Por mucho que emocione poder empezar un nuevo proyecto colectivo común en una Catalunya independiente, hay un aspecto del plan que tendría que preocupar especialmente. La preocupación viene de la constatación desde hace años de las complicidades y vínculos que una parte de la élite política catalana y su intelligentsia más afín están tramando con Israel.
Es evidente como por una parte del PDeCat la construcción nacional pasa no sólo por reflejarse en el Estado de Israel, sino por llevar a cabo una política activa que busca el reconocimiento israelí para la independencia de Catalunya. Pero, ¿realmente nos queremos reflejar en un país que constantemente vulnera el Derecho Internacional y los Derechos Humanos de la población palestina?
Estas alianzas vienen de lejos y no es ningún secreto que el sionismo tuvo una gran influencia en la formación del pensamiento nacionalista de Jordi Pujol. Ya en el año 2007, el expresidente de la Generalitat de Catalunya explicaba en un discurso en la Knesset, parlamento israelí, su gran interés personal en la construcción del Estado de Israel y en el sionismo, ideología colonial e identitaria que excluye las personas no-judías.
Desde todos los ámbitos imaginables, se están construyendo puentes, firmando acuerdos, compartiendo investigaciones y fórums con actores institucionales, académicos y empresariales israelís que de manera más o menos directa tienen responsabilidad y se benefician de la militarización y perpetuación de la ocupación de Palestina.
Como explica el informe del ODHE que coordiné, la Agència Catalana de la Promoció Empresarial, ACCIÓ, mantiene acuerdos con instituciones israelís, promociona misiones empresariales a las ferias del país (entre ellas la de Ciberseguridad), e incentiva la presentación de proyectos conjuntos de I+D a Fondos Europeos. A Colombia y a Marruecos, ACCIÓ dice ofrecer formaciones en derechos humanos para los agentes empresariales catalanes que quieran invertir o abrir negocios. En Israel, donde se mantiene abierto uno de los conflictos más prolongados y que ha generado más personas refugiadas, actualmente más de 6 millones y sin derecho al retorno, y más desplazadas internas al mundo, ACCIÓ no lo ha considerado hasta ahora necesario.
La mayoría de Universidades catalanas tienen convenios con universidades israelís, en muchas de las cuales se desarrolla la innovación tecnológica para aplicaciones militares o de doble uso que tanto beneficia a la industria militar y el ejército israelí. Sin ir más lejos, pero, la UPC tiene una Cátedra de Minería Sostenible financiada por la empresa ICL, una de las más grandes de Israel, que aporta regularmente donaciones al ejército israelí, y que además, ha sido durante años la única proveedora de fósforo blanco del ejército norteamericano. El fósforo blanco de ICL (empresa con gran implantación en el Bages, donde es conocida como Iberpotash) vendido a los Estados Unidos se ha dedicado exclusivamente a la producción de armas incendiarias.
El port de Tarragona tiene contractos con Magal Security Systems para gestionar la seguridad perimetral del puerto. Magal es una de las mayores empresas israelís de seguridad, que gestiona buena parte de la seguridad perimetral del Muro que divide y espolia parte del territorio palestino de Cisjordania, la seguridad en check points y que contribuye (y se lucra) con el asedio y castigo colectivo que Israel impone sobre la Franja de Gaza y su población.
La voluntad de una parte de la política catalana de profundizar en estas relaciones es, desde el punto de vista de la justicia social y de los derechos humanos más elementales, de una incoherencia total con el discurso de la lucha para la autodeterminación de los pueblos y con el sueño que muchas tienen de construir un proyecto común mejor del que tenemos ahora. Las razones para rechazar este plan son muchas:
- Israel mantiene un régimen de ocupación y de apartheid contra la población palestina, especialmente la que vive la Franja de Gaza, a Cisjordania y a Jerusalén Este, pero también mantiene más de un centenar de normas discriminatorias contra los palestinos que viven en el actual Israel.
- Israel mantiene actualmente 6.279 prisioneras políticas palestina a las cárceles israelís, 465 en situación de detención administrativa indefinida sin cargos ni juicio.
- Israel es el país más altamente militarizado del mundo según el Bonn International Center for Conversion. Eso quiere decir que es una sociedad que no solo tiene un número elevadísimo de personal militar activo (21 por cada 1000 habitantes frente a los 2,5 al estado español, por ejemplo) y a la reserva, sino que dedica un 5,8% de su PIB a la defensa.
- Israel exporta tres cuartas partes de su producción de armamento y se vanagloria de ser un exitoso exportador de armas debido a que sus armas ya han estado probadas en combate (ver informe de Alejandro Pozo).
- Desde 2005, la militarización del conflicto ha causado la muerte de más de 4.000 personas, el 96% palestinas (datos de 2014, ver las estadísticas de la organización israelí Btselem).
- Israel mantiene y sigue construyendo asentamientos ilegales y construyendo un Muro de separación y confiscación que ha estado considerado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
- Israel y las empresas de todo el mundo que participan en su economía a menudo se benefician del espolio de recursos que se perpetua contra territorios palestinos y que, según el derecho internacional humanitario, pertenecen a las poblaciones palestinas y no a la potencia ocupante.
Acercarse a Israel, pero, no sólo perjudica la población palestina, también la población catalana. El informe Negocis Ocults expuso el año 2011, como Mossos d’Esquadra se entrenaban en Israel, ejerciendo después la represión que han aprendido sobre ciudadanas a Catalunya. Según El Confidencial, además, un documento de la Generalitat sobre el futuro servicio de inteligencia catalán marca como una de las líneas de actuación: “Entrar en contacto con los servicios de Inteligencia de Israel para conocer la organización de su agencia de Ciberseguridad”.
El junio pasado, Carles Puigdemont inauguraba el Consulado Honorario de Israel a Catalunya, en Barcelona, después de 19 años sin relaciones diplomáticas en la ciudad. Puigdemont dijo en la inauguración que esperaba “que en el futuro ese rango [...] de consulado honorario se increment[és]”. Según parece, Israel es una de las apuestas con las que miembros del gobierno catalán cuentan para consolidar una futura independencia y atenuar una posible salida de la Unión Europea. Por este motivo es también significativa la participación como observadoras internacionales invitadas por el Diplocat al Referéndum del 1 de octubre de Ksenia Svetlova, miembro del parlamento israelí por la Unión Sionista y habitante de la ciudad de Mod’iin, parcialmente situada dentro de territorio palestino ocupado, que la Unión Europea considera asentamiento ilegal desde 2012.
Mientras que la ONU está dando el primer paso firme para construir una base de datos con empresas que se lucran de la ocupación israeliana (ya ha enviado cartas a 150 empresas entre las que encontramos Caterpillar TripAdvisor, Airbnb, avisándoles que si no paran su actividad serán incluídas en la base de datos), el Govern catalán sigue expandiendo sus relaciones con Israel.
Todas estas razones y las evidencias que estas relaciones se quieren estrechar con la independencia, nos tienen que hacer estar alerta. Si tenemos que construir alguna cosa nueva, que sea libre de apartheid, de militarismo y de vulneraciones de derechos humanos. Con compañeras de viaje como ICL, Magal o la propia Israel, sería todo lo contrario.
