El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dejado claro este lunes que su objetivo, después de pactar la reforma del delito de sedición, es hacer lo propio con el de malversación, por el que también están condenados la mayoría de líderes del procés. “Es una cuestión abierta. Hemos de abordarlo en la tramitación de la proposición de ley”, ha expresado el dirigente en una entrevista en Rac1.
“Igual que ya hemos eliminado la sedición, hay que reformar la malversación para lo que no era delito el 9N [la consulta convocada por Artur Mas en 2014] deje de serlo”, ha afirmado. En este caso, Aragonès ha afirmado que batallarán y usarán “todas las herramientas” para lograr una modificación que en este caso no debería consistir en eliminar el delito, ha afirmado, sino en “revertir” la reforma hecha por el PP en 2015.
Aragonès ha insistido en la cuestión después de que este domingo Pedro Sánchez no descartara explícitamente esta posibilidad en la tramitación de la proposición de ley en el Congreso. En una entrevista en La Vanguardia, afirmó: “Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación”.
Quien ya se ha pronunciado favorablemente a abordarlo es el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens, que en una entrevista en eldiario.es manifestó que la reforma “ad hoc” del PP para perseguir hechos como el 9N se tienen que cambiar, aunque “sin afectar a los casos de corrupción en los que hay enriquecimiento y beneficio patrimonial”.
El president ha defendido la reforma del Código Penal pactada con el Ejecutivo central y ha asegurado que “nadie” empeorará su situación, en referencia a las dudas y críticas planteadas por Junts de que con ella se podría facilitar la extradición de Carles Puigdemont.
Aragonés ha admitido que con el acuerdo que se ha llegado hasta ahora con el Gobierno no se reduce el margen de discrecionalidad al 100%, puesto que no se trata de una amnistía. Y por eso ha defendido que es necesario seguir negociando. También ha querido dejar claro que la negociación por la desjudicialización “no va de nombres concretos” y que no se ha negociado “en nombre de nadie ni por un caso concreto” puesto que la “represión”, ha dicho, es muy amplia. “Esta reforma no tiene nombres ni apellidos. Se trata de avanzar en derechos y libertades”, ha concluido. Según Aragonès, con el actual Código Penal se puede perseguir “con mayor intensidad” y la modificación pactada “reduce mucho el margen”.
En cuanto a los presupuestos de la Generalitat, Aragonès ha negado que estén ligados a las cuentas del Estado y las del Ayuntamiento de Barcelona. Y ha insistido en que Junts debe decidir si “ejerce su responsabilidad”. Y es que, según el jefe del ejecutivo catalán, “la esencia” de los presupuestos del próximo año no ha cambiado y el exconseller Jaume Giró los dejó terminados en un 90%.