El Govern catalán está dando los últimos pasos para acabar aprobando y remitiendo al Parlament el proyecto de presupuestos de 2023 en la primera quincena de diciembre. Economía ya tiene lista la primera versión de las cuentas que, según el proyecto de ley fiscal al que ha podido acceder este diario, no hace cambios en los impuestos más allá de algunos retoques técnicos. El Ejecutivo busca además comenzar a tramitarla antes de tener amarrado el apoyo del PSC, lo que desatendería una de las principales peticiones de los socialistas, que quieren pactar los grandes números antes de que entren en la cámara catalana.
La previsión del Departamento de Economía que dirige Natàlia Mas es remitir a la Cámara un proyecto de ley sin grandes novedades pero abierto a que puedan incorporarse demandas de los grupos durante el trámite parlamentario. En especial de socialistas y comuns, que, junto con Junts, son los grupos con los que las conversaciones han avanzado en las últimas semanas. Este miércoles el Govern presentó a todos ellos un documento con 12 prioridades que por el momento los grupos no han valorado.
En los intercambios mantenidos hasta ahora, el Govern ha expuesto ante los grupos que las nuevas cuentas podrían incorporar hasta 3.000 millones más de gasto, lo que supondría un incremento de en torno al 8% respecto a 2022. Con todo, una buena parte de esa mejora quedaría tapada por el déficit y los compromisos ya adquiridos. De ser así, los grupos tendrían un margen de unos 700 millones para hacer propuestas, lo que algunos ven como una cantidad demasiado estrecha para dar un sí a las cuentas.
Pero, además, desde el PSC dan la voz de alarma respecto a las intenciones del Govern y advierten de que, para ellos, es de máxima importancia que haya un primer acuerdo antes de que las cuentas salgan del Ejecutivo. “Si creen que vamos a iniciar el trámite sin acuerdo, van mal”, aseguraba hace unos días una voz socialista.
La razón de la insistencia del PSC es la falta de flexibilidad de las cuentas una vez entran en la Cámara. El debate de la totalidad fija los gastos máximos por capítulo, lo que imposibilita que puedan moverse importes de una partida a otra a través de enmiendas de los grupos. Por esta razón, la portavoz socialista Alicia Romero viene urgiendo al Govern para que agilice la negociación con ellos, después de tres reuniones a su juicio poco fructíferas.
Lo que sí puede ser objeto de una mayor modificación en el Parlament son las medidas fiscales. Economía ya ha remitido la llamada ley de acompañamiento al Consejo del Trabajo, Económico y Social (CTESC), un órgano consultivo que debe elaborar un informe no vinculante sobre las previsiones fiscales de las cuentas. En este primer texto fiscal no hay grandes novedades, pese a que sí hay retoques en un impuesto verde como el que se aplica a los vehículos contaminantes y también varios cambios en el de sucesiones y donaciones, que amplían algunas deducciones en supuestos como vivienda habitual o para invertir en participaciones empresariales.
El documento presentado por el Govern no hace ningún guiño a los cambios en el tramo autonómico del IRPF, pese a que esta es una de las propuestas que con más fuerza han defendido desde En Comú Podem, un grupo clave para que Pere Aragonès y los suyos encuentren mayorías parlamentarias. Los comuns proponen subir un punto de este tramo de la renta a los contribuyentes que declaran más de 175.000 euros al año, una cifra que según sus cálculos alcanzan 19.000 personas en Catalunya. La propuesta, sin embargo, es vista con recelos por el PSC, que cree que es una propuesta más vistosa que efectiva en términos recaudatorios.
Un calendario que puede llegar a febrero
El CTESC tiene hasta el 29 de noviembre para redactar este documento, tras lo cual el Govern podría aprobar las dos leyes que componen el proyecto de cuentas. El departamento de Mas querría que el debate a la totalidad se celebrara en el Parlament en el pleno previo a Navidad, es decir, el 22, 23 y 24 de diciembre, por lo que el Ejecutivo debería remitir los textos al menos una semana antes.
Si llega sin un pacto previo, tal y como es la intención del Govern, el proyecto de ley se la jugará en esta primera sesión parlamentaria, donde tanto PSC como Junts deben decidir si registran o no una enmienda a la totalidad. Si ambos coinciden en rechazar el texto, este será devuelto al Govern y, muy probablemente, Aragonès opte por una prórroga presupuestaria ampliada a base de decretos (que a su vez necesitarán mayorías parlamentarias para salir adelante). En cambio, si el texto encuentra en el Parlament una mayoría inicial para seguir el curso parlamentario, la tramitación comenzará entonces y podría alargarse hasta bien entrado el mes de febrero.