“Mi binomio es el de la bandera de Brasil: orden y progreso”. Quien se define así es David Bote, físico de 40 años y que ejerce como alcalde de Mataró desde hace siete. En los últimos meses, Bote se ha convertido en la cara de un movimiento de alcaldes que han impulsado la nueva ley antiocupaciones, que se votará en el Congreso. Una normativa polémica y que ha supuesto movilizaciones en contra por parte de colectivos como la PAH, pero que los socialistas defienden como necesaria y coherente con sus ideas.
“La izquierda se ocupa de las clases trabajadoras y la seguridad afecta a las clases trabajadoras, sobre todo en los barrios populares”, explica el primer edil de Mataró. Y no está solo en esta opinión. El PSC y sus alcaldes metropolitanos han tomado la bandera de la seguridad de cara a las próximas municipales y lo hacen con un discurso sin medias tintas que apuesta por reducir la criminalidad con más contundencia, más herramientas legales y más policía.
El objetivo de Bote, junto a la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano y los colegios de abogados de Barcelona, Málaga y Mataró, es dotar a los ayuntamientos y a sus policías locales de un marco legal para poder intervenir ante ocupaciones “conflictivas” de viviendas. Una realidad que, según explican, en Mataró está a la orden del día. Solo en esta ciudad de 127.000 habitantes se produjeron en el primer semestre del año cerca del 3% de todas las ocupaciones de España. “Necesitamos dos cosas. Por un lado, que la policía pueda sacar al ocupa en 48 horas. Y, segundo, que la ocupación delincuencial tenga un castigo superior al actual”, afirma el alcalde.
Lo que reclama el primer edil de Mataró no solo no desentona en su partido, sino que se enmarca en una visión compartida sobre la seguridad. La mayoría de las alcaldías de las ciudades grandes y medianas alrededor de Barcelona han desplegado en las últimas semanas campañas o medidas específicas para combatir la delincuencia, y la previsión de los socialistas es que lleguen más anuncios del estilo conforme se acerquen las elecciones de mayo de 2023.
En Santa Coloma de Gramenet, la alcaldesa Núria Parlon ha anunciado esta semana una inversión de 14 millones para una nueva comisaría que será “una de las más modernas de Catalunya”. En Badalona, Álex Guijarro acaba de presentar una nueva unidad de la policía local, Domus, que tendrá como único cometido la lucha contra las ocupaciones de inmuebles. Cornellà también se ha sumado a las ciudades que apuestan por recuperar los serenos, como ya hiciera hace unos meses la propia Santa Coloma. En L'Hospitalet, la alcaldesa, Núria Marín, anunció un plan específico para el barrio del rapero Morad: “Más presencia policial en La Florida”.
Los datos y la percepción de seguridad
Todas estas propuestas llegan en un momento de preocupación social por la seguridad, aunque los datos no son especialmente malos. Según el balance del Ministerio del Interior, en ninguna ciudad catalana la criminalidad se ha incrementado de forma importante durante este año en relación con las cifras registradas antes de la pandemia, e incluso la mayoría los delitos se han reducido. En Barcelona especialmente, que se ha convertido en la gran ciudad española que lidera el descenso de los índices de criminalidad.
Si se mira la fotografía fija del número total de delitos, los registros de las ciudades catalanas (con la excepción de Barcelona) tampoco están demasiado lejos de la media de criminalidad catalana o española. La capital sale malparada con esta contabilidad debido, entre otras cuestiones, a que la población flotante de Barcelona es mucho mayor a la que está empadronada, por los desplazamientos por motivos laborales pero, sobre todo, por el turismo. Más allá de estos factores, ciudades como Mataró o Badalona están cerca de la media catalana en todos los tipos de delitos, mientras que Cornellà y Santa Coloma incluso quedan por debajo. Solo L'Hospitalet registra datos por encima de los habituales, sobre todo relacionados con los delitos contra la propiedad.
Pero estos datos normales o incluso buenos no impiden que la percepción ciudadana vaya por otro lado. Tanto las últimas encuestas municipales como en las que realiza el CEO de la Generalitat subrayan que los ciudadanos perciben la seguridad como un problema importante. Una preocupación que figura hace tiempo en el radar de los alcaldes socialistas, que defienden que las políticas progresistas pasan por garantizar la seguridad de los ciudadanos.
“Los datos de Badalona no están mal, pero la percepción a veces es otra…”, reconoce el alcalde de la localidad, Rubén Guijarro. “Durante muchos años ha habido un discurso de la derecha muy incendiario denunciando problemáticas, pero sin aportar soluciones”, afirma, en referencia a los años en los que Xavier Albiol lideró el ayuntamiento con un discurso claramente centrado en la seguridad.
Guijarro rebate a Albiol con datos sobre presencia policial. “Durante el mandato del PP no se incorporó ni un nuevo agente a la Guàrdia Urbana, nosotros en cambio tenemos 21 efectivos nuevos y estamos en trámites para incorporar otros 32. Creemos que las medidas funcionan más que los discursos incendiarios, y lo que desde luego no haremos es ser embajadores negativos de nuestro propia ciudad para crear una falsa mala imagen”, explica el socialista.
Con todo, Badalona es uno de los pocos municipios catalanes en los que la izquierda se juega la alcaldía contra una derecha claramente identificada con las políticas de “orden”. Ante eso, los partidos situados a la izquierda han optado por no eludir el tema y presentar programas centrados en la cuestión de la seguridad. Si el alcalde acaba de estrenar una nueva unidad policial “antiocupas”, desde Guanyem, otro de los grupos fuertes de la izquierda en el consistorio, han anunciado una concejalía para ''la Dignidad y la Seguridad Humana“, en un claro intento de llevar el agua a su molino.
Medidas epidérmicas o de largo alcance
Amadeu Recasens es uno de los mayores expertos catalanes en seguridad pública. Fue director de la Escola de Policia de Catalunya entre 1996 y 2004 y posteriormente fue fichado por Ada Colau como comisionado de Seguridad de Barcelona durante la primera legislatura de la alcaldesa de los comuns. Recasens opina que uno de los principales errores de la izquierda en materia de seguridad es aceptar el marco mental de la derecha. “Eso ya lo intentó Jospin cuando trató superar a Le Pen en 2002. Y ya sabemos cómo acabó: Ganó Le Pen”, afirma el experto.
A Recasens no le sorprende que el debate sobre la seguridad haya vuelto a encenderse este año, en la recta final hacia las municipales. “Es una estrategia clásica de la derecha, porque el miedo convierte a la gente en conservadora”, apunta. Ante eso, alerta de que las izquierdas pueden cometer dos errores opuestos: o bien tratan de actuar solo en la raíz de los problemas y se ponen de perfil cuando hace falta la actuación rápida o incluso represiva; o bien optan por medidas vistosas, pero epidérmicas “sin atacar las cuestiones de fondo que crean las condiciones idóneas para el delito, como la desigualdad”.
Con este argumento, Recasens rechaza las políticas llamadas “de mano dura” y critica las medidas aisladas. “Sabemos que no funcionan para bajar los delitos, ni siquiera son disuasorias. Solo consiguen, en el mejor de los casos, tranquilizar a los vecinos”, afirma. El criminólogo considera además que todas las propuestas en seguridad deberían responder a una estrategia concreta de política pública. “Algunas medidas pueden ser efectivas epidérmicamente, pero no cambian las cosas. Necesitamos políticas públicas dedicadas a la prevención. Una buena política de prevención pasa por la limpieza, por la iluminación, por la gestión de los espacios… también por la policía, claro, pero no sólo”, indica.
Pero los alcaldes socialistas no se sienten aludidos por estas críticas. “Aquí en Badalona asumimos muchas competencias que en principio no nos tocan, como la seguridad pública, pero también por ejemplo estamos construyendo dos nuevas escuelas. No son medidas aisladas”, asegura Guijarro. También Bote rechaza que su actuación tenga que ver con tratar de enfrentarse al discurso de la derecha. “Nos dicen mucho eso de que hay que combatir a Vox, pero yo llevo tomando decisiones en este tema desde el primer día de alcaldía, hace siete años, y siempre hemos dicho lo mismo”, asegura.
Illa contra el conseller y los alcaldes en el Congreso
La avalancha de actuaciones desde los municipios socialistas coincide con un discurso contundente en materia de seguridad por parte del partido en el Parlament. En las últimas semanas, el líder del PSC, Salvador Illa, se ha destacado por ser inclemente en sus críticas hacia el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, al que logró que el Parlament reprobara con los votos de todas las derechas. “¿Qué es una política de seguridad conservadora?”, se preguntaba un día después en una entrevistas en este diario. “Las políticas de seguridad son correctas y eficaces o incorrectas e ineficaces”, afirmaba.
El líder socialista catalán ha convertido la seguridad en uno de los arietes más eficaces contra el Govern de Pere Aragonès, con un portavoz en las cuestiones relativas a los Mossos de lujo: Ramon Espadaler, actual líder de Units y quien fuera conseller de Interior de Artur Mas entre 2012 y 2015.​​ No es el único miembro de la extinta Unió que se desempeña ahora en tareas de seguridad en nombre de los socialistas. En Barcelona, el concejal de Seguridad es Albert Batlle, quien fuera número dos de Espadaler al frente de los Mossos.
Precisamente fue Batlle quien en su día dinamizó otra de las reformas legales pendientes del Congreso y que ahora los alcaldes socialistas esperan como agua de mayo: la prisión para los culpables multirreincidentes de hurtos. En su momento esta medida reunió un apoyo inédito, con el favor explícito de alcaldes de todos los colores, incluyendo Ada Colau. También el Departamento de Interior de la Generalitat bajo la presidencia de Quim Torra se mostró entusiasta con esta medida.
El pasado mes de mayo esa reforma del Código Penal llegó al Congreso y obtuvo el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCat, Ciudadanos, Más País y Compromís, y la abstención de todos los demás a excepción del BNG, que la rechazó. Pero este verano se demostró que la medida estaba lejos de ser la panacea, ya que exige que la suma de los robos reincidentes supere los 400 euros y la Fiscalía encuentra problemas a la hora de acreditar la cuantía de los pequeños hurtos.