“Pere Aragonès era nuestro líder, y nosotros sin saberlo”. Lo dice con sorna un exactivista del Comité de Defensa de la República (CDR) que se creó en un barrio de Barcelona en 2017 y que, como el procés, se fue diluyendo hasta desaparecer hace unos meses. Pero así lo argumentó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante el Tribunal Supremo, y logró su objetivo: espiar, mediante el programa Pegasus, al dirigente de ERC. Todo ello sin consecuencias penales para Aragonès en ninguna de las varias causas abiertas sobre los CDR.
La media sonrisa del activista desaparece al recordarle que, gracias a esta hipótesis, el CNI logró el acceso total al móvil de Aragonès durante, por lo menos seis meses, entre agosto de 2019 y enero de 2020, coincidiendo con momentos clave de la política catalana y española, como la sentencia del procés de octubre de ese año, las elecciones generales de noviembre y las negociaciones posteriores entre ERC y el PSOE, que permitieron que Pedro Sánchez pudiera seguir en la Moncloa. Todo ello con un Gobierno del PSOE.
La desclasificación del secreto de los autos por los que se infectó con Pegasus el móvil de Aragonès ha permitido empezar a conocer los motivos detrás del espionaje. No es un asunto menor: el Gobierno, antes del caso Pegasus, había desclasificado documentos solo ocho veces en 54 años, por asuntos tan claves de la historia contemporánea de España como los GAL o el 11-M.
Los documentos conocidos ahora destacan no solo por su infrecuencia, sino también por la falta de indicios en varios sumarios de distintas instancias judiciales para situar a Aragonès como coordinador acciones o protestas de los CDR. A falta de que avance la investigación, por ahora solo es la palabra del CNI, que arguyó que el entonces vicepresident del Govern lideraba los CDR “en la clandestinidad”.
Con este argumento, el juez del Supremo que debe avalar las injerencias en derechos fundamentales que propone el CNI, Pablo Lucas, autorizó la interceptación total del móvil de Aragonès con Pegasus, un programa malicioso que incluso permite activar el micrófono del teléfono.
La ley del CNI de 2002 solo obliga al centro a obtener el permiso judicial para intervenir las comunicaciones. Ahí se acaba la fiscalización de su trabajo. Solo se vuelve a analizar una petición si, como ocurrió con Aragonès, el CNI solicita una prórroga. Pero los datos obtenidos mediante el espionaje son materia clasificada que luego el magistrado del Supremo no conoce (a diferencia de un pinchazo telefónica que acuerda cualquier juez de instrucción) y que se remite al presidente del Gobierno.
La idea de este circuito y su falta de control es que no está pensado para obtener pruebas para un proceso penal, sino para dar información útil al Gobierno sobre materia sensible como la seguridad nacional. Aunque sea mediante una interferencia total en los derechos fundamentales de las víctimas de Pegasus como Aragonès, que no conoció esta injerencia en 2019 sino cuatro años después gracias a que el juez Santiago García, que investiga su espionaje, se lo reclamó al Gobierno.
Además, ninguna referencia a Aragonès aparece en las causas que investigó la Audiencia Nacional sobre los CDR y en las que también se autorizaron intervenciones de la comunicaciones, no tan invasivas como Pegasus. En la causa de Tamara Carrasco (nacida a partir de un whatsapp de la joven cuyo origen nunca detalló la Guardia Civil) no consta la presencia del ahora president.
Tampoco en la mayor causa investigada hasta ahora, y pendiente de juicio por terrorismo, sobre los CDR aparece, aunque sea de forma tangencial, el nombre del president. Por contra, en algunos de los pinchazos autorizados por el juez Manuel García Castellón, hablaban, en clave, según los investigadores, de “blindar las comunicaciones” entre Lisa y Gandalf, en referencia a Quim Torra y Carles Puigdemont, si bien esta hipótesis no se ha llegado a demostrar. Pero Aragonès, en esa causa, no está ni con nombre en clave.
En el mundo independentista ha sorprendido además la insistencia del CNI en buscar a un líder de los CDR, que son estructuras de base, formadas por vecinos de barrios y pueblos y cuya coordinación se realizaba en asambleas, no con órdenes desde una cúpula. De hecho, en la época del caso Pegasus, los CDR ya habían mostrado su oposición a ERC, el partido de Aragonès, por su abandono de la vía unilateral y su apuesta por una estrategia de negociación con el Gobierno.
El Gobierno insiste en avalar al CNI
El caso Pegasus no va a terminar con la declaración este viernes de la exjefa del CNI, Paz Esteban, único cargo gubernamental imputado por ahora. Al contrario, tiene visos de ir para largo. El espionaje a independentistas está disgregado en hasta siete juzgados de instrucción de Barcelona porque la Justicia ha rechazado asumir una macrocausa. Y ahora otros afectados quieren seguir los pasos de Aragonès y pedir a los jueces que requieran al Gobierno desclasificar más documentos, toda vez que se ha demostrado que es la única vía para obtener algo de información ante la falta de colaboración de Israel, país en el que la empresa propiedad de Pegasus, NSO, tiene su sede.
En el terreno político, lejos de abrirse a cambios en la ley que fiscalicen más la actividad del CNI, el Gobierno ha defendido este viernes la labor del centro. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que el CNI no tiene que dar cuenta al Gobierno de sus investigaciones.
El ministro, al igual que otros miembros del Ejecutivo, ha insistido en que los pinchazos del CNI a Aragonès, “vienen de antes, con el Gobierno del PP”, aunque el propio acuerdo del Consejo de Ministros que desclasificó los autos del Supremo desmiente a los ministros: en el documento, que adelantó elDiario.es, el Ejecutivo da cuenta al juez que los pinchazos se autorizaron y prorrogaron el 24 de julio y el 21 de octubre de 2019. La última autorización fue tres meses después, el 14 de enero de 2020. En todas esas fechas el Gobierno estaba en manos del PSOE.
Por su lado, Aragonès ha acusado al CNI de usar “mentiras” e “inventar falsedades” para justificar su espionaje a través de Pegasus, por lo que se ha comprometido a “llegar hasta el final” en lo que ha considerado “la segunda parte de la Operación Catalunya”.