Amnistía Internacional ha respaldado los indultos de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart pero ha reclamado que también se les anule la condena. Tras visitar a ambos presos en la cárcel de Lledoners, la organización ha vuelto a reiterar su preocupación por el encarcelamiento del exlíder de la ANC y el presidente de Òmnium Cultural, y les ha trasladado que explorará todas las posibilidades para seguir denunciando las violaciones de sus derechos humanos, como la libertad de expresión y reunión pacífica, incluida la supervisión del proceso judicial ante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
“Damos la bienvenida a cualquier medida que suponga poner fin a la injusticia de su encarcelamiento. Sin el indulto sólo supone el perdón de la pena, pero no la anulación de la condena, como en nuestra opinión debería pasar”, ha expresado la coordinadora de Amnistía Internacional en Catalunya, Adriana Ribas.
“Este es un momento crítico en el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que llevan casi cuatro años encarcelados injustamente. Ahora han agotado todas las vías para que los tribunales españoles les proporcionen justicia. Amnistía Internacional reitera la preocupación por su situación. Estamos comprometidos para lograr el fin de las violaciones que están sufriendo, como parte de nuestro trabajo continuo para garantizar el respeto de los derechos humanos en España”, ha aseverado Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional Europa, que ha mantenido un encuentro en línea con ambos presos este miércoles.
“Sánchez y Cuixart nunca deberían haber entrado en prisión. La condena por un delito de sedición y la denegación de amparo posterior por parte del Tribunal Constitucional constituyen una restricción indebida de sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión contraria a los derechos humanos. Amnistía Internacional ha reclamado desde octubre del año 2017 su puesta en libertad”, ha recordado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, después de la visita a la cárcel.
Amnistía ha lamentado que todas las instancias judiciales en España no hayan tenido en cuenta lo que han señalado diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, entre los cuales, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el TEDH, en el sentido de que las acciones directas no violentas, incluyendo actos de desobediencia civil, se encuentran protegidas por los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, incluso cuando supongan una vulneración de la ley, siempre que no se cometan de forma violenta.
La entidad ha vuelto a reclamar al Gobierno y al Congreso que revisen “con urgencia” el Código Penal para asegurar que la definición del delito de sedición “no criminaliza actos pacíficos de desobediencia civil, ni restringe indebidamente la libertad de reunión pacífica o de expresión”. Y ha reiterado que la “vaguedad” en la definición actual de la sedición y la interpretación realizada por el Tribunal Supremo “son contrarias al principio de legalidad”, que exige que cualquier conducta penal debe estar claramente definida de manera que sea accesible y previsible .
“Esta vaguedad de la definición del delito de sedición y su interpretación excesivamente amplia constituye una vulneración del principio de legalidad contenido en el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que lleva a Amnistía Internacional a mostrar preocupación por las condenas por sedición impuestas a Sánchez y Cuixart y los dirigentes políticos catalanes”, ha señalado Esteban Beltrán.