Así bajan los precios del alquiler en Catalunya en el primer trimestre con la Ley de Vivienda, municipio a municipio

El precio medio del alquiler ha descendido por primera vez en años en Catalunya y lo ha hecho precisamente en aquellos municipios donde se aplica el control de rentas de la Ley de Vivienda. Tal como adelantó la semana pasada la Generalitat, en las ciudades declaradas tensionadas, con Barcelona a la cabeza, las mensualidades bajan un 5%, mientras que en las demás el precio se mantienen igual. 

A la espera de ver cómo evolucionan los precios en el futuro, la Generalitat ha celebrado que el tope a los precios muestre ya cierto impacto en el mercado del alquiler durante el primer trimestre de su entrada en vigor, entre abril y junio de 2024. En los 141 municipios catalanes que se declararon zonas tensionadas el alquiler medio se sitúa en 865,56, una caída del 5% respecto al trimestre anterior y un 0,1% en comparación con el mismo período de 2023. En cambio, en el resto de localidades, las que no tienen los precios limitados, las rentas subieron de media un 0,6% intertrimestral y un 1,7% interanual.

De acuerdo con los datos analizados por elDiario.es, en el 79% de los 141 municipios con tope del alquiler, el precio medio desciende. Mientras que en el 21%, uno de cada cinco, todavía aumenta. Entre los primeros, destacan casos como Cornellà de Llobregat (-14,7% en un trimestre), Ripollet (-11,3%) y Sant Joan Despí (-11,3%). En el segundo grupo resaltan localidades como Sitges (+15,5%), Molins de Rei (+10,8%) o Sant Pere de Ribes (+9,5%).

En Barcelona, la mensualidad se queda en 1.131 euros: todavía por encima del salario mínimo interprofesional. Pero por primera vez con un descenso respecto al récord que marcó el primer trimestre de 2024, de 1.193 euros. Los precios no habían parado de subir en la capital catalana desde el año 2020, que registraron el descenso con la pandemia.

Caen un 17% los contratos

La otra cara de la entrada en vigor del tope de precios, la nota negativa –según ha reconocido la Generalitat–, es que el ritmo de contratos firmados ha caído de forma mucho más pronunciada en los municipios declarados zona tensionada que en los demás. Aunque desde hace meses se venía observando un descenso en este ámbito, ahora alcanza el 17% en las 141 localidades con regulación, por un 1,6% en las que no lo están. 

Según la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, esta “disminución importante” se debe a un trasvase del alquiler convencional al de temporada, aunque sea en muchos casos una alternativa fraudulenta. “Esto marca la necesidad de regular la vivienda temporal para que no pueda existir esta desviación”, ha señalado. Este diagnóstico lo comparte el Sindicat de Llogateres de Catalunya, que atribuye además esta bajada a una menor rotación de pisos de alquiler, es decir, a una mayor estabilidad de los inquilinos.

Sin embargo, la cifra supone munición para las asociaciones de propietarios y de inmobiliarias, que ven en ella una caída de la oferta de los alquileres fruto de una regulación que denuncian que no incentiva al casero arrendar sus viviendas. “Esto indica una alarmante retirada de viviendas del mercado por parte de los propietarios que agrava el desequilibrio entre la demanda y la oferta y que está colapsando el mercado del alquiler en Barcelona”, ha expresado la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona en un comunicado.

Los datos publicados por la Generalitat corresponden a los de abril a junio de 2024, el primer trimestre en el que estuvo en vigor la limitación de los precios –se publicó en el BOE el 15 de marzo–. Catalunya fue entonces la primera comunidad autónoma en declarar la mayoría de sus grandes municipios como zona tensionada con el tope de precios, condición que ostentaba en solitario hasta que se le añadió la localidad vasca de Errentería en septiembre. 

De esta forma, la regulación de los alquileres afecta desde marzo a 141 municipios catalanes, que incluyen los de todo el área metropolitana de Barcelona, así como las capitales de provincia (Lleida, Tarragona y Girona) y la mayoría de ciudades de tamaño medio. Además, a mediados de abril la Generalitat propuso incluir en la regulación 131 nuevos pueblos y ciudades hasta alcanzar los 271, o lo que es lo mismo, el 90% de la población catalana. 

En todos esos municipios, de acuerdo con la Ley de Vivienda, los nuevos contratos de arrendamiento –bien sean renovaciones de alquiler o de nuevos inquilinos– no pueden superar el precio del anterior. Y en el caso de los grandes propietarios, los que tienen cinco pisos o más, están incluso obligados a bajar la renta si excede el Índice de Precios del Alquiler estatal. 

No es la primera vez que Catalunya puede analizar cómo el tope a los alquileres afecta a los precios y a los contratos que se firman. Entre septiembre de 2020 y febrero de 2022 estuvo en vigor en la comunidad otra regulación parecida, aprobada por el Parlament y que finalmente tumbó el Tribunal Constitucional. En aquel período, muy condicionado por la salida de la pandemia y su impacto en el mercado inmobiliario, se constató también una reducción de los precios, pero lo que generó más discusión –no del todo resuelta– es si había provocado un hundimiento de la oferta.