Según los datos facilitados por el Ministerio de Defensa en el desarrollo del presupuesto de este año 2015, el gasto de este Ministerio a fecha de julio, fue superior en un 121% al presupuesto aprobado inicialmente. No hay ninguna duda de que el gasto militar se encuentra minusvalorado de forma deliberada, y que después, durante el ejercicio y de acuerdo con las necesidades de gasto, se ve incrementado.
Además, existen partidas inequívocamente militares que se encuentran repartidas, cuando no camufladas, entre otros ministerios. Esta práctica es habitual todos los años y obedece a un objetivo: esconder a la opinión pública el gasto militar real, y de paso al Congreso de los Diputados y al Senado, que aprueban unas cuentas muy inferiores al presupuesto real militar. Estas malas prácticas tienen especial relevancia en dos importantes partidas: la adquisición de grandes programas de armamento y las misiones de intervención militar en el exterior.
Estas prácticas, en la propuesta del presupuesto de Defensa del próximo año 2016, se vuelven a repetir. El gasto de este Ministerio no aumenta excesivamente respecto a 2015, un 0,35%, y llega a 5.787,89 millones. Pero si seguimos las directrices que marca la OTAN sobre cómo calcular el gasto militar de los países miembros, se tendrían que incluir todas las partidas militares como son los Organismos Autónomos de Defensa; o las repartidas por otros ministerios, como la I+D militar que surge desde el Ministerio de Industria; las clases pasivas militares (Seguridad Social); los gastos en organismos como la OTAN, que dependen del Ministerio de Exteriores; la mutua militar ISFAS; o la Guardia Civil (Ministerio de Interior), una fuerza paramilitar porque se rige por la ordenanza militar.
Y además añadimos al criterio establecido por nuestro Centro, donde contabilizamos el presupuesto del CNI, cuyo director es un militar, así como lo es el 60% de su personal y que tiene funciones militares; los intereses del Gasto Público en proporción al total del gasto militar; y, finalmente, la diferencia del gasto militar inicial del Ministerio de Defensa con el liquidado a finales de año. Entonces, el gasto militar total final es de 17.465 millones. Observamos que es tres veces superior al del Ministerio de Defensa y representa el 1,6% del PIB español.
La falta de transparencia en el gasto militar adquiere en el ámbito de la adquisición de armamentos su mayor importancia, especialmente en los denominados Programas Especiales de Armamento (PEA), dado que su enorme coste, 37.000 millones de euros, los ha convertido en una “burbuja armamentista” que tiene endeudado e hipotecado al Ministerio de Defensa y por extensión al Estado con una deuda alrededor de los 30.000 millones. Unos programas que se iniciaron a mediados del decenio de 1990 y que aún hoy continúan recibiendo ayudas en I+D para su desarrollo. Para hacer frente a sus pagos el próximo 2016, se han consignado solamente 6,8 millones, cuando los compromisos superan los 1.000 millones, que se pagarán, como en años anteriores, con un crédito extraordinario.
La segunda partida que esconde el gasto real son las misiones en el exterior, pues sabiendo que estas intervenciones ocasionan un gasto muy superior, se presupuestan con 14,3 millones, para después durante el ejercicio traspasarles nuevos recursos. Así, abril de 2015, ya se han incorporado 710,2 millones, que sin duda aumentarán al finalizar el año.
El presupuesto inicial del Estado que se acaba de aprobar para el año 2016 no difiere el ejecutado en 2015, y en este sentido es continuista, antisocial, improvisado y engañoso. Continuista porque no difiere en nada del de 2015. Antisocial porque si se observan los principales ministerios de gasto social desde 2008 han retrocedido. Educación, un 15,3%; Sanidad, un 9,7%, Fomento del Trabajo, un 32%; las aportaciones a I+D, un 24,5%; y la inversión en infraestructuras, un 59,2%. Mientras que el gasto militar íntegro ha disminuido un 17,6%. Se puede asegurar que Defensa ha sido un ministerio privilegiado frente a los ministerios sociales o los destinados al desarrollo y creación de empleo.
La improvisación y engaño se evidencia ante el estirón de orejas que la Comisión Europea ha dado a España al revisar la propuesta del presupuesto 2016, avisando que el déficit superará el previsto en 2015 en un 0,3%, y llegará al 4,5%, lo que equivale a un déficit de 3.000 millones; y que en la propuesta para 2015, se desviará un 0,7% y comportará un déficit de 7.000 millones. Añadiendo que el próximo gobierno que salga de las elecciones previstas el 20-D se verá obligado a modificar el presupuesto. Esto es lo que venimos alertando desde el Centro Delàs respecto al presupuesto militar, que esconde un enorme fraude que contribuye al aumento del déficit público del Estado español.
Pero a pesar de la enorme deuda acumulada por los programas especiales de armamento y las dificultades para hacerle frente, el Gobierno permite al Ministerio de Defensa continuar programando nuevos grandes armamentos. El año 2015 empezó un nuevo programa para fabricar dos nuevos Buques de Acción Marítima, la Armada ya poseía cuatro, con un coste de 333,5 millones. Y este año 2015, ha previsto iniciar cuatro nuevos programas: una nueva fragata F-110 por unos 800 millones, que podrían ampliarse hasta cuatro y convertirse en 3.200 millones; 350 unidades del blindado 8x8 modelo Piraña, 1.500 millones; cuatro aviones no tripulados Reaper con un coste de 171 millones; y tres aviones cisterna Airbus 330. Estos proyectos, más los equipos tecnológicos asociados, su financiamiento y mantenimiento durante los próximos diez años podrían llegar a convertirse en un coste de 10.000 millones de euros.
¿Y quién se beneficia de este gasto colosal? A las cuatro grandes empresas militares Airbus Defence and Space, Navantia, General Dynamics / Santa Barbara e Indra, que conforman un oligopolio, porque por separado cada una de ellas subministra las armas a los tres ejércitos de Defensa: Airbus, los aviones del Ejército del Aire; Navantia, los buques a la Armada; General Dynamics, el armamento pesado y munición del Ejército de Tierra; e Indra todas las tecnologías y electrónica de estas armas. Empresas, todas ellas menos Santa Barbara, donde el accionista principal es el Estado español a través de SEPI. De Navantia, se posee el 100%, de Indra, el 20,4%, y del consorcio europeo Airbus, el 4%. Empresas que son parasitarias del Ministerio de Defensa, porque dependen exclusivamente de sus demandas y viven gracias al trato de favor que les concede el Gobierno.
