, los 'comuns' encaran un segundo mandato con una gobernabilidad más compleja si cabe que el anterior. Pese a que con el PSC contarán con 18 concejales –más que los 15 que llegaron a tener en la pasada legislatura–, para sacar adelante sus proyectos pendientes, como el tranvía o la funeraria pública, también los presupuestos, deberán atraer a una ERC herida y que ya ha dado a entender pondrá un alto precio a sus votos. La alternativa es que el ejecutivo barcelonés se apoye en Manuel Valls, el principal responsable de que hoy Colau siga siendo alcaldesa de la capital catalana.
Los 'comuns' necesitan demostrar que los votos recibidos de Valls son tan gratuitos como el mismo exprimer ministro francés aseguró, y que sus políticas no acabarán condicionadas por el grupo de Ciudadanos que de momento sigue liderando. “Al principio será muy complicado, porque ERC estará rebotada, pero al final tendrán que decidir si votan en contra de su programa”, razona un cuadro del partido.
La intención de los 'comuns', verbalizada por la propia Colau estos días, seguirá siendo priorizar las formaciones de izquierdas. A su favor juega que los grandes proyectos de ciudad que han abanderado, como los planes de vivienda o turismo, ya están en marcha y lo que toca ahora es completarlos. Pero en Barcelona en Comú asumen que la relación con los republicanos ha quedado bajo mínimos, a pesar de los mensajes que animan a no romper puentes por parte de dirigentes de ERC como Joan Tardà o Rubén Wagensberg.
“No seremos aliados insensibles y dóciles de un supuesto progresismo intocable”, les advirtió durante su discurso de investidura el propio Maragall. Hasta que pase el efecto de la sentencia del procés, y en función de si hay un adelanto de las elecciones autonómicas como respuesta, Colau sabe que se encontrará de frente con un independentismo que la alineará ahora más que nunca con el llamado unionismo. La primera batalla municipal en el eje nacional será la de recolocar los lazos amarillos en el balcón que da a Plaza Sant Jaume. Sus socios socialistas ya han advertido que presionarán para que no los ponga, aunque la mayoría dentro de la Junta de Portavoces, el órgano en el que se decidió su colocación, sigue siendo una mayoría soberanista.
Del tranvía a los Presupuestos
Con todo, algunas de las principales promesas electorales de los 'comuns', así como las carpetas que quedaron pendientes del pasado mandato, necesitarán el aval de ERC. El ejemplo más emblemático, según ha reconocido la propia Colau, es el del tranvía, cuya unificación por la Diagonal ha de validarse en el presente mandato. Los 'comuns' han afeado durante cuatro años a ERC que no le diera el visto bueno pese a llevarlo en su programa electoral y al final, a poca semanas de las elecciones, lograron un acuerdo de mínimos que ahora se ve amenazado.
Entre los proyectos que podrían quedar empantanados están la municipalización del agua o la creación de un servicio de funeraria pública –a las que incluso su socio de gobierno, el PSC, se opone–, la ya encallada reforma de la Rambla, el aumento del 30% al 50% de reserva de vivienda protegida en las nuevas promociones o la promesa de reducir coches en una de cada tres calles del Eixample. Todo ello sumado a la negociación anual de los Presupuestos, que ya el mandato pasado les condujo a dos prórrogas y dos aprobaciones por moción de confianza.
El PSC, la otra disputa
Aunque el foco está en si los votos de Valls serán decisivos más allá de la investidura, otro frente con el que deberá lidiar Colau es el que tendrá dentro del equipo de gobierno: el PSC. Si la relación entre ambas formaciones ya fue complicada y terminó, en pleno auge del procés, con los socialistas expulsados del ejecutivo, ahora estos vuelven a entrar con más fuerza de la que tuvieron. Tienen en la actualidad el doble de ediles que entonces y, a la espera de cerrar el acuerdo, aspiran a ocupar más concejalías y más decisivas, como las económicas, la de turismo o la de seguridad.
El socialista Jaume Collboni no ha tenido reparos en apretar para forjar una alianza con los 'comuns' después de una dura campaña en la que aseguró que su confianza en Colau era cero. Dentro de su lista hay además figuras que despiertan verdaderos recelos en los 'comuns', como Xavier Marcé, durante años con cargos de responsabilidad de cultura en el Ayuntamiento de Barcelona y al que los de Colau vetaron cuando Collboni lo propuso como comisionado de Cultura.
Aunque todo depende de cómo quede finalmente el cartapacio, el PSC podría dar un viraje a políticas como Seguridad o Turismo. En la primera tienen intención de colocar a Albert Batlle, exdirector de los Mossos d'Esquadra y uno de los perfiles que más han promocionado, que podría endurecer las medidas de persecución de los manteros. En la segunda, tal como defienden en su programa electoral, podrían apretar para suavizar el plan de alojamientos turísticos –que ellos mismos aprobaron con 'comuns' y ERC– y permitir que se amplíen los hoteles en el centro.
Más allá del Ayuntamiento
La importancia de la relación de los 'comuns' con ERC y el PSC para la gobernabilidad de Barcelona va más allá del consistorio. Fuentes del partido de Colau advierten que en tres de los grandes consorcios de la capital catalana, los de Educación, Salud y Servicios Sociales, mandan ellos junto con los republicanos, que controlan las tres consejerías del ramo en la Generalitat. Las políticas iniciadas contra la segregación escolar o de acogida a menores migrantes no acompañados dependen de estas administraciones, controladas en un 60% por el Govern.
En sentido opuesto, y si Pedro Sánchez acaba siendo investido como presidente del Gobierno, el ejecutivo barcelonés con presencia socialistas mejoraría el engranaje de los entes locales controlados desde Madrid. Desde el Consorcio de la Zona Franca, de la que dependen grandes promociones pendientes como la de las Casernes de Sant Andreu, hasta el Puerto o el Aeropuerto.