Los comuns pactan con el Govern un plan de choque social de 500 millones en los próximos presupuestos

Primer acuerdo del Govern con un grupo político para sacar adelante las cuentas de la Generalitat en 2023. En Comú Podem ha cerrado este miércoles la negociación con el Ejecutivo de Pere Aragonès y pactado un paquete de choque social por valor de 555 millones de euros que se destinarán a aumentar en un 8% el índice que determina las ayudas sociales, en bonificaciones para el alquiler, en un aumento de la inversión en sanidad o a la promoción de energías renovables. El grupo de Jéssica Albiach suma 8 valiosos diputados a los 33 con los que cuenta ERC, pero la suma es aún insuficiente para llegar a la mayoría, por lo que el Govern sigue a la espera de cerrar acuerdos en los próximos días.

El acuerdo alcanzado incluye siete ejes temáticos. El más complicado de ellos ha sido el del incremento de las inversiones en Salud, que comportará que el gasto en sanidad primaria llegue al 20% del total del presupuesto, desde el 17% en el que se situó en las pasadas cuentas. Se habilitará un fondo de 100 millones de euros para garantizar el acceso a los centros de salud en menos de 5 días. Además se incorporan 40 millones de euros para dar servicio público de dentistas y 10 para la salud mental.

Otro de los ámbitos del acuerdo es el de las energéticas limpias. En total los comuns han conseguido un total de 245 millones de euros para que en 2030 más de la mitad de la energía producida venga de fuentes verdes. De estos fondos, la mayor parte se destinarán a ayudas para la instalación de instalaciones de autoconsumo, pero también habrá 25 millones de euros para el arranque de la compañía energética pública que está poniendo en marcha la Generalitat y que, según figura entre los compromisos, será una compañía comercializadora y no solo productora.

En el ámbito de la fiscalidad, el acuerdo también introduce algunas propuestas por las que En Comú Podem había batallado, como el impuesto a los cruceros de grandes dimensiones que hacen escala en puertos catalanes. También se incorpora un aumento del 33% en el impuesto a los grandes patrimonios, con el que pretenden recaudar hasta 12 millones. Y se establece una tasa sobre los alimentos ultraprocesados, una medida que tiene objetivos de salud.

“Después de una negociación que les confieso que han sido difíciles, hoy podemos concluir que hemos llegado a un acuerdo que permite redistribuir los costes de la inflación y proteger a las clases trabajadoras”, ha afirmado la jefa de filas de los comuns, Jéssica Albiach. “Hoy gana el sentido común”, ha insistido.

El equipo económico del Govern ha mantenido una negociación en paralelo con dos grupos más, además de En Comú: con el PSC y con Junts. Según defienden, es posible el entendimiento de las cuatro formaciones, también en la carpeta económica. Sin embargo, las conversaciones siempre han estado más avanzadas con los comuns, con quienes hay amplia coincidencia en diversas cuestiones, mientras que Junts ha sido hasta ahora la formación que más se ha resistido al Govern. Este mismo martes desde Junts afirmaban que las conversaciones sobre los presupuestos avanzaban “demasiado despacio”.

En vista de este escenario y sin cerrar la puerta a la formación de Laura Borràs, el Govern está a la espera de poder encarrilar la negociación con los de Salvador Illa, con quienes en las últimas semanas han mantenido más de una decena de reuniones. El PSC asegura que no hay diferencias insalvables, pero en los últimos días ha puesto sobre la mesa la necesidad de que los presupuestos favorezcan proyectos estratégicos para los socialistas, como es Hard Rock, la ampliación del aeropuerto de El Prat o el cuarto cinturón metropolitano.