Amnistía, semana I: incendio en la Fiscalía y maniobras para que la malversación deje fuera a Puigdemont

La segunda amnistía de la historia reciente de España va camino de cumplir una semana en vigor. Los obstáculos anunciados durante su debate parlamentario han empezado a materializarse nada más arrancar los trámites para su aplicación. Las reticencias de parte del mundo judicial no impactan tan solo en la concreción del olvido penal del procés para más de 400 personas, sino en la política catalana que acaba de echar a andar la legislatura con muchas dudas sobre si Carles Puigdemont podrá volver.

Antes de que la norma se adentre en el complejo escenario de su aplicación por parte de los jueces, el conflicto se centra ahora en la Fiscalía, donde los fiscales que participaron en el juicio del procés –y que fracasaron en su intento de lograr una condena por rebelión– se han rebelado contra el máximo responsable de la institución, el fiscal general, Álvaro García Ortiz.

El debate lo copa el delito de malversación por el que el Tribunal Supremo condenó a cuatro de los 12 dirigentes independentistas a los que enjuició —Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa— y que atribuye también a Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. La aplicación o no de la amnistía a este tipo penal ha emergido como uno de los grandes obstáculos que debe afrontar la ley para surtir efecto.

Mientras los fiscales del Supremo defienden que el desvío de fondos públicos para la realización del referéndum del 1-O debe quedar fuera del perímetro de la ley, el fiscal general es partidario de que se amnistíen todos los delitos relacionados con esa consulta y sostiene que la interpretación de los cuatro fiscales va contra la voluntad del legislador e incluso pone en cuestión posicionamientos previos del Alto Tribunal. 

El asunto es de total relevancia porque en caso de que los jueces acojan la tesis de los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, las condenas y acusaciones por malversación se mantendrían y el expresident que permanece en Bélgica desde 2017 seguiría en busca y captura por ese delito. Con carácter previo a esta decisión, la discusión tiene lugar en la Fiscalía con una batalla dialéctica de alto voltaje.

De hecho, la intención de torpedear la aplicación de la amnistía se dejó notar el mismo día de la aprobación de la ley, cuando ni siquiera había entrado en vigor. Apenas unos minutos después de la votación del Congreso, los citados cuatro fiscales dejaron por escrito que no veían viable borrar los delitos de malversación. Lo hicieron en un informe plagado de afirmaciones que excedían el ámbito jurídico, con alusiones al supuesto “ampliamente mayoritario” rechazo popular de la ley o el “brusco e inesperado cambio de opinión” del PSOE en relación a este asunto, entre otras.

Con la norma ya publicada en el BOE, el fiscal general les pidió que hicieran un informe sin “consideraciones políticas” para responder a la petición de los jueces sobre cómo aplicar la ley. Y ellos contestaron insistiendo en que la aplicación de la amnistía a la malversación es “improcedente y contraria a las leyes”. García Ortiz calificó de “insuficientes” sus argumentos y les ordenó en la mañana del viernes que siguieran su criterio. Apenas tres horas más tarde, los fiscales contestaron con otro escrito en el que elevaban el conflicto a la cúpula judicial al considerar que la orden recibida era “improcedente” y “contraria a las leyes”. 

El asunto se abordará, por tanto, en una reunión de la Junta de Fiscales de Sala, uno de los órganos de la cúpula de la carrera. Ahí se espera que los cuatro fiscales defiendan que los líderes independentistas sí gozaron de un “beneficio patrimonial” porque, “con ánimo de lucro”, se “apropiaron” de dinero público y lo destinaron al pago “de quienes ellos mismos habían contratado” para llevar a cabo el procés. Por contra, el fiscal general rebatirá que esa tesis “contradice” la voluntad del legislador, que alude claramente a que el desvío de fondos “limitado” al referéndum está comprendido en el ámbito de aplicación de la norma y debe ser amnistiado. 

La orden de detención contra Puigdemont

La decisiva reunión de los fiscales se celebrará un día antes de que venza el plazo que el juez Pablo Llarena ha dado a las partes del caso del procés para que informen sobre si procede retirar la orden de detención contra Puigdemont y si la malversación por la que está investigado el expresident debe amnistiarse. En su providencia, el magistrado añadió que esa posible exclusión nacía de una previsión de la propia ley, que impide amnistiar los actos “que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea”, un extremo que también defienden los cuatro fiscales enfrentados a García Ortiz.

Aunque en la Fiscalía se impusieran las tesis partidarias de amnistiar la malversación y de retirar la orden de detención de Puigdemont, Vox, que ejerce la acusación popular del procés, podría pedir al juez Llarena que no se perdonara este delito y se mantuviera la entrada en prisión preventiva al expresident en cuanto ponga un pie en España.

La malversación es un delito relevante en la causa del procés no solo porque es el único que, derogada ya la sedición, lleva aparejada una pena de prisión. También es el único tipo penal que hasta ahora los tribunales extranjeros que han examinado las peticiones de extradición han aceptado como vía de entrega de Puigdemont a España. Fue en Alemania en 2018, pero el juez Llarena la rechazó al descartar los jueces germánicos la rebelión y la sedición.

No es la primera vez que la interpretación de este delito por parte de los tribunales genera objetivos contrarios a la reducción del castigo a los líderes del procés: en 2023, el Supremo y la Fiscalía dejaron en papel mojado la reforma de la malversación que pactaron el Gobierno y ERC para reducir la inhabilitación de Junqueras y el resto de exconsellers condenados. Con la amnistía, la malversación vuelve a estar ahí.

El 25, día rojo en el calendario

Retirar la orden de detención contra el expresident es el pasaporte para asegurar su vuelta a España sin riesgo de ser detenido, el objetivo que Puigdemont quiere conseguir desde que se marchó a Bélgica en 2017 tras el fracaso del procés. A esa meta política, Puigdemont le sumó –por tercera vez en tres campañas– la promesa de volver a Catalunya. Y esta vez subió la apuesta: se comprometió a estar físicamente en Catalunya para el debate de investidura, que se celebrará el próximo 25 de junio.

La semana II de la amnistía resultará clave para comprobar si Puigdemont puede cumplir su promesa con riesgo cero de ser detenido. Para ello sería necesario que el juez Llarena se pronunciara sobre la retirada de su orden de detención el próximo jueves o el viernes, una vez ya tenga las opiniones de Fiscalía, Abogacía del Estado, Vox y las defensas.

El magistrado maneja los tempos, pues no ha fijado un plazo para resolver la aplicación de la amnistía (la ley le da un máximo de dos meses). Puigdemont será detenido si vuelve antes de que el juez eleve una eventual cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, que suspendería la aplicación de la amnistía mientras los magistrados europeos no la respondan pero permitiría, en principio, que el expresident regresara sin ser arrestado. Por ahora el juez Llarena no ha pedido a las partes si procede enviar una consulta al TJUE, como sí quiere hacer el Tribunal de Cuentas.

El calendario judicial de la amnistía discurrirá en paralelo al político en Catalunya. Mientras la Fiscalía debata sobre la malversación, el presidente del Parlament, Josep Rull, celebrará la ronda de consultas con los grupos para proponer a un candidato a la presidencia de la Generalitat para un debate que se prevé fallido, toda vez que ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont cuentan con los apoyos necesarios.

Los que han pisado el acelerador han sido dos tribunales catalanes que tienen que decidir si aplican la amnistía en casos especialmente sensibles, como el de las cargas policiales del 1-O o también el del exconseller de Interior Miquel Buch, condenado por malversación en la escolta de Puigdemont en Bélgica. Durante la próxima semana, la Fiscalía Superior de Catalunya deberá informar sobre si procede amnistiar este delito. Su eventual amnistía salvaría a Buch y al mosso d'esquadra condenado de entrar en prisión, ya que fueron condenados a cuatro años.

Ese mismo día la sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Catalunya (TSJC) también ha señalado la deliberación y el fallo de otros siete casos amnistiables que afectan a un total de 16 personas, entre ellos varios jóvenes condenados por altercados del procés con riesgo de entrar en la cárcel. En suma, es casi imposible que el 25 de junio se invista a un president, pero es más probable que se conozca al primer amnistiado.