El Govern ha cerrado un acuerdo de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto de El Prat sin concretar cómo serán las obras ni su impacto medioambiental. Así lo ha admitido este martes el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha justificado el pacto con el Ministerio de Fomento para evitar que Aena presentara en solitario el proyecto de ampliación.
Aragonès ha rehuido las preguntas de la prensa sobre cómo puede ser compatible una ampliación del aeropuerto que afecta a una zona protegida y que comportará la llegada de más vuelos contaminantes y el compromiso del Govern con la lucha contra el cambio climático. “Las actividades económicas y de transporte deben ir avanzando en la reducción de emisiones pese a que se intensifiquen”, se ha limitado a expresar el president en la rueda de prensa sobre el final del curso político.
El president ha contribuido a la confusión sobre el proyecto. Después de que el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, asegurara este lunes que la ampliación de la tercera pista, que afecta al espacio protegido de La Ricarda, no llegaría a los 500 metros previstos inicialmente por Aena, Aragonès incluso ha puesto en duda este extremo. “El acuerdo no concreta si debe ampliarse la tercera pista o no, lo que dice es que debe incrementarse el plan de vuelo [que haya más aviones y conexiones]”, ha dicho Aragonès.
Aragonès ha enmarcado el acuerdo de este lunes como un simple primer paso sobre el que queda un largo camino por recorrer. Tras las críticas de los ayuntamientos de Barcelona o El Prat por el ninguneo de los Ejecutivos central y autonómico en la decisión, Aragonès ha invitado a los consistorios a presentar sus valoraciones en el proceso de redacción del plan director urbanístico para la ampliación de El Prat que se empezará a confeccionar ahora.
Este plan urbanístico, ha recalcado Aragonès, “estará sometido a una evaluación ambiental”, de la que el president tampoco ha dado más detalles ni ha concretado si se circunscribirá a la afectación en La Ricarda, la zona protegida por la red europea Natura 2000, o si se ampliará al impacto en emisiones de CO2 que conllevará la llegada de más aviones a El Prat.
Por su lado, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sostenido que la ampliación del aeropuerto de Barcelona “tiene una exigencia de cumplimiento de las obligaciones ambientales”, ha asegurado. Según la vicepresidenta, el aeropuerto es una infraestructura “imprescindible para cualquier desarrollo”, además de avanzar que el Gobierno será “totalmente estricto” con el cumplimiento de los requisitos ambientales.
Desde Bruselas, la Comisión Europea (CE), quien tendrá la última palabra una vez se concrete el proyecto, ha dicho que está al tanto de los planes de ampliación del aeropuerto, además de recordar que los países de la UE deben comprobar el impacto ambiental de la construcción de cualquier gran proyecto. La portavoz comunitaria Vivian Loonela, ha recordado que la legislación de la UE obliga a llevar a cabo estudios de impacto ambiental “en relación con los proyectos que puedan tener un impacto sobre las aguas, la tierra o los hábitats naturales”.
Precisamente la UE tiene abierto un procedimiento de infracción contra España derivado de la anterior ampliación de El Prat de hace una década debido a la falta de protección del delta del Llobregat. En el marco de esta investigación la UE instó a España a “tomar las medidas necesarias para evitar que se siga deteriorando el Delta del Llobregat como consecuencia de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, como por ejemplo las ampliaciones del aeropuerto internacional y del puerto marítimo”.