El 15 de marzo pasado, el Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) aprobó unos presupuestos para el 2013 que incluían un recorte de 11,4 millones en el gasto de personal. Un ajuste que se traducía en el despido de 84 interinos del personal administrativo -a hacer efectivo el 1 de mayo- y a no renovación de más de 200 profesores asociados a partir de septiembre. Sin embargo, el 24 de abril, el mismo Consejo de Gobierno de la universidad -aunque con sus miembros renovados-, rechazó mediante una moción los despidos en cuestión y las cuentas para el actual curso. El Rector, Antoni Giró, tiraba la toalla dos días después y anunciaba elecciones anticipadas. ¿Qué ha propiciado, en poco más de un mes, el radical cambio de escenario en la UPC?
Antoni Giró se quedó solo defendiendo los despidos. Desde que se aprobaron los presupuestos de la Politècnica, los estudiantes y trabajadores de la universidad se organizaron para articular su rechazo a la medida: los interinos afectados ocuparon el rectorado, los sindicatos convocaron una huelga de cuatro días con manifestaciones por el centro de Barcelona, y 13 de los 16 centros docentes de la UPC pidieron la dimisión del rector. Poco después, en la constitución del nuevo claustro de la universidad, alrededor de un 80% de sus miembros solicitaron la retirada de los presupuestos, y más de la mitad pidieron elecciones anticipadas. Y la sublevación se hizo patente el miércoles pasado, cuando el propio Consejo de Gobierno aprobó retirar temporalmente las cuentas.
Pero, pese a todo, Giró seguía respaldado por la Generalitat. El Rector y la secretaría de Universidades e Investigación habían firmado un acuerdo para garantizar la viabilidad económica de la UPC que pasaba por reducir la plantilla. Sin embargo, también el secretario Antoni Castellà le retiró su apoyo. A partir del decisivo Consejo de Gobierno la Generalitat empezó a hacer público que quizás había que buscar una alternativa a los despidos, que pasara, por ejemplo, por una reducción de salario y jornada laboral de un 15%. Un “cambio de posición”, en palabras de Giró, que le empujaron a renunciar y a convocar elecciones de cara al mes de octubre.
Castellà no ha detallado cuales han sido los motivos del repentino viraje en la estrategia para afrontar la situación de la UPC. Solo ha afirmado que ofrecerán una solución “con el menor impacto social”, siempre sin vulnerar la autonomía de la universidad. Fuentes sindicales, por su lado, ven en este giro la voluntad de la Generalitat de que la sublevación de la UPC no se traslade a otros campus, como ya ha ocurrido en las últimas semanas en la UB y la UAB, con manifestaciones, ocupaciones y el bloqueo de los respectivos Consejos de Gobierno.
Una comisión planteará alternativas a los despidos previo paso por el Consejo Social
Este lunes el Consejo Social deberá decidir si da validez a la retirada de los actuales presupuestos y al despido de los trabajadores interinos. Sería un gesto sin precedentes que este organismo, formado por representantes de la universidad pero también políticos y empresarios, no ratificase una decisión del Consejo de Gobierno, por lo que todo apunta a que la secundará.
Si se da este supuesto, los presupuestos deberán pasar por una comisión económica, que se encargará de proponer las modificaciones pertinentes, en este caso para evitar que alguien se quede sin su puesto de trabajo, compensando la retirada de parte del recorte de personal con otros ajustes.
Durante este proceso, segun fuentes de la universidad, permanecerán vigentes los números del polémico presupuesto aprobado ya en marzo. Aunque en ningún momento peligrará el puesto de trabajo de los 84 interinos, dado que el anterior Consejo de Gobierno, por medio de otra moción, también rechazó la modificación de la relación de puestos de trabajo (RLT) que les garantiza el empleo.
El déficit de 111 millones y las deudas en el horizonte
El ahorro previsto con el despido de los 84 interinos es “el chocolate del loro”, según Antoni Ras, presidente de la asociación UpiC, un foro de debate dentro de la universidad en el que se ha publicado recientemente un análisis que repasa algunas de las perspectivas de futuro de la UPC. Pero, en primer lugar, ¿cómo se llegó acumular un déficit de 110 millones, al que hay que sumar 10 millones más de curso 2012? Según Ras, a principios de los años 2.000 la UPC inició una ampliación en cuanto a metros cuadrados y a plantilla, “aprovechando la mejora de la financiación que preveía la nueva ley de universidades”, pero la nueva estructura de la universidad no se podía pagar sólo con el aumento de las subvenciones, asegura, así que se fue generando déficit curso tras curso.
La situación se agrava, además, debido a las deudas de la universidad, la mayoría contraídas con el ministerio entre el 2005 y el 2010, para hacer frente a ampliaciones de nuevos equipamientos e infraestructuras. Según Ras, las deudas ascenderían a 41 millones de euros -la mayoría con intereses nulos-, que habría que devolver en gran medida a partir de 2014. Los presupuestos de este curso ya incluyen 6,4 millones destinados a este concepto.
Ante esta grave situación, Ras admite que hay que aplicar ajustes, aunque reclama que se haga “de forma no traumática y sin perjudicar la investigación ni la docencia”. Para conseguirlo, el presidente de UpiC considera en primer lugar imprescindible que la Generalitat deje de recortar su aportación a las unversidades. En tres años, la UPC ha reducido en más de un 30% su presupuesto, y el Govern podría reducir otra vez entre un 10 y un 17% la partida para los campus este 2013, según ha trascendido de sus últimas reuniones con los rectores.
Pero la principal vía para evitar recortes drásticos, según Ras, pasa por las jubilaciones. Según cifras del ministerio, antes de 2018 se habrán jubilado más de 300 trabajadores de la UPC. No cubrir estas jubilaciones sería “menos traumático” que los despidos masivos que están actualmente sobre la mesa, y incluso Ras plantea que, para no perjudicar la docencia, se podrían reponer mediante el programa de profesorado de excelencia Serra Hunter, a cargo de la Generalitat.
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