El Centro de Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) ha vuelto a ganar la partida a una universidad. Un juez ha condenado a la Universitat de Barcelona (UB) a retirar en quince días de su campus virtual los contenidos de autores que sean socios de esta entidad -que gestiona la propiedad intelectual del sector del libro- y a indemnizarla con cinco euros por alumno durante los últimos dos cursos, algo más de 500.000 euros.
La UB se convierte de este modo en la segunda universidad en todo el Estado condenada por reproducir contenidos protegidos en su campus virtual de manera “ilícita”, tras una sentencia parecida en mayo que obligó a la Universitat Autònoma de Barcelona a borrar los contenidos protegidos de su campus virtual y abonar la misma indemnización, correspondiente a la licencia que fija CERDO por la reproducción digital de sus obras. Además de las dos universidades catalanas, también está pendiente de los tribunales la Carlos III de Madrid.
La UB ya ha anunciado que recurrirá la sentencia a la Audiencia Provincial, al asegurar que ya ha aplicado medidas para regular difusión de copias -totales o parciales- de obras protegidas. Los campus virtuales sirven, entre otras cosas, para que los profesores cuelguen contenidos para que sus alumnos -previo uso de contraseña- se los puedan descargar. Este funcionamiento dificulta mucho el control de la propiedad intelectual, sobre todo en campus que cuentan con miles de profesores y asignaturas.
En este sentido, la UB sostiene que ya ha tomado medidas: la creación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, la revisión de todos sus materiales y la elaboración de un protocolo dirigido a los docentes para publicar recursos educativos en la web, además de impartir clases de formación a profesores sobre la cuestión. En Cataluña sólo el campus online de la UOC paga la licencia que pide CEDRO para difundir las obras de sus autores, mientras que el resto lo hace solo de forma parcial.
¿Derechos de autor o derecho a la educación?
Las universidades llevadas a los tribunales por CEDRO lamentan que la entidad no les avisara antes de denunciarles -llegó a matricular falsos estudiantes para descubrir sí se reproducían sus contenidos-, y se quejan también de que, pese a sus demandas, CEDRO no ha hecho público cuál es el repertorio de obras de sus autores asociados.
Desde los campus afectados se considera que esto podría afectar al derecho a la educación, porque se limita la difusión de conocimiento solo a citas y a breves fragmentos de obras. En un extenso reportaje en catalunyaplural.cat, Ignasi Labastida, responsable de la Oficina de Difusión del Conocimiento de la UB, ya valoró que “si tenemos que discutir qué es o dejar de ser un 'pequeño fragmento', podemos aparcar el debate y cerrar las universidades y las bibliotecas, porque se está impidiendo el derecho a la educación”.
Los campus afectados, además, recuerdan que este uso de las obras es “sin ánimo de lucro”, al tratarse de universidades públicas, aunque esto no altera la sentencia.
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