El anteproyecto del ministro Wert ha conseguido un tsunami de protestas en defensa del modelo catalán de enseñanza y la inmersión lingüística, lo que demuestra el amplio consenso social que existe respecto a este tema, y demuestra, también, que el señor Wert inventa problemas donde no los hay. Como si en la enseñanza pública no tuviéramos ya bastante con todos los recortes que estamos sufriendo en estos últimos años.
Pero la LOMCE va más allá de la cuestión de la lengua y hay que tenerlo en cuenta. El anteproyecto de Ley no es, solamente, políticamente predemocrático y recentralizador, sino también socialmente injusto, ideológicamente retrógrado, pedagógicamente antieducativo, sexista y segregador. Todo ello nos retrotrae a un modelo educativo antidemocrático, privatizador y mercantilizador.
Ya en su definición podemos ver cómo entiende este ministro lo que es la educación: “la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país”. Nada que ver con el acceso a la cultura, la formación integral, la igualdad de oportunidades, que son los objetivos que, hasta ahora, tenía la educación.
A nivel ideológico, devuelve la alternativa a la religión, evaluable, que no es más que una concesión a los sectores más reaccionarios de la Iglesia, abole la Educación para la ciudadanía y quita la asignatura de ética para todos.
Propone una autonomía de centros que no es más que una organización jerárquica y antidemocrática de los centros públicos, y que hace imposible la participación democrática de la comunidad educativa dentro de los centros. El anteproyecto anula la potestad que hasta ahora tenían los consejos escolares para «aprobar y evaluar el proyecto educativo y el proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento de los centros». Al mismo tiempo, se aumenta la profesionalización de las direcciones, que serán nombradas directamente por la Administración y tendrán poder sobre todas las decisiones, incluyendo las condiciones laborales del profesorado.
Convierte la educación en una carrera de obstáculos, con múltiples reválidas, imposibles de llevar a cabo y económicamente inviables, pretende establecer rankings entre los centros, estimular la competitividad y crear centros de diferentes categorías, lo que carga frontalmente contra la igualdad de oportunidades que debería ser el objetivo de todo el sistema educativo.
Propone dotar de más recursos a los centros que tengan mejores resultados, lo que implica que los centros que escolaricen alumnado con más dificultades, tendrán aún menos recursos, lo que aumentará la segregación social dentro de la educación.
Finalmente, fomenta la privatización y el negocio educativo, al aumentar la posibilidad de concertar y no asegurar las plazas públicas necesarias. Aumenta la duración de los conciertos y legaliza los centros que discriminan por razón de sexo.
En definitiva, un retroceso espectacular en cuanto a la educación pública, entendida como una educación gratuita, catalana, democrática, coeducativa, integradora, laica y como una garantía de igualdad de oportunidades.
Vale la pena recordar, también, que muchas de estas medidas (direcciones profesionalizadas, rankings de centros, desregulación de las condiciones laborales del profesorado, conciertos a centros que segregan por razón de sexo ...) ya están en nuestra Ley de Educación de Catalunya (LEC), contra la que la comunidad educativa ya expresó su rechazo en 4 huelgas de la enseñanza pública de Cataluña y numerosas manifestaciones.
Habrá, pues, que redoblar los esfuerzos para oponerse a la nueva ley del ministro Wert, por la defensa de la lengua y por todas las demás graves medidas que propone. El jueves 13D volvemos a la calle, en Cataluña y en el resto del Estado, para decir alto y claro: “No a los recortes, no a la LOMCE”, en defensa de la enseñanza pública y de la inmersión lingüística.
Sobre este blog
Este blog recoge la primera etapa de El Diari de l'Educació, ahora un medio con identidad propia, que forma parte de un proyecto de periodismo independiente comprometido en la defensa del Estado del bienestar.
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