El recorte presupuestario que supone el despido de más de 300 trabajadores de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha sido la gota que ha colmado el vaso. Primero fue la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, pero desde el pasado día 4 hasta este martes mismo ya han pedido la dimisión del rector, Antoni Giró, las juntas de 13 de los 16 centros docentes de la Politécnica, en todos los casos por una amplia mayoría. Muchas de estas declaraciones remarcan que su exigencia se basa en “la necesidad evidente de una alternativa en las políticas del actual equipo”.
No es ninguna sorpresa para Giró, ya que tres días antes que se aprobara el recorte presupuestario, los miembros del claustro elegidos el pasado 25 de febrero presentaron las firmas que exigen los estatutos de la universidad para plantear la convocatoria de elecciones anticipadas. En aquella ocasión, el Rector consideró que las firmas no eran válidas porque aún no se había constituido oficialmente el nuevo claustro. Hoy, éste se formaliza y se prevé que los claustrales vuelvan a presentar las firmas necesarias. Fuentes del profesorado aseguran que el Rector podría presentar hoy su dimisión. De este modo, explican, el control del calendario electoral quedaría en manos del equipo de gobierno y no de los que piden la dimisión.
La presión a Giró, sin embargo, no se ha dado sólo por la vía institucional. La semana pasada una cincuentena de trabajadores del Personal de Administración y Servicios (PAS) se encerró en el rectorado para protestar contra los despidos. El pasado viernes, trabajadores y estudiantes reunidos en asamblea convocaron una jornada el próximo 25 y se plantean convertirla en una huelga indefinida. El Rector hizo acto de presencia para asegurar que no había alternativa a los despidos. La misma postura thatcheriana que el catedrático de la UPC Albert Corominas criticaba ayer en la primera Tribuna Universitaria.
Las declaraciones de los centros docentes no se limitan a impugnar la gestión del Rector. 14 de los 16 centros se han opuesto a los despidos aprobados por el Consejo de Gobierno. La declaración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona asegura que “no son la solución al grave problema económico que vive nuestra universidad y conllevarán una pérdida de calidad docente y de servicios, así como una mayor carga de trabajo para los sectores del profesorado y del personal de administración y servicios”. Cuatro centros, entre ellos la Facultad de Informática de Barcelona, a la que pertenece el Rector, han sido especialmente contundentes y han acordado “oponerse y no legitimar las medidas de despido de personal por la falta de criterios que la justifican”.
Además, 10 centros han hecho declaraciones específicas pidiendo la retirada de los presupuestos aprobados para 2013. La Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona destaca que el Consejo de Gobierno que lo aprobó estaba en funciones, a la espera de que el Rector convocara el claustro que las urnas habían puesto en su contra. Muchos centros justifican su exigencia en el hecho de que no está consensuado con la comunidad universitaria, ya que los mismos miembros del Consejo de Gobierno no tuvieron acceso a las cuentas hasta dos días antes de la votación.
Los presupuestos se aprobaron bajo la amenaza de un acuerdo con la Generalitat que abría las puertas a la intervención de la universidad. Por ello, nueve centros también han pedido su retirada. La mayoría de estos han declarado que “compromete la pervivencia de la calidad de la actividad universitaria”. La Escuela de Ingeniería de Terrassa y la Facultad de Óptica y Optometría de la misma ciudad añaden que “supone la intervención de facto de la UPC y la consecuente pérdida de autonomía universitaria”.
Especialmente afectada se ve la Facultad de Náutica, que confima sus temores, dado que el traslado de este centro forma parte del acuerdo. El objetivo de la medida es, según denuncian, “explotar económicamente sus sedes únicamente para reducir la deuda actual de la UPC”.
Los trabajadores encaran una huelga de cuatro días
La movilización de la comunidad universitaria de la UPC no sólo es institucional, sino que además llevan semanas protestando en la calle, mediante concentraciones, la ocupación del rectorado por parte de los interinos afectados por los despidos, o asambleas en los campus. Del último encuentro abierto entre profesores y estudiantes de la universidad salió la propuesta de caminar hacia una huelga indefinida, y este lunes los sindicatos detallaron cómo será finalmente el paro: cuatro jornadas seguidas de huelga, los días 25, 26, 29 y 30 de abril (enmedio el fin de semana). El carácter indefinido de la huelga se replanteará a medida que avancen los acontecimientos.
La huelga se presenta como una medida in extremis para forzar la rectificación del Rector, puesto que algunos de los recortes de personal previstos en los presupuestos, el despido de 84 trabajadores interinos del personal de administración y servicios (PAS), se hará efectivo a partir del 1 de mayo.
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