El inicio del juicio por el caso Pallerols previsto para hoy ha sido aplazado hasta mañana por la tarde, a la espera de que las partes lleguen a un acuerdo, para evitar que los ex altos cargos y militantes de Unió imputados se vean obligados a sentarse en el banquillo de los acusados. Los abogados de la defensa y la Fiscalía llevan negociando toda la mañana, pero si el martes no alcanzan finalmente un acuerdo, se deberá celebrar el juicio.
El caso Pallerols afecta a una presunta trama de desvío de fondos públicos que habría servido para financiar ilegalmente Unió Democràtica de Catalunya (UDC), partido de la coalición CiU. Según la Fiscalía, entre los años 1994 y 1999 el empresario andorrano Fidel Pallerols habría recibido para sus empresas unas subvenciones que luego habrían servido para comprar mobiliario y material informático para Unió, así como para pagar las nóminas de los trabajadores del partido. En concreto, Pallerols habría desviado el 10% de las subvenciones, unas ayudas que procedían del departamento de Trabajo de la Generalitat, controlado entonces por el mismo partido.
La Fiscalía pide para los acusados entre siete y once años de cárcel, aunque la duración de las penas podría ser uno de los objetos de negociación, según apuntan distintos medios. También se pondría como condición a la suspensión del juicio que los imputados devolvieran a la Generalitat los fondos presuntamente desviados.
Los imputados en este caso son el empresario Fidel Pallerols y su esposa, Mari Cruz Guerrero -ex militante de Unió-, además de dos ex altos cargos de la consejería de Trabajo, Lluís Gavaldà (ex director general de Ocupación) y Dolors Llorens (ex subdirectora de Ocupación); Vicenç Gavaldà, entonces secretario general de Unió, y Santiago Vallvé, ex militante del partido.