El vicepresidente del Govern, el republicano Pere Aragonès, ha propuesto que la Generalitat se persone como acusación particular y perjudicada en el caso 3%, que investiga la corrupción de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) el PDeCAT y varios exmiembros de estos partidos, entre ellos el exconseller Germà Gordó.
La decisión llega después de que esta semana el juez José de la Mata haya puesto fin a la investigación del caso y haya concluido que existen suficientes indicios para juzgar a los exresponsables financieros del partido y a los empresarios que habrían pagado comisiones a cambio de obra pública por los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Según el juez, todos ellos conformaron una estructura para financiar a Convergència “ilegalmente y en forma encubierta” mediante donaciones de empresarios a cambio de una treintena de obras públicas de la Generalitat y ayuntamientos convergentes.
“Si ha habido algún perjuicio público de los recursos tenemos que ir hasta el final”, ha apuntado Aragonès este domingo. El republicano ha apelado a la “responsabilidad” institucional: “No entenderíamos que se hiciera otra cosa”.
Aragonès ha avanzado que trasladará la petición a todos los ámbitos del Ejecutivo y se ha mostrado convencido de que obtendrá la “complicidad” de su socio de Govern, JxCat, coalición de la que forma parte el PDeCAT, procesado como partido en el caso del 3%.
Hasta ahora los herederos de Convergència se han resistido a que las administraciones públicas en las que gobiernan acusen al partido en las causas de corrupción en las que está involucrada la formación. Así ocurrió en el caso Palau, en el que la Generalitat impidió que el Palau acusara a Convergència desoyendo el mandato del Parlament.
ERC, sin casos de corrupción que esconder al electorado a diferencia de sus socios, abre así otro frente con JxCat en pleno periodo preelectoral en Catalunya.