Una de las primeras conclusiones que saca Montserrat Fernández, la abogada del joven agredido por los Mossos durante las protestas contra el derribo de Can Vies, es que los agentes del cuerpo de policía catalana nunca deberían haber golpeado a su representado, mucho menos por encima de la cintura. Estos golpes, según la letrada, están desautorizados por el reglamento precisamente por los daños que pueden causar y que, en el caso de I.J.M, fueron una fractura en el pabellón auditivo izquierdo. En palabras de Fernández “le partió la oreja literalmente en dos”.
Los hechos tuvieron lugar durante el conflicto surgido a raíz del desalojo del centro autogestionado de Sants, Can Vies, en concreto, el 27 de mayo. Días después, el 30 mayo, I.J.M presentó una querella contra dos agentes de los Mossos. Según la acusación, un agente de la Brigada Móvil -identificado por el número NOP- se dirigió contra él y le propinó un golpe seco y directo contra la cabeza. Esta presunta agresión se registró en un vídeo y varias fotografías muestran el preciso momento del golpe. De hecho, las imágenes se extendieron rápidamente por la red causando una gran indignación ciudadana. Tras cuatro meses de silencio e incertidumbres, el juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha rechazado la admisión a trámite la querella alegando que “la actuación policial era legal”. El juzgado no sólo argumenta la diligencia de la actuación policial, sino que además abre la puerta a un presunto comportamiento indebido del joven, que habría desobedecido las indicaciones de los policías, lo que podría constituir un delito de desobediencia a la autoridad.
El auto judicial indica que los dos policías cumplieron “las órdenes que recibieron en cuanto a impedir el paso a determinadas zonas conflictivas a cualquier ciudadano que pretenda adentrarse en las mismas”. Además, el juez recuerda que los Mossos pueden utilizar la fuerza que sea necesaria para garantizar la paz pública, y considera que durante los disturbios se estaban haciendo “actuaciones extremadamente violentas”.
Los abogados del joven, Montserrat Fernández y Andrés García, ya han presentado un recurso de apelación contra la inadmisión de la querella. Consideran “rotundamente falso” que I.L.M se enfrentara a los policías. “La resolución judicial es absolutamente preocupante, ya que además de no realizar ni la más mínima investigación, avala una actuación contraria al derecho ampliamente difundida. Esta decisión estaría generando una sensación ante este y otros abusos policiales de absoluta impunidad”, indican. Sobre la actuación policial, los abogados son concluyentes. Explican que la actuación del agente es “absolutamente contraria a los protocolos policiales”, en los que se establece que “los golpes deben darse con la defensa en paralelo al suelo y en las partes muscularmente protegidas del tren interior del cuerpo [...] En ningún caso se debe utilizar de arriba abajo ni sobre zonas vitales del cuerpo”.
Además, entidades como la Coordinadora Catalana para la Prevención y Denuncia de la Tortura, el Instituto Catalán de Derechos Humanos y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB también han admitido un comunicado en que cuestionan el procedimiento policial y judicial. “Exigimos que se investiguen efectivamente por parte de juzgados y por parte de la Dirección General de Mossos Esquadra todas las vulneraciones de derechos que se dieron en el contexto de las protestas por el desalojo de Can Vies”.