Los agentes sociales reclaman a Illa estabilidad y “valentía” para reforzar el estado del bienestar

Salvador Illa es la encarnación de la moderación. En los modos y en lo político. Y ello le ha hecho ganarse el favor de buena parte del sector empresarial y económico, a la vez que ha despertado esperanzas entre los sindicatos, que le reclaman “valentía” en la defensa de los servicios públicos. Otros agentes más vinculados al tercer sector, sin embargo, esgrimen ciertas dudas y temen que algunas decisiones tomadas por su supuesta transversalidad, como el nombramiento de consellers vinculados a Convergència i Unió, puedan acabar significando un giro conservador en el Govern.

Illa llega a la Generalitat en un momento complejo, mientras el independentismo se está rearmando y reorganizando, pero también con unos buenos datos económicos que le dan margen de maniobra. Además, todos los acuerdos que ha suscrito para su investidura son de orientación progresista, con ERC y los Comuns. Con todo, el sector empresarial era prácticamente unánime en su deseo de que Illa cosechara los apoyos necesarios para llegar a la presidencia, tanto por el fin del procés como por que se evitara una repetición electoral.

Así se lo hicieron saber en la cena anual que organiza el influyente Cercle d'Economia en mayo. A pesar de que la investidura todavía quedaba lejos y el pacto con ERC y Comuns no era una realidad, la mayoría de empresarios dieron su bendición a Illa y le desearon la mejor de las suertes.

Tras siete años de procés, anhelaban la “normalidad”. Y la victoria del primer socialista no independentista desde hace más de una década hace ver a personalidades como Jaume Guardiola, presidente del Cercle d'Economia, que esa normalidad podría haber llegado. También lo ven así desde la Cambra de Comerç o Pimec, que celebra la “desjudicialización de la política acordada democráticamente” y la “normalización”.

Ahora, el sector económico y empresarial reclama al nuevo Govern calma y estabilidad, que durante los últimos años –con vaivenes jurídicos, políticos y repeticiones electorales– no ha habido. Y lo que también es una petición casi unánime es la elaboración de un nuevo modelo de financiación. “Todas las infraestructuras y los servicios sociales están al límite”, aseguró Guardiola en una entrevista a elDiario.es poco antes de la investidura de Illa.

Desde el Cercle d'Economia piden al Govern que sea “valiente” y apueste por un modelo de financiación de progreso. Otros agentes económicos, como Pimec y las patronales, también se han posicionado abiertamente a favor de un nuevo paradigma fiscal.

Pero no todo son alegrías en el sector empresarial. Algunas entidades como Foment –a pesar de estar satisfecha con la investidura– se muestra recelosa de las consecuencias que puedan tener los pactos que Illa ha necesitado con ERC y Comuns para llegar a la presidencia. Foment habla de “preocupación” de que se dibuje “un horizonte político de corte intervencionista que propugne la cultura del decrecimiento”.

En este sentido, la patronal ve “decepcionante” que, fruto de los acuerdos de investidura, se quieran frenar la ejecución de la B-40, del macrocasino del Hard Rock o que se haya sustituido la ampliación del aeropuerto por una propuesta de “modernización”.

Pero para otros agentes, los pactos con Comuns y ERC, en lugar de poner palos a las ruedas, podrían quedarse cortos. Mientras las patronales piden más rebajas fiscales y la suspensión del impuesto de sucesiones, sindicatos como CCOO y UGT reclaman ir más allá.

Un refuerzo del estado del bienestar

El secretario general de CCOO en Catalunya, Javier Pacheco, felicita a Illa, pero considera que las políticas fiscales planteadas “no han sido suficientemente claras”. Lamenta que, hasta que no ha habido acuerdo de investidura, “no dejó clara la decisión de mantener el impuesto de sucesiones ni su intención manifiesta de incrementar los tramos de IRPF según la renta”.

Pacheco reclama “políticas más valientes” y en la misma línea se expresa el secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, que pide al nuevo president que ejerza las competencias catalanas con “políticas más decididas”. Insiste en la necesidad de dibujar una hoja de ruta para definir el futuro industrial y un modelo de turismo sostenible, a la vez que se refuerce el diálogo social y político para “resolver el conflicto y mejorar las condiciones de la clase trabajadora”.

Los dos sindicatos mayoritarios coinciden en que el nuevo modelo fiscal es una buena noticia, siempre que sea para reforzar el estado del bienestar. “No debe servir para rebajar impuestos, sino para tener ingresos de más para mejorar la sanidad y la educación públicas”, apunta Ros.

En este sentido, ambos consideran que otro de los grandes retos que tiene el Govern es atajar la crisis de la vivienda. “Los altos precios son uno de los grandes impedimentos de la clase trabajadora para tener una vida digna”, dice Ros. Por su parte, Pacheco también pone el foco en la necesidad de desplegar políticas verdes y en la urgencia de seguir desarrollando medidas contra la violencia machista.

Aumenta la preocupación por el acceso a la vivienda

Evolución del porcentaje de catalanes que mencionan cada uno de los siguientes como principales problemas en Catalunya

Fuente: Baròmetre CEO

Ambos están satisfechos con la investidura, pero desde CCOO manifiestan dudas sobre algunas decisiones, como la de nombrar a Miquel Sàmper como conseller de Empresa y Trabajo. Quien fue conseller de Interior en el Govern de Torra no tiene una vinculación clara con el sector económico ni laboral, así que el nombramiento ha causado “sorpresa” en Pacheco. “No esperábamos que esa fuera la apuesta. Tendremos que ver qué equipo monta y si va a estar capacitado”, apunta.

Recelos sobre algunas conselleries

El de Sàmper no es el único nombramiento que ha despertado recelos. El anuncio de Olga Pané al frente de la cartera de Salud ha generado una oleada de críticas en redes a raíz de unos vídeos antiguos en los que se la ve reclamando una reorganización de las jornadas de los médicos para permitir que puedan hacer más horas o asegurando que los pediatras no son necesarios en los Centros de Atención Primaria –reclamación que, por otra parte, es compartida con algunas entidades de sanitarios–.

Uno de los aspectos de Pané que más inquieta al sector es que proviene de la sanidad privada y el sindicato Metges de Catalunya ya se ha dirigido, mediante un comunicado, a la nueva consellera, advirtiéndole de que “deberá pensar en la globalidad del sistema, poniendo siempre por delante el carácter público del mismo y buscando la protección y el bienestar de sus trabajadores”.

El colectivo ha querido resaltar la necesidad de ampliar el presupuesto sanitario “en unos 3.000 millones de euros anuales” para mejores condiciones laborales y garantizar una buena atención a la ciudadanía y reducir, entre otras, las largas listas de espera. Metges de Catalunya reconoce la “larga trayectoria” de Pané y le insta a seguir con la transformación del modelo sanitario catalán iniciada durante el mandato de ERC, que también garantizó espacios de participación para los sanitarios.

Otro de los anuncios que no ha calado del todo bien es la creación de la 'superconselleria' de la que se hará cargo Sílvia Paneque, que está al frente de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. Es cierto que las entidades verdes ven con buenos ojos que se haya separado la cartera ecologista de la agrícola –que antes convivían en la conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural–, debido a que apela a sectores, a menudo, con intereses contradictorios.

Pero algunas, sobre todo las vinculadas a la conservación del entorno, temen que la lucha contra la crisis climática quede camuflada entre los asuntos que afectan a la vivienda, al traspaso de Rodalies o la portavocía del Govern, que también está en manos de Paneque. Aun así, algunas entidades más dirigidas a la promoción de la descarbonización ven el vaso medio lleno y consideran que este cóctel puede ayudar a impulsar la energía verde, ya que la tramitación de parques eólicos y solares recae en Territorio, cosa que antes retrasaba las gestiones.

Otro de los nombramientos que genera división de opiniones es el de Esther Niubó al frente de Educación. Tiene experiencia en el sector y es conocida por el principal sindicato de profesores, la USTEC. Su portavoz, Yolanda Segura, pone el foco en las tensiones que puede haber en lo relativo a la inmersión lingüística. “Es muy beligerante con este tema, e incluso pidió la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en los centros”, lamenta la sindicalista.

Más allá de la lengua, los maestros tienen claro qué le piden a Niubó: más recursos para acabar con la segregación y el abandono escolar prematuro y una apuesta clara por la escuela pública. Igualmente, esperan tener una mejor relación que con su predecesora, Anna Simó. Durante el ejercicio de su cargo hubo récord de huelgas en el sector y USTEC pide que se dé marcha atrás en algunas de las medidas adoptadas por Simó como avanzar el calendario escolar.

Otro de los colectivos candentes en esta legislatura –al menos, al principio– son los Mossos d'Esquadra. La nueva consellera, Núria Parlon, tiene el reto de subsanar la imagen del cuerpo después de la huida de Puigdemont. El Sindicat Autònom y el Sindicat de Mossos d'Esquadra lamentan la gestión del anterior conseller, Joan Ignasi Elena, y esperan que su sucesora no les tenga “como un enemigo”. Y piden, sobre todo, que Parlon “sea más cercana al cuerpo” y no se guíe “por su agenda política”.

Con todo, las entidades y agentes sociales quedan atentos a este nuevo Govern, que –como todos– empieza con retos. Pero en este caso Salvador Illa tiene el mandato de gobernar Catalunya en lo que se ha concebido como una nueva etapa tras el procés, que deja la agenda nacional a un lado por primera vez en siete años.