Han pasado tres años de las revueltas sociales de ciudadanos libios que reivindicaban cambios políticos, más libertad y mejoras económicas. Dichas revueltas abrieron la caja de pandora a reivindicaciones de diversos grupos que estuvieron reprimidas por el régimen militar de Gadafi. La situación de descontento y protesta fue aprovechada por Estados Unidos y la Unión Europea, para dar apoyo a los grupos contrarios a Gadafi, con el fin de conseguir un cambio de régimen político, es decir propiciar el relevo en la jefatura del estado por otro personaje que fuera más afín a los cánones de gobernanza occidental y más abierto a los intereses económicos de las multinacionales.
La caída de Gadafi propició que los grupos tribales y sus milicias se enfrentaran entre ellos con el objetivo de obtener mayores cuotas de poder político y acceso a las rentas económicas derivadas de la extracción y venta de petróleo. Cada grupo intenta imponer su ideología (gradación más radical islamista a moderada islamista a laica), intentan imponer sus demandas y promover en el parlamento un régimen constitucional según sus consideraciones programáticas.
Después de la caída de Gadafi hubo elecciones en julio de 2012, los retos de la Cámara eran generar seguridad, impulsar estructuras institucionales de estado y recuperar la producción de petróleo. Ningunas de las tres cosas se han conseguido. El parlamento surgido de estas elecciones era muy heterogéneo y difícil de gestionar, el primer ministro fue incapaz de hacer propuestas aglutinadoras y las diversas posiciones laicas, islamistas moderadas a islamistas radicales se han enfrentado entre ellas de manera que el Congreso y el gobierno han sido incapaces de controlar la seguridad de las ciudades, en manos de milicias, controlar las fronteras, controlar las prisiones y proteger las instalaciones de extracción y puertos de salida de crudo. Los principales puertos siguen bloqueados desde hace casi un año por milicianos fuertemente armados.
Los enfrentamientos políticos de los diversos grupos han provocado las dimisiones de dos jefes de estado y tres primeros ministros. El segundo presidente dio mayor influencia en el Congreso a los islamistas con la oposición del primer ministro, discrepancia que provocó que éste fuera secuestrado por las propias “fuerzas del estado”, es decir un golpe de estado (octubre 2013). Las tensiones políticas han provocado una crisis política cuasi permanente haciendo que la vida del parlamento no alcanzara más de dos años. A finales de junio de 2014 ha habido nuevas elecciones generales en un contexto de violencia e inseguridad generalizada. Cabe recordar que Estados Unidos y Francia han retirado al personal de la embajada.
A lo largo de este año en febrero un exmilitar del ejercito de Gadafi que se exilió en Estados Unidos y que regreso para apoyar la caída de Gadafi, se erigió como feje de una milicia legalizada, anunció por TV la suspensión de poderes del gobierno, el primer ministro lo desmintió, no hubo represalias ni dimisiones y tres meses después, inició un ataque contra las milicias islamistas de Bengasi y la sede del parlamento libio, suspendiendo de actividad al propio parlamento.
El conflicto alcanzó dimensiones internacionales cuando los Emiratos Árabes Unidos decidieron bombardear, con el apoyo de Egipto, las posiciones islamistas de Trípoli, mientras que Qatar eligió armar y financiar a dichos grupos.
Tres años después nos encontramos con un país ingobernable, cuenta con dos parlamentos funcionando simultáneamente, uno en Trípoli y otro en Tobruk, dos presidentes de parlamento, un gobierno desplazado a mil kilómetros de la capital, en Tobruk, por miedo a las milicias islamistas que controlan Trípoli y Bengasi y otro gobierno le que disputa la legitimidad con sede en Trípoli.
Un gobierno que no puede gobernar, una proliferación de milicias armadas, islamistas o no, con sus lealtades tribales y enfrentadas entre ellas intentando utilizar el poder que confieren las armas para imponer sus demandas. Un estado que no consigue tener un cuerpo de seguridad, ejército único, cada milicia controla la vida, la economía y la seguridad de una zona geográfica. Un gobierno que es incapaz de aglutinar en un proyecto común los diversos intereses políticos y las diversas milicias en un único proyecto militar de país. En definitiva un gobierno que no gobierna, que no controla la inseguridad y violencia imperante, que no consigue incrementar la producción de petróleo, reducida a la décima parte, y un país con una pobreza cada vez mayor, hace que el país se encuentre en la frontera de la guerra civil o en una guerra civil de baja intensidad.
La semana pasada el gobierno Libio de Tobruk, pedía armas, tecnología y formación a su milicia, a la que llaman ejército, para tomar el control de la capital Trípoli. Todos son conscientes que la solución no es militar. La situación interna del país es muy crítica, pero dada la situación internacional centrada en Irak, Siria y Ucrania, puede suceder que esta guerra no sea motivo de ser destacada como noticia y se alargue muchos años.
Han pasado tres años de las revueltas sociales de ciudadanos libios que reivindicaban cambios políticos, más libertad y mejoras económicas. Dichas revueltas abrieron la caja de pandora a reivindicaciones de diversos grupos que estuvieron reprimidas por el régimen militar de Gadafi. La situación de descontento y protesta fue aprovechada por Estados Unidos y la Unión Europea, para dar apoyo a los grupos contrarios a Gadafi, con el fin de conseguir un cambio de régimen político, es decir propiciar el relevo en la jefatura del estado por otro personaje que fuera más afín a los cánones de gobernanza occidental y más abierto a los intereses económicos de las multinacionales.
La caída de Gadafi propició que los grupos tribales y sus milicias se enfrentaran entre ellos con el objetivo de obtener mayores cuotas de poder político y acceso a las rentas económicas derivadas de la extracción y venta de petróleo. Cada grupo intenta imponer su ideología (gradación más radical islamista a moderada islamista a laica), intentan imponer sus demandas y promover en el parlamento un régimen constitucional según sus consideraciones programáticas.