La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tenido que declarar este lunes como imputada por la querella del fondo buitre Vauras en relación a un conflicto con familias vulnerables y a unas sanciones por no ofrecer vivienda social en las que no intervino. Muestra de nulo papel de la alcaldesa en el conflicto ha sido la breve duración de su comparecencia: menos de 15 minutos en los que la magistrada ha llevado el peso del corto interrogatorio.
El desfile de Colau ante el juzgado era la imagen que el fondo buscaba al acusar a la alcaldesa de liderar la supuesta “confabulación con okupas” del consistorio con las familias vulnerables que ocuparon un bloque de la calle Lleida de Barcelona. El edificio se convirtió en un símbolo de la especulación inmobiliaria y fue desalojado al sexto intento.
No señaló Vauras en su querella qué papel concreto tuvo la alcaldesa en el conflicto. Colau no firmó ni un expediente de las obras de Vauras en otros edificios de Barcelona, que el fondo pretendió agilizar en una reunión con dos concejales de los comuns contra los que se querelló después de que rechazaran su propuesta.
Tampoco impulsó Colau las sanciones al fondo por no ofrecer vivienda a las familias vulnerables que quería desahuciar de la calle Lleida, tal y como permitía en 2020 la ley catalana de vivienda. Las multas a Vauras fueron retiradas tras tumbar el Constitucional la norma.
El fondo tan solo situó como cabecilla a Colau por ser la primera edil de Barcelona. Y pese a que la jueza archivó de plano el caso, la Audiencia de Barcelona le ordenó reabrirlo. Previsiblemente Vauras pida ahora más diligencias para mantener abierta la causa hasta pasadas las elecciones municipales de mayo.
Según han informado fuentes jurídicas, Colau ha explicado a la jueza que no intervino en ninguno de los expedientes sancionadores porque ya el primer día de mandato delegó todas las competencias en los servicios jurídicos municipales del área de Vivienda. Tampoco tuvo papel alguno, ha relatado la alcaldesa, ni en las otras licencias de obras del fondo ni en los sucesivos intentos de los Mossos para desalojar a las familias vulnerables del bloque propiedad de Vauras.
Su única intervención, ha recalcado Colau, fue interesarse por las familias vulnerables que vivían en la calle Lleida dada la “sensibilidad” por el derecho a la vivienda que comparte todo el equipo de gobierno municipal. En menos de 15 minutos Colau ha salido de la Ciudad la Justicia, donde ha entrado acompañada por los abogados defensores del caso, Olga Tubau, Àlex Solà y Débora Quintero.
Es la segunda vez que Colau declara como investigada. Igual que la del fondo Vauras, la querella de la opaca Asociación por la Transparencia quedó archivada, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir el caso, que seguirá abierto durante la campaña electoral. Esta semana pasarán por el juzgado varios interventores que avalaron las ayudas a entidades sociales por las que Colau está imputada.
En una rueda de prensa desde el Ayuntamiento posterior a su declaración judicial, Colau ha enmarcado la querella de Vauras en la ofensiva judicial emprendida por grandes fondos, empresas y rivales políticos para dirimir en los tribunales las discrepancias políticas con el equipo de los comuns. Hasta ahora ninguna de las querellas ha pasado de su fase inicial y no se ha ido a juicio.
“Más que nunca estamos convencidas como Ayuntamiento de que debemos obligar a todo el mundo a cumplir la ley, pero especialmente a quien tiene más poder y recursos para hacerlo”, ha aseverado Colau en relación al fondo Vauras. La alcaldesa se ha mostrado convencido de que el caso volverá a archivarse.
La tranquilidad sobre su futuro judicial ha contrastado con la preocupación expresada por Colau sobre la regulación de los alquileres que no llega por el desacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos por la Ley de Vivienda. “No me preocupa que los fondos buitre me puedan llevar al juzgado a declarar, lo que sí me preocupa es que puedan seguir especulando con total impunidad y sigan subiendo los alquileres de forma descontrolada”, ha aseverado Colau.
La alcaldesa ha tildadao “incomprensible” que la Ley de Vivienda esté “paralizada” en el Congreso de los Diputados y ha acusado directamente a la vicepresidenta primera del gobierno español, Nadia Calviño, de intentar frenar su aprobación. “Sabemos que la señora Calviño está intentando frenar la aprobación de la ley. Actúa de portavoz de los lobbies inmobiliarios y quiere aguar la ley”, ha zanjado Colau.