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El Govern de la Generalitat ha puesto sobre la mesa de la cumbre en defensa de la inmersión una propuesta con varias enmiendas a la ley Wert, con la intensión de consensuar una respuesta unitaria de todas las formaciones políticas presentes -CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP- de cara a la tramitación de la polémica reforma educativa en el Congreso. El Govern ha presentado su propuesta, y las formaciones, que la han valorado positivamente, se han emplazado a trabajar para definir a partir del texto lo que finalmente presentarán en el Congreso.
Según ha anunciado la consejera de Enseñanza Irene Rigau, a estas alturas -y a pesar de las discrepancias entre los partidos-, ya se han acordado cuatro puntos, que serán los pilares “fundamentales” para seguir trabajando: mantener el actual reparto de los currículos, rechazar los itinerarios previos a la finalización de la ESO, respetar las evaluaciones de las comunidades autónomas -aceptando las pruebas Estatales, si no computan en las notas de los alumnos- y defender el modelo de escuela catalana. En total, supondrían la modificación de hasta 12 artículos de la ley.
Pese entrar en muchas materias que trascienden la lengua, el texto del Govern no trata otras cuestiones controvertidas de la Lomce como el blindaje de subvenciones a las escuelas que segregan por sexo -no lo censura tampoco la ley catalana-, o las hipotéticas clasificaciones de centros. En cuanto a la presencia de la religión como asignatura computable, del texto se deduce que, al menos en el currículo de 4 de ESO, la Generalitat no cuenta con ella, pero de momento no hay un posicionamiento de rechazo explícito. Ante esto, los partidos de la oposición -excepto ERC- ya han adelantado que harán lo posible para que la Generalitat entre a discutirlo. Y si no lo hace, elaborarán las enmiendas pertinentes por su cuenta.
En materia de currículos, el texto propuesto por la Generalitat plantea el mantenimiento del actual sistema de reparto de contenidos: el departamento de Enseñanza fija el 45% de los contenidos de las asignaturas y el Ministerio de Educación, el 55% restante. La Lomce, en cambio, prevé dividir las materias en troncales, específicas y de libre configuración autonómica, y establecer que el Gobierno central fije la totalidad de los contenidos de los dos primeros tipos de asignaturas. Una invasión competencial, según la Generalitat.
En cuanto a los itinerarios que plantea la ley -dividir al alumnado en 4 de ESO en función de si cursarán FP o bachillerato-, los partidos han acordado que este último curso sea “orientador”, con asignaturas optativas en función de los intereses de cada alumno pero sin que la elección de los estudiantes sea decisiva.
El documento propuesto también rechaza las reválidas computables, pruebas sin las cuales los alumnos no podrán obtener el título de 4 de ESO. En este sentido, propone pruebas externas que sirvan para orientar a los alumnos y las familias, pero que no intervengan en la obtención del título, a cargo este del criterio de los maestros.
Y en materia de lengua, como ya habían acordado todas las formaciones verbalmente, se cierra filas en torno a la Ley de Educación de Cataluña. La enmienda a la ley Wert exige que el modelo lingüístico -la lengua vehicular- de las comunidades autónomas con lengua cooficial obedezca a los respectivos Estatutos, en este caso el de Cataluña.
En el encuentro, el segundo para hacer frente a la Lomce, estaban presentes el presidente Artur Mas, el portavoz del Govern Francesc Homs, los representantes de los partidos favorables al actual modelo de escuela catalana -CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP- y la permanente del Consejo Escolar de Cataluña.
Contra las escuelas que segregan por sexo
Más allá de los cuatro acuerdos a los que se ha llegado para combatir ley Wert en el Congreso, los diferentes partidos han expresado su rechazo, más o menos general, a la reforma educativa. Pero también han aprovechado para criticar el desarrollo de la Ley de Educación de Cataluña, e incluso algunos puntos en que ambas normativas, la española y la catalana, coinciden. Es el caso del amparo a los conciertos a escuelas que segregan por razón de sexo. Toda la izquierda parlamentaria ha pedido al Govern que retire las ayudas a estos colegios.
En este escenario, incluso el líder del PSC, Pere Navarro, ha anunciado que presentará dos propuestas de modificación de la LEC, una ley que precisamente impulsaron los socialistas catalanes en 2009 y que aprovaron con votos de CiU y ERC. Navarro ha dicho que tratarán de retirar así los conciertos a estos centros y también revertir el cierre de escuelas que planea la Generalitat a partir del próximo septiembre. Ante la contradicción de haber aprobado una ley y cuatro años después corregirla, el presidente de los socialistas ha dicho que “nunca” estuvo a favor de los conciertos por razón de sexo.
La respuesta a estas peticiones, de momento, es negativa por parte del Ejecutivo de Mas, que se escudó en la “unidad”, con los cuatro acuerdos de mínimos, para hacer el frente común. Cuestiones como las subvenciones a estas escuelas son “matices”, según palabras de Jordi Turull, portavoz parlamentario de CiU, que “por el momento” no deben ser planteados.
Enmiendas a la Ley Wert. AFIL20130528_0005(1)
El Govern de la Generalitat ha puesto sobre la mesa de la cumbre en defensa de la inmersión una propuesta con varias enmiendas a la ley Wert, con la intensión de consensuar una respuesta unitaria de todas las formaciones políticas presentes -CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP- de cara a la tramitación de la polémica reforma educativa en el Congreso. El Govern ha presentado su propuesta, y las formaciones, que la han valorado positivamente, se han emplazado a trabajar para definir a partir del texto lo que finalmente presentarán en el Congreso.
Según ha anunciado la consejera de Enseñanza Irene Rigau, a estas alturas -y a pesar de las discrepancias entre los partidos-, ya se han acordado cuatro puntos, que serán los pilares “fundamentales” para seguir trabajando: mantener el actual reparto de los currículos, rechazar los itinerarios previos a la finalización de la ESO, respetar las evaluaciones de las comunidades autónomas -aceptando las pruebas Estatales, si no computan en las notas de los alumnos- y defender el modelo de escuela catalana. En total, supondrían la modificación de hasta 12 artículos de la ley.